El Gobierno de Kirchner decretó una reforma a la Ley Nacional de Telecomunicaciones que deja en manos privadas y sin control estatal la grabación de los contenidos de todas las comunicaciones durante diez años.
El decreto 1563, sancionado en noviembre del 2004 y que comenzaría a regir a mediados de este año, reglamenta las "condiciones técnicas y de seguridad que deben cumplir los prestadores de los servicios de telefonía fija y móvil y de internet en relación a la captación y derivación de las comunicaciones para su observación remota", por la justicia.
Especialistas locales advirtieron que el decreto cede a presiones de los Estados Unidos, que desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 reforzó el control sobre sus ciudadanos aprovechando el temor por nuevos ataques.
Desde aquel momento, los Estados Unidos comenzaron a presionar para que el resto de los gobiernos del mundo también adopten sus legislaciones hacia una nueva política de seguridad global.
"La administración Kirchner reglamentó el monitoreo colectivo en una forma que asustaría a los mismísimos espías de la administración Bush", explica Beatriz Busaniche, una especialista argentina en temas de Internet, al semanario local "Enfoques Alternativos". Además, el decreto va en contra del artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que asegura que "nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia".
La especialista advirtió que la medida tomada por Kirchner no aclara nada sobre el uso que las empresas privadas pueden hacer con la información de sus usuarios. La situación es más grave todavía, porque el decreto tiene una cláusula de confidencialidad que impide conocer cuáles son los mecanismos que las empresas utilizan para "vigilar" las comunicaciones privadas.