El Ministerio de Defensa va a jerarquizar el �rea de Derechos Humanos
Con el objetivo de profundizar valores democr�ticos en las Fuerzas Armadas, la ministra de Defensa se propone impulsar cambios en la Justicia Militar, rever los planes de estudio y reforzar la colaboraci�n con la Justicia en causas por violaciones a los DD.HH. �No hay espacio para el secreto militar�, explican los allegados a Alejandro R�a, quien ser� director de Derechos Humanos.

 El Ministerio de Defensa, a cargo de Nilda Garr� desde hace dos semanas, se propone avanzar en la democratizaci�n de las Fuerzas Armadas. Para eso reforzar� el perfil de la Direcci�n de Derechos Humanos de la cartera, que ide� su antecesor, Jos� Pampuro, y le dar� car�cter institucional. El �rea que quedar� a cargo de Alejandro R�a, quien hasta ahora encabezaba la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, tendr� entre sus objetivos: concretar modificaciones al C�digo de Justicia Militar para que respete todas las garant�as constitucionales, restringir la aplicaci�n de la Justicia Militar para dar lugar a la Justicia ordinaria cuando haya militares acusados de delitos comunes, cambiar los planes de estudio y colaborar en las causas judiciales sobre cr�menes cometidos durante la �ltima dictadura bajo la idea de que �nada puede ser secreto militar�.
 Ayer a la noche Garr� reuni� a los jefes de todas las fuerzas para anunciarles la creaci�n de la Direcci�n de Derechos Humanos y Derecho Humanitario y presentarles, en persona, a R�a, que ser� su titular, seg�n confirmaron a P�gina/12 funcionarios del ministerio. El Gobierno prepara un decreto para darle un rango destacado a la nueva repartici�n dentro de la estructura de Defensa. El tema, hasta el momento, estaba a cargo de la polit�loga Marcela Donad�o, a trav�s de la Secretar�a de Asuntos Militares.
 Hay dos situaciones que son el tel�n de fondo de la pol�tica de acercamiento entre las Fuerzas Armadas y la sociedad que quiere impulsar la ministra en esta segunda etapa del gobierno kirchnerista. Una de ellas es que en marzo se cumplir�n 30 a�os del golpe militar. Otra alude a las obligaciones asumidas por el Estado ante la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos: all� Argentina se comprometi� a derogar el C�digo de Justicia Militar, que data de 1951, y a redise�ar el sistema judicial para los miembros de las Fuerzas Armadas (ver casos aparte). Aunque este acuerdo data de hace casi dos a�os las reglas de las instituciones castrenses a�n no fueron adaptadas a las pr�cticas propias de la democracia. El Gobierno parece predisponerse a evitar una condena internacional.
 Uno de los recaudos que tomar� Defensa en relaci�n a las funciones de la nueva direcci�n es que sus funciones no se superpongan con las de la Secretar�a de Derechos Humanos que dirige Eduardo Luis Duhalde, dentro del Ministerio de Justicia.
 - La transformaci�n de las leyes militares es uno de los grandes temas que encarar� el �rea a cargo de R�a, tal como pudo saber este diario. El ministerio parte de un diagn�stico: �Con el C�digo vigente, los militares no tienen asegurados el derecho de defensa, ni las posibilidades de apelaci�n y otras garant�as indiscutibles para el resto del universo jur�dico establecidas en la Constituci�n y los tratados internacionales de derechos humanos�, explicaron allegados a la cartera.
 Durante la gesti�n de Pampuro fueron presentados tres proyectos de ley: en Diputados ingres� uno de la radical Margarita Stolbizer y en el Senado uno elaborado por el Poder Ejecutivo y otro por la senadora kirchnerista Marita Perceval, que preside la Comisi�n de Defensa. Las propuestas del oficialismo fueron consensuadas con las Fuerzas Armadas y apuntaron a eliminar las sanciones f�sicas, limitar el arresto, estipular las faltas disciplinarias con un modelo que establezca las diferencias claramente de los delitos.
Tambi�n se preve�a que los tribunales de honor puedan estar integrados por un oficial de rango inferior para juzgar a un superior. Los textos en danza tuvieron algunas objeciones de los organismos de derechos humanos, por ejemplo, en relaci�n al alcance de la Justicia Militar. Por eso, lo m�s probable es que R�a se mantenga en la misma l�nea, pero intente un mayor acuerdo de los distintos sectores y no est� descartado que elabore un proyecto alternativo. Incluso podr�a poner en discusi�n la existencia misma de los tribunales militares o, al menos, apostar�a asegurar que s�lo funcionen como fuero de excepci�n. La idea es que los delitos comunes cometidos por militares sean tratados por la Justicia civil y que el fuero militar se limite a las cuestiones disciplinarias propias de las fuerzas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que tiene dos reclamos ante la CIDH, reclama por ejemplo que la Justicia Militar deber�a tener debates orales y p�blicos y estar integrada por militares �ajenos a las funciones propias del servicio�.
 - Otro punto central de las reformas que estar�an en camino es la modificaci�n de los planes de estudio de las Fuerzas Armadas. La tem�tica de los derechos humanos ha sido incorporada parcialmente a la formaci�n, en charlas, materias o cursos aislados, al menos hasta el presente. Tampoco se hizo ni se est� haciendo un an�lisis pormenorizado de los programas de ense�anza del �mbito militar, seg�n inform� el Ministerio de Educaci�n. La intenci�n de aqu� en m�s, dicen en Defensa, es avanzar �en un cambio cultural� y �para que la conciencia sobre estos derechos atraviese toda la educaci�n castrense�.
 - La direcci�n que manejar� R�a intentar�, probablemente, un cambio de pol�tica en relaci�n al papel de Defensa en las causas sobre violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y en las demandas que tramitan ante organismos internacionales. Buscar� tener un papel m�s activo en las investigaciones, hacer los aportes a su alcance y desafiar la l�gica del �secreto militar�. Desde que distintos tribunales anularon las leyes de punto final y obediencia debida hay m�s de 150 militares detenidos, que se sumaron a los que estaban presos por el robo de beb�s hijos de desaparecidos.
 El objetivo es desterrar en forma definitiva una l�gica de funcionamiento institucional que, por un lado, garantiza privilegios ante la ley y, por otro, los aleja de una cultura democr�tica.