Evandro Bonfim*
Chile - Adital

El lanzamiento, en el día de hoy, del Informe 2004 de Amnistía Internacional contiene el triste apelo para que la comunidad global retome la promoción y defensa de los derechos humanos, desacreditados delante de la falta de respeto a decisiones de instancias como las Naciones Unidas, del ataque a misiones humanitarias en zonas de conflicto y de la desconsideración abierta a las normas internacionales en virtud de la llamada "guerra al terror".

El documento está divido entre las diversas regiones del mundo, cuya situación es analizada detalladamente a partir de los motivos específicos de preocupación de la organización en materia de derechos humanos, con datos, estadísticas y casos individuales, con el fin de establecer los principales puntos de la agenda de derechos humanos de la organización, entre los cuales las consecuencias de la "guerra al terror" figura como cuestión prioritaria.

"Debemos resistir al retroceso provocado en los Derechos Humanos por la búsqueda simplista de una doctrina de seguridad que dividió profundamente al mundo", afirmó Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, en ocasión del lanzamiento del documento. El informe contiene los principales abusos a los derechos humanos investigados por Amnistía Internacional en 2003 alrededor del mundo, así como las acciones y campañas de la institución para combatir estas violaciones.

Este retroceso en la promoción de los derechos humanos en todo el mundo, provocado por la llamada guerra al terror, que desconsidera sistemáticamente importantes normas internacionales, viene perjudicando a América Latina principalmente a través de la acción estadounidense en la región. En consecuencia, las principales violaciones a la vida y dignidades humanas continúan proviniendo de los Estados latinoamericanos, mismo de los considerados democráticos y avanzados en términos de legislación.

Del tiempo de los generales

Por ejemplo, la "desaparición" de personas a manos de agentes estatales, práctica tan común en los regímenes militares latinoamericanos, que duraron hasta mediados de la década de los 80, continúa siendo notificada en la región en países como Colombia y México, que integran una lista de 28 países constituida en mayor parte por naciones africanas y asiáticas conocidas por abrigar regímenes autoritarios.

Otro ejemplo de la persistencia de prácticas dictatoriales en la región está en la cuestión de los denominados presos de conciencia. El castigo practicado por determinados gobiernos al pensamiento divergente hizo con que Amnistía Internacional reconociese la existencia de presos de conciencia en 42 países del globo. Hay presos de conciencia en Cuba, Perú y México, siendo que estos dos países son presididos por mandatarios electos a través del voto popular.

En comparación con otros continentes, por ejemplo, América Latina cuenta con el mayor número de países donde se registran casos de ejecuciones extrajudiciales, perpetradas principalmente por agentes de seguridad públicos o por "escuadrones de la muerte", que disponen de la participación directa o de las conveniencias de policías, como en el caso de Brasil.

De acuerdo con números oficiales de 2003, la policía mató 915 personas solamente en el Estado de São Paulo, en el sudeste de Brasil, un aumento de 11% con relación al año anterior. En otro importante estado brasilero, Rio de Janeiro, también en el sudeste, entre enero y noviembre, las fuerzas policiales del estado mataron a 1.124 personas, un crecimiento de 34%.

Muchas de estas muertes ocurrieron en situaciones que apuntaban para el uso excesivo de la fuerza o ejecuciones extrajudiciales. Las muertes raramente fueron investigadas, ya que generalmente fueron registradas como "resistencia seguida de muerte". También, según el propio gobierno, escuadrones de la muerte están activos en 15 de las 26 unidades federativas del país, llegando, inclusive, a matar testigos que fueron escuchados por la relatora de las Naciones Unidas que estuvo en el país el año pasado para investigar la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales.

