Informe comisión de la verdad y reconciliación: un balance de parte

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad

Introducción

Tras casi dos años de labor, el 28 de agosto del 2003 la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó al país su Informe Final. Una extensa investigación, plasmada en miles de páginas, que constituye el más amplio, acucioso y serio enjuiciamiento de las dos décadas de la violencia política producida en el Perú a fines del siglo veinte.
Más allá de desacuerdos e insuficiencias, lo primero que cabe decir es que se trata de un documento valioso y esclarecedor, imposible de leer sin quedar profundamente conmovido e interpelado, especialmente si, como el suscrito, se han tenido responsabilidades en los acontecimientos de los que allí se da cuenta. No sólo da una idea de la magnitud y la dureza del conflicto, sino también -y sobre todo- pone de manifiesto el país que somos, sus dramas y desgarramientos, que la violencia política exacerbó y sacó a flote.
Una segunda constatación es que, luego de una virulenta campaña contra la CVR en los meses previos a la presentación del Informe y tras una apasionada e intensa discusión durante los días inmediatamente posteriores, apenas a medio año de su difusión, este documento crucial ha sido relegado. Era previsible, porque la cortedad de miras y el vivir de espaldas al país es un rasgo característico de nuestras clases dirigentes, y porque a la mayoría de los actores políticos lo que les preocupaba era cómo las conclusiones de la CVR afectarían sus posibilidades electorales y sus pequeñas ambiciones.
Esto, sin embargo, tiene una ventaja: atrás el escándalo y el protagonismo mediático, terminado el ruido y el parloteo insustancial pero interesado, permanece vigente la preocupación por una reflexión seria y serena, que alimente sobre todo a quienes, en las nuevas generaciones, no se resignan a un orden injusto y opresor, y aspiran encontrar nuevas vías por las cuales encauzar esperanzas y rebeldías. Los usufructores de la riqueza y el poder, autocomplacientes en su victoria, creen que sólo se trata de voltear la página, de enterrar lo sucedido y de continuar maquillando una realidad insumisa y paradójica.
Las líneas que siguen han sido escritas sin haber tenido acceso a la totalidad del voluminoso Informe presentado por la CVR. Conozco sus 171 Conclusiones Generales, los cinco fascículos llamados 'de síntesis y divulgación' (difundidos por medios de comunicación impresos), los discursos de su presidente, Salomón Lerner -el de Palacio y el de la Plaza de Armas de Huamanga-, y de manera fragmentada algunos desarrollos más específicos, sobre todo los referidos al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Pese a estas limitaciones, me aventuro a hacer el análisis de ciertos aspectos que me parecen cruciales y a señalar atingencias pertinentes desde mi particular punto de vista. Abordar el conjunto del Informe requeriría, antes que nada, el acceso a su totalidad; pero también más tiempo y un trabajo de equipo, condiciones que, por razones obvias, está fuera de mi alcance conseguirlas. Creo, sin embargo, que a los habitantes del 'país de las sombras' también nos toca decir nuestra palabra. Por eso incursiono en esta empresa.

I. Los complejos caminos de la verdad

1. Encontrar y decir la verdad es siempre una tarea espinosa; y lo es más si de por medio hay intereses y pasiones prontas a estallar cuando se siente que ciertas valoraciones y cierto sentido común pretenden ser cuestionados, con todos los riesgos que ello implica. Así, por ejemplo, que la CVR llamara 'partido político' al Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) causó un escándalo mayúsculo y llevó a que se profirieran disparates de todo calibre, al punto de que Salomón Lerner, presidente de la CVR, debió ir al Parlamento a instruir en el abc de la política.
La CVR nace en una coyuntura peculiar, favorecida por el desmoronamiento de un régimen autoritario y corrupto con el que las Fuerzas Armadas (FFAA) habían unido su suerte. El Gobierno de Transición, y particularmente su ministro de Justicia, Diego García Sayán, dio un paso audaz al crear un organismo como la Comisión de la Verdad, que si bien era un reclamo de la comunidad de personas relacionadas con el trabajo sobre derechos humanos (de los ámbitos nacional e internacional), no aparecía como una demanda de sector social ni político alguno en el país. Es más: los grupos de poder económico y político -amén de las FFAA- preferían que el tema se mantuviera cerrado y que la vuelta de página fuera irreversible.
Las presiones sobre la CVR han sido fuertes, y todas desde el mismo campo. Sus integrantes fueron acusados de prosenderistas, de intentar reabrir las heridas, de ganar suculentos sueldos, etcétera. Como era previsible, los efectos de la campaña dieron frutos, aunque probablemente no de la magnitud que esperaban sus promotores. Lo más resaltante, en cuanto a esto, es que no hubo prácticamente ninguna propuesta tendiente a incorporar a los ex insurgentes en un proyecto de reconciliación nacional.
