Luís Arce Borja

El 28 de julio del 2001, Alejandro Toledo fue proclamado presidente del Perú, y en la ceremonia dijo: "Seré implacable contra la corrupción". Dijo también: "La lucha contra la pobreza demandará todos los esfuerzos de mi gobierno". Al siguiente día de la juramentación presidencial, se dirigió a la ciudad del Cusco y en lo alto de Machu Picchu (la antigua ciudadela incaica), mando a construir un tabladillo teatral, una especie de circo callejero del siglo XIX. Ahí rodeado por la colorida vestimenta de su rubia esposa y de los elegantes ternos de varios presidentes latinoamericanos, realizó un ritual incaico según él para "recibir la fuerza telúrica de los dioses andinos".

Pero como en Perú la corrupción es tan ancestral que alcanza a los mismos incas, ni la "fuerza telúrica de los dioses andinos' (vieja mitología incaica que se utilizaban para someter a la población) ni otro tipo de milagro eclesiástico detuvo la rueda de la corrupción y de la injusticia que con Toledo ha seguido creciendo como una bola de nieve en plena caída. La realidad es dramática, y una nueva camarilla de mafiosos enlazada con la vieja mafia que dirigía Fujimori y Montesinos a seguido repartiéndose el Perú a tajadas. El hambre y la miseria de los peruanos no han cesado de aumentar de la misma manera que ha crecido una capa social infecta integrada por hampones disfrazados de políticos que se enriquecen a costa de los bienes del Estado.

Era el inicio de este gobierno y en Perú como en el extranjero Toledo fue presentado como un paladín de la justicia, del Estado de derecho, y de la más perfecta democracia. Los partidos de derecha y de la izquierda oficial, se subieron al carro del nuevo gobernante. Y en los mismos términos que habían colaborado con el gobierno de Fujimori y Montesinos, lo hacen ahora con el régimen de "todas las sangres" en manos de Toledo. Esa unidad para el banquete, el robo y la trampa entre los partidos oficiales y el nuevo candidato de palacio de gobierno, debió ser para cualquier analista político una señal que el tal gobierno de "todas las sangres', no era otra cosa que el reencauche del anterior gobierno, pero no fue así. La prensa mercenarizada del Perú, los intelectuales ayayeros y hasta los curas, obispos y el mismo cardenal, cerraron el pico, y guardaron el mismo silencio cómplice que habían practicado durante los 10 años cuando Fujimori y Montesinos hicieron del Perú una torta apetitosa que se distribuyó a pedazos entre una cúpula mafiosa de civiles, militares, empresarios, y toda suerte de malandrín.

Pedro Navaja versión peruana

Desde el inicio afirmamos que todo el ridículo teatro que había levantado Toledo, tanto en su campaña electoral como al momento de tomar posición de palacio de gobierno, eran fuegos artificiales para encubrir su ligazón con el régimen anterior. Dijimos que este gobierno era exactamente la continuación de la administración mafiosa de Fujimori y Montesinos. Señalamos que los mismos titiriteros (la CIA americana, los grupos de poder locales y las fuerzas armadas del Perú) que habían manejado el poder a su antojo durante la década pasada, ahora hacían lo mismo con el gobierno de Toledo. Nuestras predicciones políticas se cumplieron casi en lo inmediato, y la corrupción siguió viento en popa, y la mayoría de los funcionarios, ministros, familiares del presidente, y la misma Eliane Karp "primera dama" y esposa de Toledo, se vieron envueltos en hechos de corrupción. Recientemente Raúl Canseco Terry, primer vicepresidente de la República se vio obligado a salir corriendo en estampida. Se descubrió que desde el Estado, favorecía las empresas del papá de su novia. Renunció y el poder judicial le sigue un proceso penal, que como todos los juicios contra funcionarios corruptos, concluirá en un negociado y el acusado quedará sin sanción. La misma fisonomía de la corrupción de la década pasada es ahora característica principal del poder judicial, del parlamento y otras instituciones del Estado, que sirven de taparrabo al meretricio político. Todo esto configura un país en bancarrota moral, cuya sociedad lumpenizada es la expresión de la patología social que atraviesa el país a causa de su alto grado de corrupción. En este país, Pedro Navaja, el chavetero de los antros de Panamá le queda chico a los gobernantes y políticos del Perú.