La confluencia entre las viejas y nuevas violaciones

La combinación de la tradicional violencia estatal con el ímpetu violador de los derechos humanos y de las normas internacionales del llamado combate al terror está produciendo consecuencias catastróficas para el continente, como el recrudecimiento del conflicto interno colombiano. Amnistía Internacional ha presionado a EE.UU. y otros gobiernos para parar con las transferencias militares y de seguridad para las fuerzas de seguridad de Colombia, responsables por graves violaciones de Derechos Humanos, directamente o a través de la colaboración de los paramilitares.

Los paramilitares apoyados por el ejército llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, "desaparecimientos" y tortura con completa impunidad. Los grupos rebeldes fueron responsables por varios abusos, incluyendo ataques a bomba en el que murieron civiles. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) también ejecutaron civiles y militares que capturaron. Durante el 2003 continúo el largo conflicto en Colombia, con abusos cometidos por los dos lados, y que ya mató a más de 60 000 personas y desplazó a más de 2,5 millones desde 1985.

Existen aún prácticas comunes de gobiernos dictatoriales que están transformándose endémicas en el mundo entero, como el caso de la tortura. Amnistía Internacional recibió durante el año pasado informes sobre víctimas de tortura y malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad, policía y otras autoridades estatales en 130 países del mundo, más de la mitad de las naciones del globo. De estos países donde ocurren torturas, 22 se encuentran en el continente americano, incluyendo Estados Unidos.

Personas son detenidas arbitrariamente y reclusas sin acusaciones ni juicios en 58 países, también incluido el democrático Estados Unidos. En América Latina y el Caribe, Colombia, Cuba y Jamaica promueven prisiones arbitrarias. En Colombia, según la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, entre septiembre de 2002 y diciembre de 2003, dos tercios de las detenciones ocurridas fueron ilegales, representando cerca de 4 mil presas sin ningún motivo.

Derechos humanos y falta de justicia social y económica

Según Amnistía Internacional, la promoción de los derechos humanos debe incluir el combate a las desigualdades que originan o abren espacio para la mayoría de las violaciones. "Debemos hacer campaña para compensar las fallas de los gobiernos y de la comunidad internacional en promover la justicia social y económica", afirma la secretaria general de la organización.

"Los países en desarrollo gastan cerca de 22 mil millones de dólares por año en armas y, por $10 mil millones de dólares por año podrían alcanzar la educación primaria universal. Estas estadísticas esconden un enorme escándalo: la promesa fallada de atacar la pobreza extrema y abordar las injusticias económicas y sociales graves", declara el informe divulgado hoy.

Dentro de cuadros sociales desiguales, como en países patriarcales, los sectores de la población más frágiles son objeto fácil de las violaciones, que se intensifican aún más con la acción de la globalización, como en el caso de México. Las industrias manufactureras establecidas en la zona de libre comercio donde se sitúa Ciudad Juárez funcionan como un imán para las mujeres que buscan trabajo provenientes de las regiones más pobres de México. A pesar de todo esto el ambiente es tipificado por falta de reglamentaciones y ausencia de ley, con asesinatos de centenas de mujeres.

La intensa presión nacional e internacional sobre el caso, incluyendo la campaña de Amnistía con base en el dossier y la visita al país de la secretaria general del organismo, Irene Khan, para reunirse con responsables del gobierno y con el presidente Vincent Fox, llevaron a un número importante de iniciativas gubernamentales para lidiar con la situación, como la reciente creación de un frente parlamentario para investigar los casos de homicidios femeninos.

"A pesar de todo aún queda un largo camino por recorrer hasta que sea asegurada justicia y seguridad a las mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua", afirma la organización que aún este año Amnistía pretende lanzar la campaña mundial Acabar con la Violencia sobre las Mujeres, que se centrará en la violencia ocurrida en la familia y en las situaciones de conflictos y pos conflictos. Este largo camino es la misma larga carretera que los defensores de los derechos humanos deben recorrer internacionalmente en virtud de las nuevas dificultades mundiales que se combinan con las prácticas violatorias más antiguas.

* Evandro Bonfim es periodista de Adital.