2. José Carlos Mariátegui escribió alguna vez sobre el carácter revolucionario y subversivo de la verdad. Trascender las apariencias y ahondar en la naturaleza de las cosas, en sus conflictos y en su historicidad, es una de las premisas del marxismo. Sin embargo, en el conflicto social, la verdad y la mentira tienen una trama particularmente compleja; no sólo porque están en juego subjetividades, sino porque la mentira y la desinformación son, por un lado, armas de guerra psicosocial y, por otro lado, mecanismos defensivos y de resistencia de los oprimidos, de los más débiles frente a los opresores y más fuertes.
Durante estos años he podido escuchar (o enterarme de) los alegatos de muchísima gente proclamando su inocencia o afirmando haber sido presionada para hacer tal o cual cosa; y aún me resulta inevitable preguntarme cuántas de estas conmovedoras declaraciones eran ciertas y cuántas eran, más bien, un recurso defensivo.
Pero hay más que eso: el mismo desenlace del conflicto -y la correlación de fuerzas establecida al final de éste- lleva a que, para mucha gente, decir su verdad siga siendo riesgoso -cuando no inútil-, pues sienten que declarar contra los vencedores no los conducirá a lugar alguno. En todo caso, siempre será menos complicado denunciar a los vencidos, quienes, ya inermes, no representan mayor peligro. Por lo menos así lo entendieron los pobladores del pueblo joven Raucana, tal como lo registra el propio Informe de la CVR:
'Debemos remarcar que ningún poblador o dirigente quiso decir los nombres de los oficiales que habían estado destacados en ese lugar' (p. 45)
'Cuando les pedíamos que los identificaran por su nombre, nos manifestaban su miedo a que se llegara a saber que los habían señalado y también las represalias que se podían tomar contra ellos' (Nota 17, p. 455, punto 2.14: Raucana. Un intento de comité político abierto).
La violencia política concluyó; la subversión ya no existe; pero los pobladores de Raucana (como, con seguridad, los de tantos otros escenarios de la violencia) saben que los aparatos represivos del Estado siguen estando ahí. Como es natural, ellos optan por la cautela y el silencio.
En ciertos pueblos del departamento de San Martín, campesinos que habían apoyado lealmente al MRTA hasta casi finales del conflicto (años 1993-1994) se pusieron al frente de las organizaciones antisubversivas auspiciadas por el ejército. Cuando hubo oportunidad de dialogar con algunos de ellos, lo explicaban de una manera sencilla: el MRTA había desaparecido de la región, fuese porque se replegó hacia otras zonas o porque hubo masivos 'arrepentimientos'; ellos, en cambio, debían permanecer allí donde estaban sus tierras, sus casas y sus familias. Por lo tanto, la única forma de protegerse fue plegarse a la voluntad de los militares -que sospechaban de ellos-, para quienes estos gestos de lealtad eran decisivos. ¿Cuál sería la verdad de estos campesinos si tuvieran las garantías necesarias para decirla en voz alta?
No pretendo cuestionar la validez del Informe sino problematizarlo, considerando que una tarea aparentemente sencilla como el recojo de información -insumo fundamental del análisis- es en realidad un territorio minado y conflictivo.

II. La magnitud del conflicto

3. 'La CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y el 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de la historia de la República'. Con esta afirmación rotunda comienzan las 171 Conclusiones Generales del Informe de la CVR. Acompañan este aserto un conjunto de cifras que lo sustentan y que dan cuenta de que estamos ante un hecho mayor y decisivo de nuestra historia; y que además, como lo señala la propia CVR, sacó a relucir 'brechas y desencuentros profundos y dolorosos de la sociedad peruana'.
Una primera conclusión de esto es que el conflicto no hubiera adquirido tamañas proporciones si no hubiese existido abundante 'material inflamable', resultado no sólo de la pesada herencia colonial que se traduce en racismo y exclusiones, sino también del fracaso de los proyectos de modernización implementados por la burguesía desde mediados del siglo pasado.
4. De las cifras presentadas, la más notable es la de las 69.260 personas víctimas mortales, que duplica todos los estimados anteriores y que algunos han querido cuestionar aduciendo una manipulación destinada a sobredimensionar la magnitud de la guerra interna y las responsabilidades que en ella habrían tenido las fuerzas del orden. Estas acusaciones, sin embargo, se han ido desmoronando.
