En medio de todo está el Fondo Monetario Internacional (FMI), con sus sempiternas exigencias, o de lo contrario da la espalda a quienes desean gozar de sus 'beneficios' crediticios.
Ya el Congreso rechazó recientemente tomar en cuenta un añejo proyecto, presentado por los socialcristianos, para reformar la Ley de Hidrocarburos, con una mayoría opuesta a la entrega de los campos operados por la empresa pública PETROECUADOR.
La contraofensiva de la administración de Lucio Gutiérrez no se hizo esperar, pues inmediatamente presentó su propia propuesta, esta vez con el carácter de económica urgente, lo cual hace apurarse a los diputados.
Estos tienen un plazo de 30 días para analizar el texto. De lo contrario entraría en vigencia por el denominado ministerio de la ley.
Por esa razón el titular del Parlamento, Guillermo Landázuri, piensa en posponer el inicio del período vacacional señalado para el 6 de julio, dar tiempo para tomar una decisión y evitar la oficialización automática de la propuesta.
Ese proyecto, de tres 'considerandos' y otros tantos artículos, apuntala los contratos de asociación con compañías privadas en las áreas de PETROECUADOR, con una participación favorable al Estado de apenas el 35 por ciento de la nueva extracción.
Los bloques socialcristiano -mayoritario en ese órgano de 100 curules-, oficialista de Sociedad Patriótica, roldosista y legisladores independientes, entre otros, lo apoyan.
Mientras, los socialdemócratas de Izquierda Democrática (ID), indígenas de Pachakutik e izquierdistas del Movimiento Democrático Popular encabezan la lista de los opuestos.
Esas bancadas alegan que el plan es inconstitucional y destacan la inconveniencia de entregar los campos estatales en producción mediante un proceso de licitación, el cual el Ejecutivo ya anunció para dentro de dos meses.
La ID, por ejemplo, reiteró su postura de tratar de impedir que las entidades transnacionales logren mayores beneficios de los ya fijados.
Argumentan los antagonistas que esas áreas -Sasha, Shushufindi, Yulebra-Culebra y Lago Agrio- tienen reservas de crudo probadas de 904 millones de barriles y no requieren inversiones cuantiosas fuera de PETROECUADOR.
Por ello plantean la probabilidad de crear un grupo parlamentario encargado de idear una eventual reforma a los preceptos de la empresa pública petrolera.
De tal manera, esa entidad saldría fortalecida técnica y económicamente y podría encargarse de rehabilitar los campos bajo su administración en la Amazonia.
Allí, según los cálculos revelados por el Ministerio de Energía y Minas, es indispensable un capital mínimo de mil millones de dólares en su mejoramiento.
Pero a pocos convence la urgencia de la administración de Gutiérrez por incrementar la producción de crudo con los beneficios que traerá ese proyecto de cambios a la Ley de Hidrocarburos.
Y es que el gobierno está presionado por condicionamientos del FMI que apuntan a la privatización del petróleo ecuatoriano.
Ese organismo prestamista incluye tal exigencia en sus negociaciones con las autoridades de Quito para la eventual concesión de un crédito de contingencia por 121 millones de dólares, que eventualmente tape la brecha del déficit fiscal del país.
Convencido de la aprobación en el Congreso de esos cambios, el gobierno anunció ya la determinación de convocar en dos meses a una nueva licitación petrolera.
Las áreas pasaron por un proceso similar durante largo tiempo, pero nunca concluyó como esperaba el Ejecutivo.
En primera instancia podrían incluirse sólo Shushufindi y Auca para monitorear el interés de los inversionistas y, de acuerdo con los resultados, serían convocados los restantes.
La Dirección Nacional de Hidrocarburos será la encargada de determinar la curva base (promedio histórico de producción sobre el cual se medirá la participación privada y del Estado) para las negociaciones de las cuatro áreas.
Para ello usará un software que procesará los datos de las reservas probadas, la simulación matemática y estudios de yacimientos.
Las empresas ganadoras de la licitación correspondiente tendrán una amplia participación en la producción de crudo y, por ende, buenas ganancias.
Para los expertos, el perjuicio sería mucho, pues el petróleo es el principal renglón de exportación y los fondos obtenidos por esas ventas financian alrededor del 40 por ciento del presupuesto nacional.
Ello no parece preocupar a las autoridades, inmersas más en la captación de recursos para el pago de sus deudas a los acreedores externos que en, como dicen los opositores, buscar lo realmente conveniente para los ecuatorianos.