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Editorial de La Jornada sobre la Cumbre de Guadalajara
Impunidad oficial bajo el
foxismo
Los testimonios de jóvenes manifestantes detenidos y torturados por policías
estatales de Jalisco en el contexto de las protestas altermundistas con motivo
de la cumbre de Guadalajara, así como el asesinato a golpes de un comerciante de
La Merced por agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en esta
capital, dan una idea de las cotas de impunidad, brutalidad y atropello
alcanzadas por los agentes policiales en las administraciones panistas.
A primera vista podría suponerse que semejantes actitudes criminales son
expresión de una situación de descontrol y falta de mando. Por desgracia, las
reacciones oficiales ante las atrocidades referidas obligan a elaborar
conclusiones mucho más alarmantes. El secretario de Gobernación, Santiago Creel,
justificó a los policías jaliscienses porque "había un reto a la autoridad, en
un intento de imponer ideas o propuestas a través de métodos no democráticos,
porque no hablamos de una manifestación pacífica, sino de una mani- festación
violenta, en la que se provocaba a la autoridad".
Por su parte, Angel Buendía Buendía, visitador de la Procuraduría General de la
República (PGR), de la que depende la AFI, pretendió ocultar el homicidio del
comerciante a los periodistas de la fuente.
Un secretario de Gobernación que pretende justificar los excesos policiales y la
tortura en aras de aplastar "provocaciones a la autoridad", y una procuraduría
que realiza intentos patéticos por esconder un asesinato con un comunicado sobre
decomiso de mercancía pirata, son datos que recuerdan, por desgracia, los
tiempos del diazordacismo, el echeverrismo y el lopezportillismo, cuando la
represión de las disidencias se traducía en violaciones sistemáticas de los
derechos humanos, cuando desde los más altos niveles del gobierno la
preservación del orden se percibía como una justificación legítima para
quebrantar la legalidad desde el poder, y cuando los agentes policiales tenían
asegurada la impunidad para tirar en el río Tula los cadáveres que daban prueba
de sus canalladas.
Si a los escandalosos e inadmisibles abusos policiacos de Guadalajara y al
patrón de atropellos mortales de agentes de la AFI -recuérdense los homicidios
impunes de Guillermo Vélez Mendoza en marzo de 2002 y de Aidé Heras Martínez, en
enero del año siguiente- se agrega el uso faccioso de los mecanismos de
procuración de justicia para acosar a adversarios políticos, como es el caso de
los procesos de la PGR contra el gobernante capitalino, Andrés Manuel López
Obrador, se acentúa el parecido del foxismo con los regímenes priístas del
pasado reciente, que recurrieron a la guerra sucia como método regular de
gobierno.
El titular del Ejecutivo federal se ha paseado por diversos países presentándose
como promotor de la causa de los derechos humanos en México, pero esa pretensión
es incompatible con la práctica de torturas y humillaciones sexuales -que
obligadamente evocan el paradigma de Abu Ghraib- en Guadalajara y, peor aún, con
un responsable de la política interior que pretende justificar tales
atrocidades.
Por su propio bien y por el del país, el presidente Vicente Fox haría bien en
deslindarse de manera inequívoca de lo ocurrido en las crujías policiales de la
capital tapatía, en ordenar el esclarecimiento y el castigo de los delitos
perpetrados allí por servidores públicos y en poner orden, de una vez por todas,
en la PGR.