Pero el dato más sorprendente -al menos para quienes, como yo, teníamos cierta valoración de las fuerzas enfrentadas y creíamos que los patrones se ajustarían a lo sucedido en otros países de América Latina que pasaron por experiencias similares-, es que al PCP-SL se le atribuye 54% de las muertes, mientras que las atribuidas a las fuerzas del orden y los paramilitares suman 44,5%. A no dudarlo, esta es una de las claves que explican la magnitud de la derrota y del aislamiento político posterior. Lo más dramático y desgarrador, sin embargo, es que las víctimas se encuentran mayoritariamente entre la población indígena y nativa, cuyos intereses aspirábamos representar.
5. En el capítulo sobre cárceles (punto 2.22, p. 697) se sostiene que unas 20 mil personas habrían pasado por las prisiones durante las dos décadas, permaneciendo en ellas aún más de 1.500 internos. Y aunque habría que deducir los centenares de muertos en los motines (1985, 1986 y 1992), la cifra es digna de tomarse en cuenta: se trata del más claro indicador de la fuerza que lograron constituir los alzados en armas, especialmente el PCP-SL. Y si, como bien se señala en el citado capítulo, las cárceles fueron también centros de acción política alrededor de los cuales se movilizaron varios miles de personas, estamos hablando de procesos de notable envergadura.
6. En el documento 3 de la CVR (de resumen del Informe Final), ésta sindica al PCP-SL como el mayor perpetrador de torturas, pero no señala cifras. En cambio, las denuncias recibidas contra las fuerzas del orden y los paramilitares llegan a 4.828, de las cuales 4.625 sindican a agentes del Estado. Aquí quiero hacer una digresión a partir de mi experiencia personal en diversas prisiones, y de haber hablado con muchísimos presos: casi no conozco personas que hayan transitado por las cárceles sin haber sufrido algún tipo de tortura, por lo que las 4.828 denuncias recibidas por la CVR no parecen reflejar la magnitud de la responsabilidad de las fuerzas del orden en este terreno.
7. El mismo documento 3 señala que 83% de las denuncias de violación sexual contra mujeres son atribuibles a fuerzas del orden, en tanto que 13% se le imputan a los subversivos. Llama la atención que, en este caso, nos encontremos ante un indicador que va contra las demás tendencias. Muerte, tortura y violación suelen presentarse asociados, como parte del ejercicio abusivo del poder; pero aquí tenemos un caso atípico.
8. Respecto a las ejecuciones extrajudiciales, la CVR (Documento 3, Informe Final) atribuye al PCP-SL 11.021 ejecuciones y a las fuerzas del orden 4.423. En lo que atañe a las desapariciones, se responsabiliza al PCP-SL de la desaparición de 1.543 personas, mientras que las producidas por las fuerzas del orden serían 2.911.
9. Los desplazados suman alrededor de medio millón de personas, 70% aproximadamente procedentes de las áreas rurales, en especial de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Esta es, sin duda, una de las graves secuelas del conflicto. Lamentablemente el Documento 3 (pp. 8 y 9), que trata este tema, no da mayores luces sobre las responsabilidades concretas de los actores de la violencia, salvo enunciados generales. En todo caso, es imposible estar de acuerdo con la afirmación de la CVR respecto a que el MRTA '[...] también es responsable de haber contribuido, en ciertos lugares de la Amazonía, al clima de terror que provocó el desplazamiento interno de la población civil'. La cuestión a determinar es de qué forma y en qué proporción. Es decir, no nos dice el Documento 3 de la CVR si fueron las acciones del MRTA las que causaron los desplazamientos, o si fue más bien la represión sobre el MRTA lo que los produjo.
10. Otra afirmación a la que no encuentro sustento en cifras de denuncias es la referida al reclutamiento forzado de niños. El Documento 3 (p. 12) afirma: 'En cuanto al MRTA, el reclutamiento forzado de niños se concentró en las zonas de Ayacucho, San Martín, Junín y Ucayali'. Sobre esto debo decir que no fue política del MRTA el reclutamiento forzado de nadie, y menos aún de niños, por lo que esta acusación es sorprendente. Tendría que conocer más a fondo las fuentes en las que se basó la CVR para hacer esta imputación a fin de pronunciarme en detalle sobre la misma; pero la forma en que es presentada hace ver como una práctica generalizada lo que pudo ser (subrayo el condicional) un hecho más bien excepcional.
11. Estos datos -y otros que no menciono para no extenderme demasiado- llevan a la CVR a una de las conclusiones centrales de su Informe: 'Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos [...]'. Tamaña acusación tendrá que ser respondida por el propio PCP-SL; pero su significado va más allá de esta organización y compromete también al MRTA, que aparece de manera marginal en esta estadística pero que suele ser considerado en el mismo paquete aun cuando la CVR hace importantes distinciones.