Los lazos con la mafia de Montesinos. Historia de los asesores

Hasta antes de la semana que va del 26 al 31 de enero, el gobierno podía aún ocultar las pruebas de su relación con la mafia que dirige Vladimiro Montesinos desde su prisión dorada de la base naval de El Callao. Ahora todo ha quedado al descubierto, y se conoce que César Almeyda, asesor personal de Toledo, era el encargado de hacer negociaciones secretas con el general Oscar Villanueva Vidal (1), conocido como el "cajero" de Vladimiro Montesinos.

En Perú los hechos políticos se repiten caricaturescamente. Si el asesor personal de Fujimori fue el mafioso Montesinos, el asesor personal de Toledo se llama Almeida y es tan mafioso como el primero. Si Montesinos fue jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Almeida fue jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) del Estado. Si Montesinos fue el abogado de Fujimori, Almeida fue el abogado personal de Toledo y personero legal de Perú Posible (grupo político de Toledo). Si Montesinos interceptaba los teléfonos desde el SIN, Almeyda lo hacía desde el CNI. Si Vladimiro Montesinos tenía una predisposición por los billetes verdes (dólares), Almeida lo tiene también y para comenzar recibió 4,5 millones de dólares del general Villanueva como avance de los negocios para proteger la mafia. Si Montesinos tenía un afán desmesurado para controlar la prensa y la televisión, Almeida (como se comprueba en el audio acusador) movía su red mafiosa para tener el control de los principales canales de televisión. Si Montesinos fue el hombre de mayor influencia en el gobierno de Fujimori, Almeida lo ha sido, hasta antes de su debacle, el hombre de mayor confianza de Alejandro Toledo y de la primera dama Eliane Kart. César Almeida, consejero presidencial desde 2001, ha sido uno de los hombres más influyentes en el gobierno de Toledo. Ha ocupado altos puestos en las más grandes empresas del Estado. Por ejemplo fue director de Petroperú, desde donde ilegalmente pagaba 14 sueldos mensuales de empleados que trabajaban, no en Petroperú, pero si en el despacho de la primera dama Eliane Kart. (La primera dama decía cínicamente que su oficina privada no costaba nada al Estado). Fue también presidente de INDECOPI, y a causa de su corrupta gestión en esta institución fue denunciado en el congreso de recibir coimas de algunas empresas privadas.

¿Quién es el general Oscar Villanueva?. Este militar fue el brazo derecho de Vladimiro Montesinos. Su misión era encubrir a través de diversas cuentas bancarias, tanto en Perú como en extranjero, los millones de dólares de la mafia. Por sus manos pasaban cotidianamente una parte de la fortuna que acumulaba Vladimiro Montesinos y Fujimori, y de ahí le viene el apelativo de el "cajero". Entre 1994 y 1998, fue jefe de la Oficina General de Administración del Ministerio del Interior. Después (1998-2000) fue jefe de la Oficina General de Administración del Ministerio de Defensa. Desde estas instituciones dirigió una serie de operaciones de compras fraudulenta de vestimentas militares, armas, municiones y vehículos para las fuerzas armadas. El jugoso botín que recaudaba, provenía de la sobre valoración de precios y de las comisiones por compras. Este dinero iba directo a las manos Montesinos. En el 2000 Montesinos le encargó "recaudar" una bolsa de 20 millones de dólares para financiar la tercera campaña electoral de Fujimori. Recién en marzo del 2001 pasó al retiro pero antes de concluir su carrera militar hizo una propuesta de seguridad interna al gobierno de Toledo. Negocio con el gobierno para que no le revisen sus cuentas bancarias y la de sus familiares. Junto con una veintena de generales fue acusado de pertenecer a la mafia y estuvo 6 meses en la cárcel. Extrañamente cambió la prisión por "arresto domiciliario", una figura seudo legal que ha inventado Toledo para favorecer a los hombres de la mafia. En setiembre del 2002, cuando aún pesaba sobre él el arresto domiciliario, se disparó una bala al interior de la boca. Este "suicidio", que algunos dudaron que haya sido verdadero, ocurrió después que se reunió y negocio con el asesor de Toledo. Luz Salgado, una actual congresista fujimorista, relacionó la muerte del general no a un suicidio sino a un asesinato bien planificado. Suicidio o no, lo cierto es que la desaparición del militar favoreció tanto a la mafia de Montesinos como a la mafia de Toledo que se sentían amenazados por los secretos que poseía este general.

