Provincia de Buenos Aires: Hacinamiento, abandono, torturas, suicidios inducidos, asesinatos encubiertos...

Durante la dictadura, la Unidad 9 de La Plata concentró la mayor cantidad de presos políticos del país. En ese lugar torturaron, entre tantos otros, al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Pero el trato cruel no es cosa del pasado: el Servicio Penitenciario acumula centenares de denuncias por apremios ilegales en democracia. Hace poco se logró probar, por primera vez judicialmente, un caso de tortura con picana eléctrica en ese penal, ubicado a diez minutos de la Gobernación.

Las penitenciarías bonaerenses están atiborradas de jóvenes marginales y sin condena, regidos por una fuerza militarizada que impone la violencia y el silencio.

9 de mayo de 2005. La noche, como todas, será difícil de pasar: la humedad de las celdas, el escaso abrigo y una mala alimentación arrastrada de meses son a la larga una combinación fatal. Pero cuando los guardiacárceles buscan a Cristian Emanuel López Toledo y a su compañero, con la excusa de un examen psicofísico, ambos intuyen que la noche será mucho más dura aún. Son más de las diez, está oscuro y ya cerraron con llave todos los pabellones. Los dos jóvenes son conducidos al área de Sanidad, uno de los pocos sitios donde no hay cámaras de vigilancia.

Un médico flaco le pide a Cristian que se desnude. Con la orden a medio cumplir, irrumpen varias personas vestidas de celeste, azul y negro; sus rostros cubiertos con pasamontañas y gorros con visera. Lo tiran al piso y lo muelen a golpes.

– Así que a vos te gusta denunciar, hijo de puta.

Luego lo acuestan y lo atan con alambres.

– Esto te va a sacar las ganas de hablar, intimida uno de los que viste el uniforme de la División Traslados, mientras le aplican una picana eléctrica en los pies.

– Callate la boca y entendé que con nosotros no se jode. No creas que saliendo de acá te vas a salvar. A dónde vayas, vas a vivir cobrando. Acá levantamos el teléfono y en la otra punta de la Provincia hay alguien que te va a estar esperando. En el Servicio somos una familia muy grande...

Desde una celda contigua, su compañero grita y pide por él. Los verdugos se burlan.

Cuando llega la medianoche, Cristian apenas puede moverse.

Las cárceles de la miseria

"Es un hijo de una familia golpeada por la pobreza, de los tantos que hay en Argentina. Tuvo que bancar a su familia y al hijo de su hermana, que estaba desnutrido...", cuenta el coordinador del Comité contra la Tortura, Alejandro Mosquera, sobre Cristian, quien cumplió 26 años dos semanas después de la noche que lo picanearon y es, en muchos aspectos, el prototipo del preso actual: joven y pobre, está allí por un delito menor, no tiene condena firme y ha sido vejado hasta el cansancio.

Las cárceles bonaerenses acopian actualmente 25.000 personas, a las que se suman 5.000 detenidas en comisarías. El director provincial de Población Carcelaria, Juan Scatolini, admite que "ya no alojan a los ´desviados de la norma´, sino a jóvenes muy jóvenes, analfabetos o semianalfabetos; es decir, a los excluidos del sistema". Según un informe de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de la Provincia publicado este año, el 61% tiene entre 18 y 30 años. Y el 68% está privado de su libertad por delitos o tentativas de robo o hurto.

"Tenemos un sistema penal clasista, selectivo, arbitrario, que sólo apunta a un segmento de la sociedad", asegura Mosquera: "los delincuentes que vaciaron el país, que vendieron el patrimonio nacional, que cometieron los grandes fraudes, no están en las cárceles ni son juzgados".

El agravamiento de la situación respecto a tres décadas atrás no es fortuito. Las políticas neoliberales son las que han superpoblado a las prisiones de "parias urbanos", tal como analiza el sociólogo francés Loic Waquant en su libro Las cárceles de la miseria. La desaparición del Estado organizador de la economía, la reducción del Estado social y el fortalecimiento de un "Estado penal" son parte de un mismo proceso: en definitiva, se ha pasado de una gestión social, paliativa o asistencial de la pobreza a una gestión punitiva, donde cada vez hay más presos y menos derechos.

En estos pagos, la criminalización de la pobreza se acentuó desde 1999, cuando asumió como gobernador Carlos Ruckauf enarbolando la propuesta de "que los delincuentes se pudran en la cárcel". Desde ese año, la Legislatura bonaerense sancionó 15 reformas al Código Procesal Penal para alargar las penas y negar excarcelaciones.