12. Otra conclusión del Informe de la CVR es que teoría de los 'excesos' que habrían cometido las fuerzas contrainsurgentes es un mero eufemismo. Más de 30 mil muertos (el 44,5% que les atribuye la CVR) es una cifra demasiado alta para ser considerada un 'exceso'. Por eso, las Conclusiones 54 y 55 señalan que 'Las FFAA aplicaron una estrategia que en primer período fue de represión indiscriminada' y, además, que '[...] en ciertos momentos y lugares del conflicto, la actuación de miembros de las FFAA no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violación de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario'.
En el libro Ojo por ojo del periodista Humberto Jara se reproduce un extenso fragmento de un documento alcanzado por el ex integrante del grupo paramilitar 'Colina', Carlos Pichilingue Guevara, en el cual da cuenta de una reunión sostenida por todo el alto mando del Ejército en el 'Pentagonito', un miércoles del mes de junio de 1991. En esa oportunidad, según Pichilingue, todos los generales asistentes (cuyos nombres son detallados) adoptaron la decisión unánime de llevar adelante una 'guerra de baja intensidad'. Estos lineamientos estratégicos se tradujeron al poco tiempo en los operativos de La Cantuta y Barrios Altos. Con toda razón estos oficiales de mediana gradación (los mayores Pichilingue Guevara y Martín Rivas) rechazan que se los quiera juzgar individualmente por lo que fue una política institucional dictada por el alto mando. Entonces, como se dice en la jerga jurídica, 'a confesión de parte, relevo de pruebas'.

III. El inicio del conflicto como acto de voluntad

13. En el punto 12 de sus Conclusiones Generales, la CVR sostiene que 'La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto interno fue la decisión del PCP-SL de iniciar la lucha armada contra el Estado peruano, a contracorriente de la abrumadora mayoría de peruanos y peruanas y en momentos en que se restauraba la democracia a través de elecciones libres'.
Si bien esta afirmación de la CVR es válida en términos generales, no encontramos en el Informe dos cuestiones fundamentales: a) ¿Qué acontecimientos históricos y qué procesos ideológicos y políticos fueron los que, en determinada circunstancia, llevaron a ciertos grupos de peruanos a levantarse en armas contra determinado orden económico-social?; y b) ¿Qué hizo posible que esta insurgencia -en modo alguno la primera de nuestra historia- adquiriera la envergadura de la que dan cuenta los miles de páginas del Informe?
14. Si alzarse en armas fue un acto de voluntad, no creo que pueda sostenerse con el mismo énfasis que fue una decisión arbitraria, insólita e impredecible.
Este acontecimiento no puede entenderse al margen de las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales producidas en el Perú desde mediados del siglo veinte; sin tomar en cuenta el fracaso sucesivo de los proyectos de modernización; sin considerar las grandes y combativas luchas populares; pero sobre todo, sin referirse a la expansión y la radicalización de la emergente izquierda marxista, proceso iniciado desde los años sesenta y acelerado en la década de los setenta del siglo pasado.
Por eso, cuando se afirma con tanto énfasis que el PCP-SL inició la lucha armada '[...] a contracorriente de la inmensa mayoría de peruanos [...]', tengo la impresión de que se están refiriendo a la realidad de los años noventa antes que a la de comienzos de los ochenta, época respecto a la cual esa afirmación tendría que ser menos categórica y más matizada. Vale la pena recordar tres circunstancias:
a) El candidato largamente más votado de la izquierda en 1978 fue Hugo Blanco, quien, con su leyenda de guerrillero y luchador campesino y con un planteamiento intransigentemente radical ('Sin patrones ni generales'), supo sintonizar mejor con los estados de ánimo del pueblo más combativo y, curiosamente, menos organizado políticamente (el Partido Comunista Peruano-Unidad o la Unidad Democrático- Popular organizaciones políticas de izquierda que participaron en ese mismo proceso, eran más estructuradas que el Partido Revolucionario de los Trabajadores, de Blanco);
b) La corriente abstencionista de la izquierda, aquélla que rechazaba la participación en las elecciones en nombre de la acción directa ('La lucha es el camino, y no las elecciones'), fue numerosa e influyente; y aunque el viraje de Patria Roja hacia la constitución del UNIR y la participación electoral aisló al PCP-SL, no puede obviarse que dejó una amplia estela de militantes y activistas radicalizados, e incluso algunos grupos quizá poco numerosos pero en absoluto irrelevantes (Pukallacta, Estrella Roja, Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)-Victoria Navarro, etcétera.
c) La amplísima mayoría de quienes nos decidimos por la participación electoral hacia fines de 1977 y hasta avanzados los ochenta, lo hicimos en términos tácticos -para 'usar los resquicios democráticos', en la jerga de la época- y acumular fuerzas para la revolución.