"Popy" el de la escobita anticorrupción

En el escándalo aparece comprometido Fernando Olivera (conocido como "Popy") actual embajador del Perú en España. Olivera era el ministro de Justicia del gobierno toledista cuando en 2001 se realizó las tratativas comerciales con el cajero de Montesinos. Y como dice una publicación peruana esta negociación se efectúo "con la venia" del ministro de Justicia que tenía que estar al tanto de asuntos concernientes con el poder judicial y graves delitos penales contra el Estado. Por lo pronto el fiscal Jorge Cortes ha exigido que Olivera se presente a su despacho para que aclare judicialmente su participación en esta negociación secreta. Fernando Olivera es también el máximo dirigente del Frente Independiente Moralizador (FIM), organización política que participa, desde el 28 de julio del 2001, en el poder junto a Toledo. El partido de Olivera, que tiene como símbolo una escoba de paja, ha hecho del discurso anticorrupción (pura demagogia), su mejor arma electoral. Es la segunda vez que FIM se ve involucrada con la mafia de Montesinos. Ernesto Gamarra un ex congresista, y hasta hace poco, alto dirigente de esta organización, está condenado a 5 años de prisión por haber reconocido que recibió dinero de Montesinos. Gamarra es uno de los fundadores "históricos" del FIM, y muchos años fue el brazo derecho de "Popy" Olivera. En cada proceso electoral, tanto Olivera como Gamarra, recorrían las ciudades del Perú con una escoba en las manos.

También está involucrado, el general Daniel Mora, jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) quien por encargo del gobierno intentó comprar (a cualquier precio) el audio acusador. Otro de los implicados es "Caqui" Toledo (sobrino del presidente) quien actúo en este negocio clandestino como enlace de palacio de gobierno. Ya en el 2001, el sobrino del presidente fue centro de un escándalo cuando fue descubierto que sin tener ni profesión ni trabajo, tenía una millonaria cuenta bancaria (700, 000 dólares) en el First Union Bank de Charlotte (Estados Unidos). Posteriormente, en forma espectacular apareció como "asesor del Ministerio de la Presidencia", y también como "asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros". Posteriormente se supo que era "consultor en informática del programa de asesora presidencial de las Naciones Unidas". De ahí no ha dejado de escalar posiciones y haciendo noticia. En varias oportunidades se le ha visto como integrante de "altas comisiones técnicas" del gobierno, y sus viajes a China, Europa y los Estados Unidos son continuos.

Qué negociaba el asesor de Toledo y el cajero de Montesinos

Las negociaciones entre César Almeida y el general Oscar Villanueva (cajero de Montesinos) se realizó el lunes 10 de diciembre del 2001 cuando Toledo tenía apenas 6 meses en el palacio presidencial. Las transacciones comerciales, en la que mediaba millones de dólares, se centraba en dos aspectos principales: Una librar a Vladimiro Montesinos de ser acusado del delito de narcotráfico y posibilitar a corto plazo (un año o dos) su libertad definitiva. Este propósito ha quedado grabado en la cinta magnetofónica que el mismo general Villanueva se había encargado de hacer en forma secreta para guardarse las espaldas de posibles traiciones proveniente del asesor de Toledo. En esta grabación el asesor presidencial plantea el caso Montesinos y su libertad de la siguiente manera:

-César ALMEYDA: Yo le he evitado por todos los lados lo del tema del narcotráfico.

-Oscar VILLANUEVA: Leí algo hace un par de días de que hasta puede salir en un año!!!

-César ALMEYDA: Si cumple la tercera parte de su condena, hay una norma que dice que no puede estar detenido más de...

-Oscar VILLANUEVA: Eso dependerá de los procesos, hay procesos que son lentos, complicados... Pero algunos de ellos seguramente que se van a resolver rápido, pues, no?

-César ALMEYDA: Por lo menos se resolverá uno de los casos y ya con eso lo tienen, mientras se van investigando los otros.

-Oscar VILLANUEVA: Se resuelven los más fuertes, por decirte.

-César ALMEYDA: O el que sea. El próximo año serían 6 años, si es la tercera parte, puede salir a fin del próximo año…"

(Conversación entre el general Oscar Villanueva y César Almeida. Reproducción parcial, 10 de diciembre 2001).

