Paulo Braga
La Jornada

Tras obtener un importante triunfo en los comicios del 23 de octubre, el presidente argentino, Néstor Kirchner, encara una larga lista de problemas económicos que han sido postergados por las necesidades políticas del gobierno, consideradas más urgentes.
En la disputa electoral, los argentinos votaron para renovar un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados, además de designar intendentes y representantes en algunos parlamentos regionales. Los candidatos identificados con el oficialismo obtuvieron, a escala nacional, poco más de 40 por ciento de los votos, lo que se considera una victoria.
El mayor triunfo fue en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país. Allí, la esposa del presidente, Cristina Fernández de Kirchner, recibió 46 por ciento de los votos para senadora, encabezando la lista de los candidatos del gobierno, mientras los identificados con el ex presidente Eduardo Duhalde, principal adversario del mandatario en el peronismo, obtuvieron 19.7 por ciento.
Con el resultado general, Kirchner contará a partir del 10 de diciembre con el bloque legislativo más grande, con casi 110 diputados. El contingente no alcanza para garantizarle una mayoría automática, pero le da condiciones para la aprobación de iniciativas del Ejecutivo mediante alianzas hasta lograr la mayoría de 129 legisladores. En el Senado, el oficialismo no tendrá dificultades para conseguir el apoyo de la mitad más uno de los 72 representantes.
Con un horizonte político un poco más despejado, desde ahora Kirchner deberá encarar una presión creciente de los sectores excluidos de la mejoría económica de los últimos dos años, luego del derrumbe de 2002. Los sueldos pagados a los trabajadores del sector privado contratados de modo formal son los únicos que han recuperado su poder adquisitivo, que hoy supera levemente valores de la época de la convertibilidad, cuando el país mantenía su moneda atada al dólar. En contraste, creció la proporción de trabajadores en negro (en la economía informal), cuyos salarios se han depreciado como los que reciben los empleados públicos.
El problema que genera más preocupación y ha quitado el sueño a Kirchner, como él ha dicho, es la inflación. Otros tienen que ver con la necesidad de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la urgencia de aumentar las inversiones para evitar que surjan cuellos de botella que afecten la actividad de varios sectores productivos.
Con el alza de precios como centro de la atención pública, los analistas prevén que, a partir de ahora, el gobierno adoptará una política económica más conservadora, lo que podría significar que los reclamos por mejoras salariales no serán en gran parte atendidos para evitar que suba más la inflación, que este año puede rebasar 11 por ciento.
Pero justamente los pronósticos de mayor inflación estimulan a los sindicatos a incrementar las presiones por aumentos salariales. "Entre fines de este año y principios del siguiente vencen convenios colectivos importantes", recuerda el sociólogo Ernesto Kritz, especialista en relaciones laborales; entre ellos están los de empleados bancarios, de la construcción y de varios sectores industriales. Según Kritz, el año pasado los convenios se firmaron en el marco de una baja inflación, lo que hace prever "fuertes reclamos por aumentos".
Kritz dijo que las mejoras salariales registradas hasta ahora permitieron que el ingreso de los empleados del sector formal se recuperara, y en algunos casos los aumentos superaron la inflación observada desde principios de 2002. Pero los sueldos en el sector público y los ingresos de los trabajadores en negro están 25 por ciento por debajo de los niveles previos a la devaluación.
El economista Miguel Angel Broda afirma que hoy la capacidad ociosa productiva, muy alta en el inicio de la recuperación económica y que ha permitido una expansión del consumo con poca presión inflacionaria, "prácticamente desapareció". "No se pueden seguir manteniendo las políticas (monetaria, fiscal y de ingresos) de tipo expansivo que se aplicaron hasta ahora, porque pueden propiciar desestabilización, causando mayores presiones inflacionarias", argumentó Broda en un artículo en el diario porteño La Nación. El economista ve meritos en la política de aumento de la demanda alentada desde el principio de la administración Kirchner, en mayo de 2003, pero advierte que ahora es necesario cambiar el rumbo.
La devaluación permitió que Argentina cambiara el panorama de sus cuentas públicas, de la sucesión de déficit en los años 1990, a un considerable superávit, pero los gastos crecieron en el periodo prelectoral. Otro factor de incremento de la demanda es que el banco central argentino recién ha adoptado una política monetaria expansiva para mantener el dólar entre 2.90 y tres pesos, ignorando las advertencias de que ello empeora el problema inflacionario.
Para evitar una mayor aceleración de los precios, los analistas recomiendan que el gobierno permita una valorización del peso, inyectando menos dinero en la economía con un menor grado de intervención en el mercado cambiario y, a la vez, alentando la competencia de los productos importados con los similares de origen nacional. Según esa visión, es necesario detener el componente monetario de la inflación que se sumaría a otro que es casi ineludible, pues es muy probable que el gobierno deba permitir una actualización de las tarifas de los servicios públicos para los consumidores residenciales, ya que están congeladas desde hace casi cuatro años.
Pero Néstor Kirchner ha caracterizado su gestión con una actitud de enfrentamiento; no se sabe qué efecto tendrá en su gobierno el mayor poder obtenido en las elecciones. No se descarta que la opción de las autoridades sea seguir responsabilizando a los empresarios por los aumentos de precios y amenazar con aplicar controles, además de postergar los incrementos de las tarifas congeladas.
Javier González Fraga, ex presidente del banco central, afirmó que esta actitud tendría un efecto desastroso, alejando las inversiones necesarias para que el país eleve su producción y supere los cuellos de botella. "Esta respuesta agravará la ya importante incertidumbre del sector energético, ocasionando mayores demoras en las inversiones de los sectores productores de materias primas industriales, lo que aumenta las presiones sobre los precios", escribió en un artículo publicado en el matutino El Cronista. La raíz del temor es también política, pues el presidente podría intentar mantener un clima de confrontación con vistas a impulsar un hipotético proyecto relectoral