Por eso, cuando la CVR dice en el punto 108 que '[...] un deslinde ideológico insuficiente y en muchos casos tardío colocó a la mayoría de partidos miembros de la IU [Izquierda Unida] en una situación ambigua frente a las acciones del PCP-SL y más aún del MRTA', no nos está dando las razones de esa ambigüedad. Y es que sin duda era muy difícil para los partidos mayoritarios de la IU renegar de sus orígenes y abdicar de las banderas con las cuales habían surgido en los años sesenta, y renunciar a la radicalidad político-ideológica que les permitió crecer durante dos décadas.
Los troncos de la ramificada izquierda (el MIR, Vanguardia Revolucionaria y el PCP-Patria Roja) nacieron con un proyecto estratégico de lucha armada, al que no renunciarían sino hasta avanzada la década de 1980, y no de manera homogénea y sin conflictos. Hasta el PCP-Unidad, con una línea histórica de moderación y ajeno a las veleidades insurreccionales, incubó un núcleo de militantes que, tras formar las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), terminaron integrándose al MRTA.
15. Lo que pasó con la izquierda revolucionaria de los años setenta tiene un claro antecedente con lo sucedido en el APRA, cuando enarbolaban un discurso revolucionario. Así, la impugnación de los resultados electorales de 1931 y un ambiguo llamado a la resistencia desencadenaron la insurrección de Trujillo de 1932, a la que le sucedería una saga de intentos insurgentes que terminaron el 3 de octubre de 1948, cuando se sublevaron los marineros apristas en el Callao como parte de un abortado plan insurreccional contra el régimen de Bustamante y Rivero. Pero fue el definitivo viraje a la derecha del APRA y su alianza con el más conspicuo representante de la oligarquía, Manuel Prado Ugarteche, lo que produjo la más amplia escisión de ese partido: una tendencia de jóvenes dirigentes y cuadros encabezados por Luis de la Puente Uceda formó el APRA Rebelde, retomando los principios revolucionarios de los orígenes de esta organización. Este grupo tuvo decantaciones y redefiniciones hasta convertirse en el MIR que hiciera la lucha armada en 1965; allí se sitúan las raíces últimas del MRTA.
16. Un ejemplo inverso de esta 'inercia' es la ruptura del PCP-SL cuando Abimael Guzmán decidió el viraje hacia las negociaciones políticas para un acuerdo de paz, cosa que había repudiado unos pocos años antes en la llamada 'entrevista del siglo'. Entonces descubrió Guzmán, como algunos de nosotros antes, que es más fácil iniciar una guerra que terminarla. En su enfrentamiento con la fracción acuerdista, los militantes de 'proseguir' esgrimen los antiguos argumentos de la línea histórica del PCP-SL. Hay, pues, un conflicto entre el 'Presidente Gonzalo' y el 'Doctor Guzmán': el primero es estratega de la guerra; el segundo, un apóstol de la paz.
17. Si esta 'inercia' se presentó en organizaciones tan cohesionadas en torno a ideología y liderazgo como lo fueron el APRA y el PCP-SL, ¿qué podía esperarse de esa alianza diversa de liderazgos encontrados que era la IU?
La columna vertebral de la IU la constituían la UDP, el UNIR y el PCP-Unidad. Las dos primeras, corrientes de la izquierda radical nacida en la década de 1960; la tercera, la más antigua organización de esta tendencia. La tres, aunque de trayectorias diferentes, tenían el común denominador del marxismo-leninismo, que no abandonarían hasta fines de la década de 1980.
Precisamente, el marxismo es una ideología esencialmente subversiva ('Los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar el mundo; de lo que se trata es de transformarlo', reza la tesis XI sobre Feuerbach, de Karl Marx). Esta vocación transformadora hizo del marxismo la expresión de esperanzas y rebeldías populares durante un siglo y medio. Aunque la difusión del marxismo -o, mejor, de los marxismos- se dio en sus versiones vulgarizadas y simplificadas, esto lo hizo más eficaz como instrumento de batalla.
En su libro Después de la guerra (Ed. Altazar, 2000), Alberto Benavides Ganoza ofrece un testimonio de su experiencia universitaria de fines de los años sesenta:
'Me consta que el marxismo fue asumido por algunos miembros de mi generación como quien adquiere un martillo. La doctrina era un instrumento. A las filas del marxismo fueron muchos de los más honestos y serios. Fue y podría seguir siendo un fácil canal para la rabia. A veces uno mismo quisiera ser marxista.'