El resultado fue explosivo: mientras en 2000 había 17.567 personas privadas de su libertad en cárceles y comisarías bonaerenses, en noviembre de 2004 el número ascendía a 31.258. Además, el 85% sólo está procesado (es decir, sin sentencia firme) y un 75% ni siquiera ha recibido una condena de primera instancia. Como la tendencia muestra que en el 30% de estos casos se dictaminan absoluciones o sobreseimientos, habría más de 6000 personas inocentes sobreviviendo un contexto insalubre y violento que no deben soportar ni siquiera las culpables.

"La reforma de las leyes penales ha sido nefasta y es la causa fundamental de la superpoblación. Acá no hay otra solución que reformar rápidamente el código procesal penal y volver a las condiciones de excarcelación anteriores a la reforma de Ruckauf", dice el actual ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian.

La vida no vale nada

El hacinamiento en las penitenciarías es alarmante. Aún los cálculos encubridores, que sólo relacionan la cantidad de presos con la de colchones, obtienen un diagnóstico de superpoblación: hay 25.000 personas para poco más de 21.000 colchones. Sin embargo, esa cifra no expresa la capacidad de las cárceles, pues muchas veces se agregan colchones en las celdas sin adecuar la ventilación, los baños, la cocina o los talleres de trabajo. En una medición realista, acorde a los criterios de las Naciones Unidas, la capacidad de las prisiones existentes ronda las 16.000 plazas.

La edificación de nuevas cárceles, publicitada como una solución al problema, no cubre el incremento diario de prisioneros: "sirvió para absorber mayor cantidad de gente detenida, en lugar de alivianar la situación de quienes ya estaban en el sistema", concluye Carolina Brandana, directora de Protección de los Derechos Humanos de la SDH.

Además, el hacinamiento "es apenas una de las aristas de una situación que se revela mucho más grave y que se manifiesta mediante el deterioro edilicio, la humedad de las paredes, los baños colapsados, la falta de colchones, la ausencia de luz natural y artificial, la falta de ventilación, o el agua que fluye de los caños rotos para inundar pasillos y celdas", expresa un exhaustivo informe titulado El sistema de la crueldad, publicado en 2004 por la Comisión por la Memoria que integran Adolfo Pérez Esquivel, Martha Pelloni y Carlos Cajade, entre otros.

Esas condiciones infrahumanas, que se repiten en cada penal, presentaba el pabellón 6 de la Unidad 28 de Magdalena cuando la recorrió un equipo del Comité contra la Tortura: "se encuentra casi completamente inundado, lo que provoca que el agua ingrese en las celdas", en algunas de las cuales "hay tres detenidos que deben turnarse para dormir o hacerlo en el suelo. Tocamos varios colchones que al escurrirlos chorreaban agua al igual que las frazadas", dice el pedido de hábeas corpus que presentaron justo el día previo a que, en otro pabellón de ese mismo penal, se dejó morir a más de 30 personas (ver recuadro).

"La situación de la cárcel hace que la vida no valga nada", sintetiza el abogado de ese Comité, Roberto Cipriano: "Es terrible el hambre que hay. El otro día fuimos a ver a un preso que había recibido como once puñaladas de otro, y nos decía que la única razón fue la pelea por un hueso, que venía en una olla de agua caliente que supuestamente era un caldo. La vida es un hueso pelado, digamos... Muchas situaciones violentas tienen que ver con la convivencia, pero están generadas por la desatención y el abandono en que se encuentran inmersos. Y en muchos otros casos son mandados a matar porque denuncian o protestan". Hay presos que cubren su cuerpo con capas de diarios, generando una suerte de escudo contra ataques con facas (cuchillos puntiagudos y filosos de fabricación casera), que según las estadísticas se producen a razón de tres por jornada.

La muerte está a la orden del día. "Y puede considerarse el resultado de una verdadera política de exterminio", asegura un documento reciente de la Comisión por la Memoria. Según el Ministerio de Justicia, en enero y febrero murieron 29 internos bonaerenses por causas traumáticas: 17 muertes por herida de arma blanca, 9 por asfixia y quemadura, 3 por ahorcamiento. A esas muertes día por medio, se suma una semanal relacionada con el SIDA. Y once más por lo que la jerga oficial denomina PCRNT (paro cardiorrespiratorio no traumático), que aparentan ser muertes naturales.

Las torturas y apremios también serían parte de la rutina. Y frente a ello, tal como lamenta Cipriano, "la denuncia es la excepción a la regla... porque tienen que seguir estando, y la experiencia que tienen es que el que insiste con la denuncia termina muriendo". En ese sentido, quien pudo ser visto como un preso tipo en términos sociológicos, resulta una excepción: se atrevió a hablar. Eso explica el calvario de Cristian López Toledo.

