El 15 de julio de 2003 el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, en representación de un Estado cada vez más caracterizado por un terrorismo sin precedentes, dio inicio al "Acuerdo de Santa Fe de Ralito", supuestamente para contribuir a la paz de Colombia.

En dicho acuerdo, el gobierno colombiano comenzó a materializar la legitimación e institucionalización del engendro paramilitar, que a juicio de ellos – creadores y encubridores- contribuirá "al logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de las armas en manos del Estado".

Es evidente, que este re-encuentro público del terrorismo de Estado, señala la culminación de una fase relacionada con la estrategia contrainsurgente, que tanta sangre de compatriotas ha significado, para dar inicio ahora a la consolidación de este plan macabro de insertarlos legalmente en todos los ámbitos de la vida nacional.

Sin lugar a dudas, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, junto a las expresiones del poder oligárquico y terrateniente, y claro, con la asesoría siempre oportuna del gobierno de los EE.UU., se ha percatado de los grandes frutos que arrojó la violencia para-estatal, motivo por el cual, hoy determinan ocupar los territorios de mayores riquezas estratégicas, para desarrollar planes macroeconómicos que les favorezcan.

Es horrorosa la manera como viene dándosele rienda suelta a la impunidad. Ahora se pretende, con el mayor descaro, ocultar los cientos de masacres, miles de asesinatos selectivos, las desapariciones, las torturas hechas con las motosierras, con sopletes, el lanzamiento de personas a las piscinas para que fueran devoradas por cocodrilos, etc., ordenadas por capos del narcotráfico con Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza a la cabeza, quienes figuran entre otros, como negociadores por parte de los paramilitares.

Y qué decir de los millones de desplazados internos y los cientos de personas en el exilio, lanzados por el terror que el Estado y sus agentes siguen diseñando. Los miles de trabajadores y dirigentes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales, aniquilados para después imponer a los que quedan vivos el modelo neoliberal y sus privatizaciones, como otra manera de ejercicio de violencia y terrorismo.

El mundo no sale del asombro al ver cómo el Estado colombiano le abre las puertas al imperio del delito, para que desde los estrados del Congreso los narcotraficantes Mancuso y Ernesto Báez, busquen lavar su imagen, después de los cientos de crímenes de lesa humanidad que han cometido.

El Estado colombiano en manos de Uribe Vélez, acoge en sus brazos a los diferentes padrinos de la mafia nacional, reclutados para defender la narcodemocracia. Por eso, al unísono corean a los cuatro vientos que "la hora de la paz ha llegado para Colombia".

Por eso haciendo alarde de su paz, han utilizado el fraude y la amenaza para tomarse por la vía de hecho las Instituciones de la República , como el senado, del cual afirman tienen una presencia del 35%. Igual sucede en muchas gobernaciones, alcaldías y universidades del país, fundamentalmente en la costa norte de Colombia, donde son ellos los que legislan y ponen los funcionarios.

De ahí, que el presidente Álvaro Uribe dependa de los paramilitares para concretar su obsesión de reelección. Los paramilitares tienen los votos en el Congreso para permitir la reforma constitucional. Ellos dominan a través del terror y del fraude un millón y medio de votos en Colombia.

De esto, también dio testimonio el mismo Ernesto Báez en su "visita" al Congreso el pasado 29 de julio del año en curso, cuando manifestó que entre los años de 1980 y 1996, "la influencia del narcotráfico fue de aproximadamente 38 mil millones de dólares que, además de financiar la guerra, también se financió la democracia, el fútbol, la contrarreforma agraria, los reinados de belleza etc. etc.".

Otra prueba irrefutable de la corrupción y el miedo que corroen las instituciones estatales. Ya son innumerables las evidencias, denuncias y protestas ante esta realidad.

Hoy recogemos el sentir nacional de una patria herida y ávida de justicia.

Este espectáculo de la negociación con los narco–paramilitares no podrá seguir agigantando la impunidad. Las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas tienen que culminar para castigar el genocidio que viene ocurriendo en nuestro país.

El pueblo y la comunidad internacional vienen exigiendo el respeto y el derecho a la memoria, la verdad, la oposición, la justicia y la reparación integral.

Llamamos al pueblo colombiano a que una vez más empuñe la bandera del derecho a la vida y exija al gobierno colombiano que responda por la suerte de los miles de desaparecidos y el castigo para los crímenes de lesa humanidad que el propio Estado autorizó, que devuelvan las tierras y propiedades que fueron arrebatadas a los campesinos.

Sólo con la organización construida desde la unidad, el pueblo podrá ganarle a la impunidad que desde Santa Fe de Ralito, pretenden imponer los señores Álvaro Uribe Vélez, en representación del Estado y Salvatore Mancuso, en representación de los grandes capos del narcotráfico y del paramilitarismo.

Dos personajes que se encuentran detrás de la máscara de la negociación, tan sólo para repartir el botín de tanta riqueza que es patrimonio de todos y la forjada por los trabajadores colombianos.

La nación y el mundo merecen la VERDAD y ella solo saldrá a la luz, si nuestro pueblo decide revelarla por encima del miedo. Solo con la fuerza de la razón y del coraje liberador podremos arrancar para siempre la mentira y la impunidad que hoy quieren legitimar.