Rabia acumulada por injusticias y exclusiones seculares; una negativa radical a hacerse cómplice o partícipe de determinadas formas de organizar el poder y distribuir la riqueza. José María Arguedas intuyó los tiempos que se aproximaban cuando las primeras nubes se cargaban en el horizonte. El 22 de octubre de 1969 escribió, en su '¿Último diario?', estas premonitorias líneas:
'Quizá conmigo empieza a cerrarse un ciclo y a abrirse otro en el Perú y en lo que él representa. Se cierra el de la calandria consoladora, del azote, del arrieraje, del odio impotente, de los 'fúnebres alzamientos', del temor a Dios y del predominio de ese Dios y sus protegidos, sus fabricantes, se abre el de la luz y el de la fuerza liberadora invencible del pueblo de Vietnam, el de la calandria de fuego, el del dios liberador. Aquél que se reintegra. Vallejo era el principio y el fin.' (El zorro de arriba y el zorro de abajo)
18. El 'socialismo amable' que un sector de la izquierda comenzó a proponer durante la primera década de 1980 -que se encarnaba en la figura de Alfonso Barrantes-, iba, pues, a contrapelo de las tradiciones, la experiencia y las concepciones político-ideológicas de la 'nueva izquierda' e incluso de las ideas mariateguistas.
Ya José Carlos Mariátegui y su amigo César Falcón, en 1919, habían tomado temprana distancia de lo que llamaría después el 'socialismo domesticado', cuando se separan del proyecto socialista de Alberto Ulloa y Víctor Maúrtua, para identificarse con las experiencias combativas del naciente proletariado peruano y los vientos que traía la victoriosa revolución de octubre de 1917.
Personajes como Luis de la Puente, Héctor Cordero y Ricardo Napurí rompieron con el APRA entre 1948 y 1956, cuestionando su viraje hacia la derecha y reivindicando su pasado revolucionario, para convertirse al marxismo y participar en la formación del MIR y en la lucha guerrillera. Ricardo Napurí, uno de los líderes históricos del trotskismo peruano, estuvo luego entre los fundadores de Vanguardia Revolucionaria, con Ricardo Letts, quien saldría de las filas de Acción Popular convencido de las limitaciones e inconsecuencias de ese partido, que se mostraba incapaz de llevar adelante el programa de modernización con el cual había ganado las elecciones de 1963.
La ruptura del Partido Comunista entre el PCP-Unidad, alineado con la antigua Unión Soviética (a quienes se motejó de 'revisionistas') y el PCP-Bandera Roja (maoístas) tuvo como punto medular la cuestión de la revolución y la lucha armada. Y fue la segunda corriente la que, con sus propuestas radicales y su orientación combativa, ganó predicamento e influencia entre los sectores estudiantiles, primero, y en el conjunto del movimiento popular, después.
Cualquiera que mire con cierta objetividad el proceso social, político e ideológico del campo popular durante el siglo veinte, desde el anarcosindicalismo hasta las izquierdas de los setenta, pasando por el socialismo mariateguista y el aprismo, se dará perfecta cuenta de que dicho proceso estuvo marcado por la radicalidad; y que cada intento de las fuerzas contrarias al orden vigente de institucionalizarse en él, produjo inevitablemente desprendimientos por la izquierda de quienes, retomando las banderas originales, terminaron empujando el proceso político por nuevos e impredecibles cauces. Sucedió con el APRA en los años cincuenta; con el PCP en los sesenta; con la Nueva Izquierda en los setenta; y, finalmente, con el mismo PCP-SL en los noventa.
Tiene razón José Luis Rénique al referirse a las tradiciones del 'pensamiento radical' (La voluntad encarcelada, Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2003). Pero esto no se produce en el aire sino que forma parte y se nutre de aquello que Alberto Flores Galindo denominó, siguiendo a Arguedas, 'el Perú hirviente de estos días'; es decir, de la tremenda conflictividad social, cuyo fundamento está en el hecho de que el 'cholo barato' sigue siendo la principal fuente de ganancias.

IV. La rebelión ¿se justificaba?

19. Hacia fines de la década de 1960, Mario Vargas Llosa hizo formular a un personaje de Conversación en La Catedral una de las frases más socorridas de las últimas décadas del siglo veinte: '¿En qué momento se jodió el Perú?'. La idea del Perú como un país jodido, situación a la que lo habrían conducido las clases dominantes de la República, que tras la ruptura con España se sometieron a Inglaterra primero y a los Estados Unidos después, y que edificaron un país oficial (criollo) a espaldas y en contra del país real, mayoritariamente indígena, es el lugar común del pensamiento progresista, desde Manuel González Prada en adelante.
