Con el comienzo formal de la negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia, el jueves pasado, esta administración se juega su apuesta más arriesgada y el Presidente, una de las cartas más aventuradas de su carrera.
No es exageración. Si resulta -y todos queremos que así sea- se desactivaría uno de los peores bandos de la guerra generadores de violencia. Lo único igualmente benéfico sería la desmovilización del otro, la guerrilla. Pero si este proceso queda mal hecho, o si no resulta, si van pasando semanas y meses sin avances tangibles, o se le convierte al Presidente en un Caguán al revés, puede peligrar hasta la posibilidad de su reelección.
Esta es la apuesta. Y la lista de retos y dificultades es tan nutrida como compleja.
Las partes llegan a la mesa con posiciones muy distantes. El primer forcejeo será la agenda: mientras el Gobierno insiste en que ya hay una, acordada en el documento de constitución de la zona, Salvatore Mancuso propuso otra, 'política', de cinco puntos. Una ley de justicia y reparación -que incluye cárcel- está en trámite; los 'paras' han dicho que no piensan pasar ni un minuto entre rejas. De un lado dicen no a la extradición; del otro, se afirma que de ella ni se hablará en la mesa, mientras Washington llama una y otra vez a los 'paras' 'narcoterroristas' y extraditables. Las víctimas y el país esperan verdad, justicia y reparación; varios jefes de las Auc insisten en que ellos y sus hombres también son víctimas.
Las reuniones empezarán por clarificar si lo que debe verificarse es un alto el fuego o un cese de hostilidades. Diferencia nada semántica. Para los 'paras', solo contempla suspender acciones contra civiles, pero no contra la guerrilla ni 'guerrilleros de civil', que ellos mismos deciden quiénes son.
El país y el mundo esperan la suspensión de toda actividad paramilitar de guerra, es decir, matanzas, asesinatos, desapariciones, secuestros, amenazas y muchas otras. Como planteó el Comisionado, cese total de hostilidades. Que las Auc han violado sistemáticamente. Y que una misión de la OEA con magros recursos y escaso apoyo internacional debe ingeniarse cómo verificar.
Treinta y seis comandantes concentrados ya es un sustancial avance. Pero, aparte sus 400 escoltas, otros 12 mil 'paras' siguen haciendo de las suyas por todo el país. Al parecer, su intención es concentrar ahora a los lisiados, unos 600, y a 200 o 300 miembros del Bloque Capital. Muy poco. Y el problema de fondo, como se ha planteado, es que, sin concentración, la verificación es tarea de Sísifo. El Gobierno está ante el reto de reemplazar a los 'paras' como fuente de seguridad en las regiones. A qué ritmo lo haga marcará el de las concentraciones, han dicho las Auc. Y en este terreno, el proceso debe arrojar resultados rápidos, so pena de 'caguanización'.
Se negocia no solo con paramilitares vinculados al narcotráfico: en Santa Fe hay reputados narcos 'puros' (ver informe en esta edición). Esta confirmación, a primera vista explosiva, podría, paradójicamente, contribuir a su claridad. Las Auc tienen una buena dosis de narcotráfico -variable, según los grupos y los jefes-. Por ello, romper todo vínculo con el narcotráfico, colaborar en la eliminación de cultivos y entregar rutas serán sin duda temas centrales. Pero, a la vez, el proceso debe decantar pronto quiénes son los 'narcos' que intentan pasar de agache con franquicia de autodefensa y, como mínimo, someterlos a un riguroso tratamiento diferenciado. Las Auc deben identificar plenamente a sus 36 hombres. Y deberían ser las primeras interesadas en entender que cargar con el lastre de ciertos compañeros de viaje solo les va a complicar la negociación.
¿Y verdad, justicia y reparación? Las víctimas, buena parte de la sociedad colombiana y la comunidad internacional llaman, con toda justicia, a que el proceso no permita la impunidad ni deje en el olvido a los responsables. La negociación debe determinar la dosis de verdad, castigo y reparación que los 'paras', las víctimas y el país tienen, en su momento, que aceptar como necesaria. El rol de la sociedad civil es, pues, clave. Ella y el mundo estarán pendientes de cuál sea la 'justa medida', cuál acepten los 'paras' o qué tanto ceda el Gobierno en aras de un acuerdo.
Y, para rematar, el Gobierno tiene el inmenso reto de llenar la silla vacía de este proceso: la de la comunidad internacional. El aura siniestra de los 'paras', las violaciones del cese de hostilidades y reservas frente a la negociación mantienen a distancia a la ONU y la Unión Europea. Eso sin hablar del papel clave -que ya cumplen tras bambalinas y, a veces, en pleno escenario- de los Estados Unidos, uno solo de cuyos jueces puede dar al traste con un acuerdo. Lograr la participación internacional es mucho más que financiar la verificación o la reinserción. Es la única garantía de que este proceso no termine, arruinado en Colombia, en la Corte Penal Internacional.
Un proceso bien hecho, como pidió la ONU, no solo debe desmovilizar y reinsertar a miles de violadores de derechos humanos, castigar con justicia, esclarecer y reparar. Y encontrar, además, una fórmula para el narcotráfico.
Adicionalmente, debe poner fin al paramilitarismo como mecanismo de guerra y control territorial y social, sacar a la luz sus apoyos e impedir que el anunciado "movimiento político de masas" de Mancuso pueda implantarse y avanzar con base en el miedo.
Lograrlo será inenarrablemente difícil. A favor juega que los paramilitares saben que esta es la única oportunidad de su vida para una negociación. En contra, además de lo ya mencionado, que el Gobierno, presionado por las demandas de una eventual reelección, disponga de un margen muy reducido de maniobra.
En todo caso, desde el primero de julio, la suerte está echada. En lo que más coincidieron Mancuso y el Comisionado en sus discursos fue en encomendarse a Dios. Mucho más que eso les hará falta. A ellos y a todos los colombianos