Lazos de familia

"Hace tiempo que no puedo caminar un rato por un patio sin sufrir la provocación, la agresión permanente de los guardias, o de otros detenidos que trabajan para el Servicio", asegura Cristian, intentando imaginar cómo sobrevivirá los tres años que le restan privado de su libertad. Su cuerpo está repleto de moretones y cortes a medio cicatrizar. Una quemadura de cigarrillo oculta la última letra de uno de sus nombres, tatuado en su espalda. Se la hicieron agentes de la Unidad 30, en represalia a su actitud crítica hacia el maltrato, en lo que hasta el 9 de mayo fue la peor tortura que había recibido.

Estando en la cárcel de General Alvear, le dijeron que su madre había fallecido y no lo dejarían ir a despedirla. Cristian montó en cólera; pataleó e insultó, y fue suficiente: además de las quemaduras, la tortura incluyó golpes, asfixia y un ahorcamiento del que se salvó por la asistencia de otros presos. Ese día escuchó algo que se repetiría como un eco los meses siguientes:

– Vas a pagar por haber hablado.

Aún así, volvió a hablar. Y pagó: en cada unidad por la que pasó, fue golpeado y enviado a buzones, que son celdas de dos por dos, con piso de tierra y una ventilación escasísima.

El 5 de mayo pudo relatar ese martirio a integrantes de la Comisión por la Memoria. Fue durante una inspección a la Unidad 9, encabezada por Adolfo Pérez Esquivel, que ese mismo día pero en 1977 había entrado allí, detenido por la dictadura. En aquel entonces, la penitenciaría ubicada en 76 entre 10 y 11 concentró la mayor cantidad de presos políticos del país.

La crueldad del sistema ha trastocado el sentido de los espacios: así como el área "sanidad" suele ser la temida sala de torturas, la capilla no es un sitio de confesiones y rezos, sino de denuncias. Allí, los miembros de la Comisión y los abogados de su Comité contra la Tortura se entrevistaron con casi cien presos. Allí, Cristian contó lo suyo. Lo que sucedió cuatro días después fue la represalia, con más saña que nunca.

El sistema de la crueldad

Quienes reciben en forma cotidiana las denuncias de los presos bonaerenses, temen perder la capacidad de asombro. Son centenares por año. Son verosímiles, logren o no la prueba jurídica. Y son atroces.

Los golpean con palos, gomas, culatazos, puñetazos y patadas. Les dan largas duchas heladas. Los someten sexualmente. Los meten de cabeza en el agua o los ahogan en el "submarino seco" (bolsa de polietileno). O les pasan corriente eléctrica por partes sensibles del cuerpo; un método cuyo invento se atribuye a un policía argentino de los años treinta, Polo Lugones, quien parece tener varios seguidores entre los penitenciarios del siglo XXI.

Aquel 9 de mayo no fue un caso único. "A mediados de los ´90 se habían comprado elementos aplicadores de electricidad", grafica Brandana. Cuando esa adquisición salió a la luz, recién en 2003, los penitenciaros aseguraron que nunca se habían utilizado; se dictó una resolución prohibiéndolos y se ordenó su destrucción. Sin embargo, entre noviembre de 2003 y marzo de 2004, hubo siete denuncias por uso de picana, que no llegaron a probarse por la tardanza de las pericias.

Más allá del pasaje de electricidad, la tortura es una práctica sistemática y generalizada en cárceles y comisarías. "No son casos aislados como dice el ministro de Justicia, que los adjudica a algún penitenciario loco o descarriado", refuta el fiscal Hugo Cañón, copresidente de la Comisión por la Memoria. El Comité contra la Tortura informó que en el período 2000-2004, se denunciaron unos 3500 hechos "en los que un miembro del Servicio Penitenciario, la policía bonaerense u otras fuerzas de seguridad se encuentra acusado de apremios ilegales, tortura u homicidio". Este registro sólo incluye casos que llegaron al Poder Judicial. Se elabora con información de jueces, fiscales y defensores, que por resolución de la Corte tienen la obligación de remitirla al Comité, aunque sólo la tercera parte lo hizo.

Además, muchos vejámenes no son denunciados. De eso da cuenta otro Banco de Datos, impulsado por el Defensor de Casación Mario Coriolano, quien tuvo la ocurrencia de contabilizar episodios que los defensores conocían bajo secreto profesional: "47 por ciento constituye la llamada ´cifra negra´, de torturas que no se denuncian. Son centenares de hechos, que se conocen a través de manifestaciones de personas no vinculadas entre sí, a lo largo y a lo ancho de la provincia". La magnitud de los casos no declarados desmiente el discurso oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que suele minimizar las denuncias alegando que los presos buscan ser trasladados cerca de sus familias. A esa refutación también contribuye lo ocurrido el 9 de mayo; un caso de tortura que sus perpetradores, cubiertos con pasamontañas, creyeron que quedaría impune.