José Carlos Mariátegui recusó el papel de la burguesía en los destinos del Perú al afirmar que ésta había llegado tarde a la historia y que el futuro sería socialista y estaría en manos de los trabajadores. Éste fue uno de los puntos centrales de su polémica con el APRA de Haya de la Torre. Y aunque el Partido Comunista replanteó tal tesis y durante cuatro décadas buscó una burguesía nacional con la cual aliarse, la izquierda marxista revolucionaria desde los años sesenta retomó la idea mariateguista, que Ernesto 'Che' Guevara resumió en una consigna de la época: 'No hay más cambios que hacer: revolución socialista o caricatura de revolución'.
20. Para los revolucionarios de la década de 1960 -entre ellos los guerrilleros del MIR-, el fracaso del primer gobierno belaundista y su incapacidad para llevar adelante su propuesta reformista y modernizadora -uno de cuyos puntos clave era la reforma agraria- era la demostración de que esa burguesía emergente, nacida del proceso de industrialización sustitutiva de exportaciones, no podía tener liderazgo en la construcción de un proyecto nacional y democrático.
El golpe militar del 3 de octubre de 1968 complicó el panorama arrojando luces y sombras sobre el desarrollo del capitalismo peruano: a) las FFAA, situándose a la izquierda del espectro político, llevaron a cabo el más ambicioso programa de reformas y modernizaciones, poniendo fin al país oligárquico; b) la debilidad estructural de la burguesía hizo que el capitalismo de Estado tuviera vocación hegemónica; c) la burguesía, que debía ser la principal usufructuaria del proyecto, si bien supo sacar ventajas económicas, lo saboteó políticamente.
La contrarreforma de la llamada segunda fase del gobierno de las FFAA implicó una mayor asociación de los militares y el poder económico. Las políticas de ajuste que se expresaron en los 'paquetazos' implicaron, por un lado, un proceso de distribución de la riqueza que supuso una mejora relativa de las ganancias que corría paralela a la caída de los salarios reales; pero también, por otro lado, estuvo acompañada de una ofensiva patronal destinada a quebrar el poder sindical, a destruir las comunidades laborales y a restablecer la dictadura plena del capital en las empresas (un paso decisivo en esta dirección fue el despido masivo de 5 mil dirigentes luego del Paro Nacional del 19 de julio de 1977).
21. El retorno a la democracia en el Perú, en 1980, coincidió con el inicio de lo que se ha denominado la 'década perdida' de América Latina, provocada fundamentalmente por la crisis de la deuda externa, cuyas consecuencias más perversas los organismos financieros internacionales hicieron recaer sobre las frágiles economías del Tercer Mundo (salvo las de los 'tigres asiáticos' que fueron más sagaces y contaron con la debida protección política), salvando a una banca internacional al borde de la bancarrota.
La frustración y el desencanto que produjo el segundo gobierno de Acción Popular se ha perdido de vista porque lo que vino luego fue muchísimo peor. Pero el 5% obtenido por el candidato del partido de gobierno da una idea de lo que significó el segundo belaundismo.
22. Las elecciones de 1985 tuvieron la particularidad de que en ellas, más que en ninguna otra en la historia de la República, se hicieron patentes las aspiraciones de cambio de las mayorías populares. A pesar de lo gaseoso del mensaje del joven candidato del APRA -que insinuaba más que proponía, éste supo despertar expectativas. De este modo, su caudal de casi 50% de los votos emitidos y 20% obtenido por la IU de Alfonso Barrantes, daban cuenta del potencial transformador. La derecha política, entre tanto, se encontraba arrinconada y a la defensiva.
Un soporte del proyecto aprista fue el establecimiento de una alianza estratégica con los grandes grupos económicos -'los doce apóstoles'-, a quienes se pretendía beneficiar con una política heterodoxa que reactivase el mercado interno e incrementara las ganancias de los empresarios, las cuales deberían traducirse en nuevas inversiones que dieran sostenibilidad al frágil ciclo expansivo iniciado en 1986. Sin embargo, los 'doce apóstoles' no cumplieron su parte del trato: invertir. Consciente del cuello de botella que se le venía, el Presidente pretendió contraatacar estatizando la banca (siguiendo el ejemplo mexicano), pero el tiro le salió por la culata. Los banqueros se defendieron con astucia y lograron generar una amplísima movilización de la derecha, encabezada por Mario Vargas Llosa, que puso a la defensiva al gobierno, saboteó la estatización de la banca y desencadenó la ofensiva ideológica y política neoliberal cuyos ecos se sienten hasta hoy.
Se han cargado las tintas contra el APRA por la crisis general de los dos últimos años de su gobierno, y sin duda sus cuotas de responsabilidad son altas; sin embargo, a los 'doce apóstoles', corresponsables de la crisis en muchos aspectos, nadie les enrostra su papel en el desmadre de fines de los ochenta.
