EL DILEMA DEL GOBIERNO

El Gobierno no está en condiciones de aceptar inmediatamente toda la propuesta de concentración que le hacen los paramilitares.
El acuerdo de Tierralta fue un paso necesario y conveniente, aunque tardío, que marcó el inicio formal de las conversaciones entre el Gobierno y los grupos paramilitares. Hay que señalar que el Gobierno tardó más de un año y medio en dar este paso, que en buena parte legaliza una situación ya existente en San José de Ralito: allí los paramilitares ya habían establecido su sitio de encuentro y un lugar de reuniones con los voceros del Gobierno. Así, aun cuando esta situación era de conocimiento público, nunca las autoridades intentaron capturar a los paramilitares, por lo que, de hecho, ya estaban suspendidas sus órdenes de captura.
No hay duda de que es meritorio que el acuerdo sobre esta zona de encuentro se haya plasmado por escrito, se haya hecho público y haya sido muy claro sobre las condiciones bajo las cuales se manejará la zona: las instituciones y las leyes del Estado mantienen su vigencia (aun cuando no se sabe si la Policía va a permanecer dentro de esa área), no podrá haber presiones sobre la población civil (¿la reunión de Mancuso con los pobladores fue totalmente voluntaria?), no podrá haber acopio de armas ni reclutamiento de nuevos combatientes, tampoco se podrán ocultar ni negociar secuestrados, etc. Todo esto, más lo reducido de la zona, cien veces menor, marca una diferencia abismal con respecto a la forma como se entregó la zona del Caguán a las Farc. Por ello, es de esperar que allí no se cometan los abusos de los paramilitares contra la población, ni reconvierta en escenario de fortalecimiento militar de las Auc.
Pero si las diferencias son alentadoras, las similitudes son inquietantes.
En efecto, en ambos casos solamente se concentró el equipo negociador con su guardia de seguridad y el grueso de los combatientes quedó por fuera de las respectivas zonas de encuentro. En ambos casos las zonas se convierten en escenarios de propaganda, contactos y visibilidad política, gratis, mientras no haya tregua. Esto último es lo más grave, pues en el Caguán ocurrió y en Tierralta ocurrirá que mientras se dialoga en la mesa continuará la violencia y el narcotráfico por fuera de la zona. Un botón: el mismo día en que se anunció el acuerdo, los paramilitares secuestraron a seis personas en La Guajira y asesinaron a dos personas en distintos sitios del país.
Así, a pesar del avance que significa la concentración de los negociadores y el inicio formal de las negociaciones, los problemas clave del proceso continúan sin solución: la concentración, la tregua y la ley de justicia y reparación.
Como se ha insistido, para una tregua efectiva se necesita la concentración de los combatientes. Y aquí empiezan las dificultades. Los paramilitares han propuesto al Gobierno concentrarse en cinco zonas en los próximos meses.
Allí concentrarían más de cinco mil hombres. Claro, siempre y cuando el Gobierno ofrezca garantías de seguridad en esas zonas para impedir el retorno de la guerrilla. Pero, dado que los recursos y el pie de fuerza de la Fuerza Pública son limitados y que por cada paramilitar inmovilizado en una zona se tendrían que movilizar allí entre tres y cinco soldados para impedir el retorno de la guerrilla, el Gobierno se empieza a ver frente a un dilema trágico: tendrá que escoger entre consolidar y ampliar los logros de su política de seguridad en muchas zonas del país, o garantizar el éxito del proceso con los paramilitares ofreciendo seguridad en las zonas donde estos se concentren. O la seguridad democrática o los paramilitares. Ambos objetivos no se pueden lograr al mismo tiempo. Es preciso, además, señalar que el margen de maniobra del Gobierno entre estas dos opciones se reduce si se tiene en cuenta que el Plan Patriota contra la retaguardia estratégica de las Farc absorberá durante dos o tres años cerca de diez y siete mil hombres de las Fuerzas Militares en el Caguán.
En consecuencia, aun cuando es el primer interesado por que se cumpla la tregua para que el proceso recupere credibilidad, el Gobierno no está en condiciones de aceptar inmediatamente toda la propuesta de concentración que le hacen los paramilitares y que es la condición de una tregua seria y verificable. Así la cosas, el proceso podría permanecer en el limbo y en la angustiosa ambigüedad de una negociación sin tregua, a pesar de que el Gobierno siempre ha afirmado que sin tregua previa no iniciaría ninguna negociación. Es decir, el Gobierno no está en capacidad de permitir a su contraparte cumplir su propia condición.
Hubo un error de cálculo: el Gobierno creyó que la guerrilla desaparecería del escenario muy rápidamente por efecto de su política de seguridad, y ello no ha ocurrido. Tal vez los paramilitares cometieron el mismo error, pero a diferencia del Gobierno están aprovechando ese error para darse un aire político, mientras aquel asume todos los costos. Para acabar de completar el cuadro, el Gobierno no le ha dado carácter de urgente al proyecto de justicia y reparación, cuya aprobación en el Congreso sin duda será el punto de inflexión que dividirá a los paramilitares en dos: los que aceptan las condiciones del Gobierno y se desmovilizan, y los que las rechazan y continúan en armas. Así está prolongando la agonía.

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