por JOSÉ ANTONIO VENTURA SOSA

Ha sido la costumbre de hacer notar la deuda externa del Estado salvadoreño que por cierto la han incrementado sustancialmente en los últimos cuatro años; pero de la "deuda social" muy poco o nada se habla, sólo a manera de recordatorio: Los planes de gobierno que han sido desarrollados en los últimos diez años, pese a que literalmente han adquirido el compromiso social, en la práctica lo que ha sucedido, es que la "deuda social" la incrementaron. El inciso segundo del artículo uno de la Constitución de la República de El Salvador, establece: ... "es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social". Si observamos, no son iniciativas u ofrecimientos, es una obligación de los administradores del Estado cumplirle al pueblo y asegurarle su libertad, invertir en la salud de la nación; pero que es lo que ha sucedido, el pueblo cuando ha buscado las unidades de salud o los hospitales públicos, se encuentra con un médico que además de que le pagan un salario ridículo, cuando éste le hace el diagnóstico al paciente a puro ojo clínico, porque no hay equipos ni materiales de laboratorio que lo auxilien, al recetar la medicina, no se la puede dar al enfermo, porque no hay en existencia y el pobre compatriota al no poder comprar la medicina, debido a que es muy cara, está condenado a morirse. Si revisamos un poco la obligatoriedad de cumplirle al pueblo con la cultura, las famosas "cuotas voluntarias" que en realidad han sido obligatorias para los padres de familia, imaginemos a un padre o una madre soltera que no alcanza para alimentar a su grupo familiar y consecuentemente han sido expuestos a las enfermedades, lo lógico sería que no podría acceder a la educación básica para sus hijos, por carecer de recursos.
Los areneros se molestan cuando se les recuerda que no le han cumplido al pueblo y que la "deuda social", la han incrementado tanto como la deuda externa.
Ojalá que este tipo de recordatorios, no motiven molestias, como es usual, sino que les permita rectificar sus errores, basándose en el cumplimiento de la Constitución de la República, ya que son derechos adquiridos por el pueblo y una obligación del gobierno cumplirle.