23. Por eso, cuando en los 'vladivideos' se ve a más de uno de los conspicuos empresarios del país en conciliábulos nada santos, no estamos ante un hecho insólito e infrecuente sino ante la evidencia de cómo el poder económico y el político se interpenetran y retroalimentan, compartiendo intereses. Sin embargo, hay una diferencia sustantiva: quienes ejercen el poder político son aves de paso sujetas a los vaivenes y los avatares de la política, particularmente incierta en un país como el nuestro; los dueños del poder económico, en cambio, continúan manejando tras bambalinas los destinos del Perú.
De los presidentes que gobernaron el Perú durante los años de la violencia política hay uno fallecido (Fernando Belaúnde, de Acción Popular); otro que, tras un largo exilio, intenta volver a gobernar (Alan García, del APRA); y uno tercero prófugo en el Japón (Alberto Fujimori), en tanto que un cuarto personaje -no elegido pero que cogobernó- se encuentra preso en la Base Naval del Callao (Vladimiro Montesinos). Al otro lado, los grupos de poder económico han cambiado bastante menos y los personajes claves han capeado mejor los temporales.
Esta responsabilidad del poder económico y su articulación con el poder político me parece necesario resaltarla, pues hay una nada inocente tendencia a atacar a la 'clase política' como si ésta fuera la única responsable de la crisis nacional, cuando es evidente que los Estados nacionales son cada vez más frágiles y vulnerables frente a los poderosos de la economía global y los grupos económicos internos, y que sociedades cada vez más fragmentadas tienen crecientes problemas de representación política. Hay un evidente propósito desinformador para ocultar dónde se encuentra el núcleo duro del poder.
24. El autogolpe del 5 de abril de 1992 tuvo un sentido fundamentalmente contrainsurgente, pero el establecimiento de un régimen autoritario fue lo que permitió la puesta en marcha del proyecto económico neoliberal.
En una carta dirigida a la revista Caretas (1588, 1/8/1999), Augusto Blacker Miller, canciller durante el autogolpe, contó que en una reunión del Consejo de Ministros en el Círculo Militar, el entonces ministro de Economía, Carlos Boloña, festejó la decisión de Fujimori y Montesinos exclamando '¡Ahora sí, ya podemos deshacernos de la estabilidad laboral! Debemos promulgar el dispositivo inmediatamente'.
Derrotar la subversión iba de la mano con la imposición de nuevas reglas de juego entre el capital y el trabajo, que permitieron al primero mejorar su rentabilidad a costa de salarios, en nombre de una inversión que llegó tarde, mal o nunca. Paralelamente a la imposición de condiciones draconianas de reclusión en las prisiones contra los insurgentes, se precarizó el empleo, llevándolo a un punto parecido al de antes de la conquista de las ocho horas en 1919.
25. '[...] porque existe algo peor que asesinar a un hombre y es asesinar una esperanza', escribe el sacerdote Hubert Lanssiers en su libro Los dientes del dragón. Palabras dignas de resaltarse, pues los dueños del Perú y los gobernantes piensan que sus desaciertos y fracasos son inimputables. Si en algo se especializan las clases dominantes en el país es precisamente en asesinar esperanzas, en producir frustraciones y desencantos colectivos.
En este país de oportunidades desperdiciadas, fracturado por el racismo y las exclusiones ancestrales, centralista, con niveles pavorosos de pobreza (sobre todo en el campo) y desnutrición infantil, con un 'cholo barato' que sigue siendo la principal fuente de enriquecimiento y con abismos sociales que están entre los mayores del mundo; en fin, donde la ciudadanía plena sigue siendo una meta a conquistar por millones de peruanos; en esta patria nuestra de cada día, ¿alguien en su sano juicio puede no encontrar razones para la rebeldía?
26. Cuando se trata de explicar las motivaciones profundas que llevaron a miles de peruanos a levantarse en armas, los psicólogos mencionan las tendencias tanáticas que afloran en ciertos individuos, y los sociólogos nos hablan de las frustraciones de los jóvenes mestizos. Sin descartar estas y otras hipótesis, propongo que el meollo de las determinaciones estuvieron por un lado en la profunda indignación provocada por las injusticias e inequidades que predominan en nuestra patria, y por otro, por el escepticismo y la desilusión provocada por los distintos proyectos políticos (incluida la izquierda legal), que no sólo fueron incapaces de abrir caminos de solución a los problemas nacionales, sino que naufragaron en las peores corruptelas.
¿Quiénes manejaron los destinos -desde el poder político, el poder económico y el poder militar- no tendrían que asumir su cuota de responsabilidad?