La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) instruyó el asalto de los recintos de votación y la quema de ánforas en el referéndum del 18 de julio, organizado por el gobierno boliviano para legalizar el control y dominio que tienen las transnacionales sobre el gas y el petróleo.

"Si el Presidente de la República no cambia las preguntas del referéndum, los campesinos del altiplano quemarán las ánforas", advirtió el "Mallku" Felipe Quispe, que demanda al igual que la Central Obrera Boliviana (COB) la nacionalización de los hidrocarburos y la expulsión de las compañías extranjeras.
"Estamos esperando que (el presidente) Carlos Mesa cambie las preguntas del referéndum. Tiene que preguntar sobre la nacionalización de los hidrocarburos", dijo al desahuciar la actual consulta porque no responde a las demandas del pueblo que luchó en octubre para derrocar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
"Lo que están orientando a través de los medios es una mamada, es la mamada del siglo. Si es que no cambia hasta mediados de julio las preguntas, nosotros vamos a optar por nuestro boicot (...) Seguramente en algunos lugares las ánforas van a arder, va a atiborrar el fuego porque no son preguntas nuestras y tampoco podemos responder a ese tipo de preguntas capciosas", dijo.
Por la naturaleza de sus cinco preguntas, el actual referéndum de Mesa ha sido calificado por los sindicalistas del campo y de las ciudades como "tramparendum", una consulta tramposa y engañosa porque no incluye la nacionalización y más bien plantea una recuperación formal de la propiedad de los hidrocarburos, dejando la propiedad real y efectiva en manos de las transnacionales, por los menos por los siguientes 32 años.
Independientemente de que gane el SI o triunfe el No en el "tramparendum", las reservas de más de 50 trillones de pies cúbicos de gas y más de 480 millones de barriles de petróleo, valorados en algo más de 100 mil millones de dólares, seguirán en poder de las transnacionales. Sea cual sea el resultado del "tramparendum" esta ingente riqueza seguirá en manos de las transnacionales como Repsol, British Gas, Maxus, Petrobras, Pluspetrol, Total, Vintage, Canadian, Enron y Shell.
Y esto es precisamente lo que quiere el presidente Mesa y sus aliados, y lo que no quieren los sindicatos y organizaciones sociales y populares.
"El Movimiento Indígena Pachakuti está instruyendo quemar las ánforas porque yo sé que (Mesa) no va a cambiar", aseguró Quispe.
Otros que manifestaron su rechazo al "tramparendum" fueron los pueblos y etnias originarias del oriente, que exigieron la modificación de las preguntas y su reemplazo por el de la nacionalización.
En las ciudades, la demanda por la nacionalización también va en aumento. En Cochabamba, El Alto, Potosí y Oruro aumentaba rápidamente la adhesión ciudadana a la campaña promovida por la COB y la Coordinadora de Defensa del Gas que pretenden obtener un millón de firmas de apoyo a la nacionalización. En los primeros días de la campaña se había logrado sobrepasar las 25 mil firmas de adhesión, según el recuento parcial dado a conocer por Oscar Olivera, uno de los responsables de la campaña en Cochabamba.
Precisamente en esta ciudad, una reunión entre autoridades de gobierno y miembros de la Coordinadora terminó hoy en insultos y agresiones verbales. La delegación oficial, que intentaba persuadir a los sindicalistas para que apoyen la consulta de Mesa, fue abucheada y cuestionado. En la reunión también participaron campesinos e indígenas que marchan desde el Chaco hacia La Paz, exigiendo la anulación de los contratos que tienen las transnacionales. Ellos se sumaron a los gritos e insultos contra las autoridades.
Mientras tanto, en la ciudad de La Paz, Wilma Plata, dirigente del magisterio urbano, uno de los gremios más radicales y fuertes, convocó a la población a boicotear el referéndum de Mesa, ya sea votando nulo o pifiado el 18 de julio o impidiendo la instalación de las mesas de sufragio.
En las próximas horas, un ampliado de la COB definirá las acciones específicas que ejecutarán los trabajadores y organizaciones sociales en torno a la consulta que es apoyada por las petroleras, los partidos neoliberales, los empresarios nacionales y extranjeros, los organismos internacionales y la Embajada de Estados Unidos, además del diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.