Las fuerzas armadas estadounidenses financian proyectos de investigación, desarrollo, e innovación productiva de científicos argentinos. La información no es secreta y se desprende del portal oficial en Internet de la Oficina Naval de Investigaciones (ONR) de Estados Unidos.
Allí aparecen detallados tres proyectos de investigación científica de instituciones públicas de nuestro país que están siendo financiados por este organismo de investigación y desarrollo militar.
El primero corresponde al área de nanomateriales, precisamente al desarrollo nanotecnológico de sensores, a través de un convenio con el Instituto Balseiro dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Oficina Naval de Investigaciones (ONR) de Estados Unidos y los Laboratorios Nacionales de Investigación (NRL).
El segundo es del área oceanográfica y está destinado al estudio oceanográfico de la plataforma del Río de La Plata. El convenio fue realizado entre instituciones oceanográficas de Argentina (cuyos nombres se desconocen, se presume que podría ser el Servicio de Hidrografía Naval), la ONR de Estados Unidos e instituciones de Brasil y Uruguay.
Este último pertenece al área físico matemática y apunta a la modelación de redes complejas con directa aplicación a la modelación matemática del comportamiento de "redes terroristas". Este convenio, que involucra a la científica marplatense Lidia Braunstein, que recibió apoyo financiero y logístico para llevar a cabo sus actividades científicas en la ciudad de Boston, también se describe en el portal oficial de la marina estadounidense. El mismo sostiene que el aporte de Braunstein posibilitó una substancial mejora en la modelación de los ataques terroristas con relación a la infraestructura y la utilización de armas químicas y biológicas, mediante la utilización de análisis de redes sociales, uso de teoría de grafos y aproximaciones físicos espaciales. Además se informa que próximamente se establecerá un acuerdo entre la ONR de Estados Unidos, la Universidad de Mar del Plata y la Universidad de Boston, para la aplicación de los mencionados resultados.
Al trascender la existencia de estos convenios y la presunción de la presencia de muchos otros casos, además de la detección de grupos de militares estadounidenses (fuerza aérea) recorriendo distintos institutos de investigación buscando científicos argentinos para programas, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación elevó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional.
Los diputados solicitan que se proporcione un listado completo de los proyectos de investigación científica de instituciones que pertenecen al sistema científico-tecnológico nacional o de todas las instituciones contempladas por la Ley 25.467, que se encuentren percibiendo fondos de centros de investigación y desarrollo vinculados a fuerzas armadas de países extranjeros.
Entre las cuestiones a destacar en la resolución se demanda el nombre de todas la instituciones argentinas que hayan percibido alguna suma de dinero; nombres de los científicos involucrados; detalle de los montos en cuestión; copias de los convenios; descripción de los mecanismos de transferencia de los resultados; copia de las publicaciones que dieron lugar al proyecto; listado de la Universidades involucradas en los subsidios y listado de patentes, en caso de existir. Y todo lo concerniente a los mecanismos de regulación, ya que se trata de fondos extra- presupuestarios y proporcionados nada más y nada menos que por organismos extranjeros de origen militar.
En declaraciones a APM, la presidente de la Comisión, la diputada Lilia Puig de Stubrin dijo que "se encuentra dentro de los tiempos parlamentarios, pero su tratamiento fue inmediato ni bien se reunieron las comisiones y no ha habido ningún tipo de observación en contra de los contenidos del proyecto".
La legisladora consideró que "el principal problema es la falta de mecanismos de regulación, la falta de una norma, la que debe ser prioritaria en la agenda parlamentaria. Este es un tema muy delicado, ya que tiene que ver con el modo en que el país articula una política de seguridad, con quién lo hace y con qué visión lo hace. Además, los científicos no pueden tomar ellos decisiones que tienen que ver con la política científica porque en definitiva la misma termina adoptándose por la vía de los hechos al no haber una regulación por parte del Estado".
"El Estado tiene que tomar la decisión si va a compartir o no proyectos de investigación que puedan implicar el desarrollo de armas, incluso que puedan ser utilizadas en contra del propio país, lo cual implica un problema de soberanía y por ello se necesita urgente un mecanismo de regulación. Pareciera que el científico actuara en el marco de una neutralidad que no existe. La despreocupación por lo público, que pareciera ser una constante bastante notoria en el comportamiento de mucha gente en nuestro país, muchas veces hace que se promuevan supuestas buenas causas que en realidad tienen que ver con intereses mezquinos", añadió la diputada.
En el caso de Estados Unidos la finalidad es la Defensa y la Seguridad. Este episodio es un llamado de atención para un país que perdió su Estado durante mucho tiempo, de la dictadura para acá lo que ha habido es una desregulación que a veces se ve más fácilmente en términos sociales.
La situación es alarmante ya que, por un lad, no están presentes los mecanismos de regulación, registro de casos y de control por parte de Estado argentino, tratándose de una cuestión pública, y por el otro, el origen de los fondos y los organismos encargados de detectar e identificar a los grupos de excelencia son la Oficina Naval de Investigaciones (ONR), en concordancia con la Oficina de Investigaciones Científicas de la Fuerza Aérea ( AFOSR) de Estados Unidos.
El objetivo de ese accionar es incrementar el liderazgo de ese país (primera potencia mundial) en el conocimiento del progreso de las actividades de Ciencia y Tecnología en América Latina. Así lo demuestran las cifras, ya que durante los últimos 50 años los presupuestos gubernamentales de Estados Unidos dedicados a las actividades de ciencia , tecnología e innovación militar han superado el 50 por ciento de todos los gastos de investigación y desarrollo en todas las ramas del conocimiento ( National Science Board, "Science and Engineering Indicators").
Con respecto a la fuente de financiamiento de estos proyectos (Departamento de Defensa) vale destacar que poseen una limitación legal que es la vigente Enmienda Mansfiels, la que fuera sancionada en 1970 en el contexto de la guerra de Vietnam, que surge por el cuestionamiento de las universidades estadounidenses y su papel en las investigaciones militares.
Esa Enmienda establece que ninguno de los fondos autorizados podrán ser utilizados para llevar a cabo aquel proyecto de investigación que no tenga un vínculo directo con alguna específica función u operación militar.
El país necesita de manera urgente un debate de cara a la sociedad respecto de una política de Seguridad de Estado, de un marco normativo, de la construcción de una política pública. Este no es un tema menor, es un problema que atañe a la sociedad toda y no está limitado a la comunidad científica solamente. Necesitamos solución prioritaria a nuestros problemas, en lo que se refiere a ciencia aplicada; como por ejemplo el histórico problema del desgaste del suelo por las plantaciones de soja y tantos otros y no inserciones en programas ajenos, máxime si tienen como destino objetivos y operaciones militares, y más aún tratándose de la potencia hegemónica mundial.