La justicia uruguaya ya está tramitando el pedido de extradición enviado por su par chilena de los tres oficiales del ejército uruguayo acusados de complicidad en el "Caso Berríos." A pesar de las evasivas y los silencios oficiales, el pedido de extradición de los coroneles TOMÁS CASELLA, EDUARDO RADAELLI y WELLINGTON SARLI fue cursado a la Suprema Corte de Justicia el pasado jueves 15, la que al día siguiente se lo remitió al juez de turno, Gustavo Mirabal.
Los tres requeridos estuvieron implicados de una u otra manera en el secuestro, desaparición y muerte del bioquímico y agente secreto pinochetista Eugenio Berríos, ocurrido en nuestro país en 1992. Berríos fue sacado clandestinamente de Chile en octubre de 1991 para evitar que declarara ante la justicia de ese país en la investigación del asesinato en Washington D.C. del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier. Tras pasar por Argentina, el 12 de ese mismo mes ya estaba instalado en Montevideo, bajo custodia conjunta de militares chilenos y uruguayos. Aquí vivió clandestinamente durante un año, pero el 12 de octubre de 1992, realizó una llamada que le resultaría fatal. En efecto, ese día Berríos llamó a la embajada embajada chilena en Montevideo, solicitando un salvoconducto para volver a Chile y declarar ante la justicia, ya que no soportaba más la vida que estaba llevando.
Luego de que la persona con quién habló en la representación chilena comunicara la novedad a sus custodios, Berríos fue recluído en la casa de playa del coronel Eduardo Radaelli en el balneario Parque del Plata, cercano a Montevideo. Tres días después el conflictuado agente pinochetista logró escaparse de sus custodios y se presentó en la comisaría del balneario, denunciando estar siendo secuestrado por militares chilenos y uruguayos y correr riesgo de vida. Mientras los policías tomaban su denuncia, la comisaría se vió rodeada de vehículos militares, de uno de los cuales descendió el coronel Tomás Casella y reclamó a Berríos, alegando que era un amigo suyo y "estaba mal de la cabeza.
Tras varias idas y venidas, Casella se fue con Berríos y la denuncia fue anulada. El 24 de marzo de 1993, el general Augusto Pinochet visitó Uruguay, y Tomás Casella fungió como su edecán, acompañándolo en su periplo por Montevideo, Piriápolis y Punta del Este. El 14 de abril de 1995 se encontró un cadaver semi enterrado en las dunas del balneario El Pinar, el juez sobre el cual recayó la investigación sospechó que podría tratarse del cadáver de Berríos y ordenó un estudio antropométrico que confirmó sus sospechas, al igual que lo haría luego un estudio de ADN. Sin embargo, a casi diez años de iniciado, el caso fue pasando de juez en juez, todavía se encuentra en la etapa pre-sumarial, y la justicia uruguaya no ha encontrado ningún sospechoso.
Por el contrario, la justicia chilena sí fue capaz de avanzar en la resolución del crimen a pesar de que nunca pudo contar con la colaboración de su par uruguaya, que le negó reiterados pedidos de compartir información basándose precisamente en el secreto del presumario. Hoy día, los asesinos de Berríos están presos en Chile, y la justicia de ese país ha solicitado la extradición de sus cómplices uruguayos. Como se pudo determinar en la investigación efectuada en Santiago, los tres oficiales del ejército uruguayo, tuvieron activa participación en mantener a Berríos secuestrado, y además -por lo menos- facilitaron las condiciones para el crimen. A la justicia uruguaya sólo la dejaron citarlos como "testigos.
Según informa hoy el semanario "Búsqueda," el juez Mirabal -antes que nada- deberá determinar si la asociación ilícita de la que la justicia chilena acusa a Casella, Radaelli y Sarli, "se cometió en Chile o si se concretó en Uruguay." La contestación que Mirabal encuentre para esta pregunta es determinante, pues si el juez concluye en que la asociación entre los militares chilenos y los uruguayos se realizó en nuestro país, ello determinaría que la extradición no corresponde. Tomando en cuenta que ninguno de los gobiernos uruguayos posteriores a la dictadura ha accedido nunca a algún pedido de extradición de sus militares violadores de los derechos humanos, y conociendo el largo historial de omisiones de la "tutelada" justicia uruguaya, la respuesta a este pedido parece obvia.