El siguiente aspecto de esta negociación se refirió a dejar sin efecto las graves acusaciones judiciales que pesaban sobre el "cajero" (general Oscar Villanueva) a consecuencia de su ligazón con la con la mafia de Montesinos. El general logró que el gobierno y jueces especializados no metieran las narices en sus cuentas bancarias que por lo visto estaban repletas de dólares provenientes de la corrupción y el narcotráfico. El asesor de Toledo ofrecía, como en su tiempo lo hacia Montesinos, comprar y chantajear jueces y personalidades para dejar sin efecto cualquier peligro de arrestación y encarcelamiento del general Villanueva, quien por los delitos que pesaban sobre él era un pescado gordo para la justicia. Los términos (contrato) de la negociación entre el asesor presidencial y el militar, tenía como base el pago de dólares para sobornar a jueces y magistrados del poder judicial. Veamos como dio esta información el diario El Comercio:

"El entonces asesor legal del presidente Toledo le ofrece librarlo de sus agudos problemas judiciales provocados por ser miembro de la red de corrupción que tejió Vladimiro Montesinos. Almeyda se reveló ante Villanueva como un hombre con importantes contactos en el Poder Judicial y se jactó de ser capaz de sobornar, sacar y nombrar a magistrados. Se 'faroleó', como se diría en lenguaje criollo. Ofreció a Villanueva poner en marcha toda su capacidad para ayudarlo en su proceso, a cambio, claro, de prebendas económicas a las que denominó "tomos de libros". Se habló de cuatro "tomos", clave establecida entre los interlocutores que significaría 25 mil dólares cada uno, de acuerdo con un documento que habría dejado Villanueva…". (El Comercio 31 de enero 2004).

Pero en la charla entre el asesor de Toledo y el general Oscar Villanueva, no sólo se habló de comprar jueces, de millones de dólares y de la libertad de Montesinos. También se trataron otros temas candentes de la política peruana. El asesor presidencial contó jactanciosamente como con su participación, había hecho ganar a Genaro Delgado Parker el discutido juicio por la propiedad de canal 5 de televisión. Este empresario de la televisión fue desde 1990 hasta el 2000 uno de los hombres de confianza que tenía Montesinos en la televisión peruana. Delgado Parker fue un asiduo visitante del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en cuyas instalaciones planificaba sus programas televisivos. Cuando cayó el gobierno de Fujimori, fue acusado por vínculos mafiosos con Montesinos, y extrañamente los jueces (que había puesto el gobierno de Toledo), en lugar de enviarlo a prisión, lo dejaron libre bajo el argumento de que el "acusado estaba en edad muy avanzada".

¡Atrapen al ladrón!, gritó el ladrón. Adelantar las elecciones

¿Cómo ha reaccionario el gobierno frente a este escándalo?. Toledo ha utilizado un viejo truco para intentar sacudirse del bulto. Ha gritado "atrapen al ladrón" que yo soy la víctima. El presidente dijo que nada sabia de estas negociaciones, y que César Almeida había actuado por su cuenta e hizo saber que "respaldaría todos los esfuerzo por esclarecer el escándalo". Y que "el peso de la ley le caerá encima". Perú Posible, el grupo político de Toledo "expulsó" de sus filas al asesor presidencial (César Almeyda) haciendo conocer que en "el partido no se aceptan corruptos", pero al día siguiente fue el mismo Almayda que señaló a la prensa, que nunca había sido militante de este partido. Por su parte, Fernando Olivera, otro de los implicados en este asunto, dijo que todo esto tenía como "objetivo acabar con el régimen democrático". Y denunció una "conspiración" de la mafia fujimorista y del APRA" contra la estabilidad del gobierno y del Estado. Henry Pease, ex lider de Izquierda Unida (IU), y actual presidente del Congreso, y militante del partido de Toledo, confirmó una vez más que el parlamento peruano, es una sentina por donde se descargan las aguas negras del régimen. Pease, defendió la idea de que las negociaciones entre el asesor personal de Toledo y el mafioso militar de la mafia de Montesinos, es un caso aislado en la que nada tiene que ver ni el presidente ni el gobierno. Para este congresista, no hay crisis política en Perú, y el hecho que el vicepresidente (Raúl Canseco Ferry) haya renunciado a causa de su actividad corrupta, y que un hombre cercano a Toledo haya estado negociando con la mafia de Montesinos, no es nada o poca cosa para darle importancia. Según su versión, Almeida ha sido una especie de infiltrado en el gobierno, y de acuerdo a sus palabras: "en todas partes se infiltran corruptos". Defendió la idea que el presidente "no conocía" a su asesor personal: "La cantidad de cargos que tiene un presidente supone que no puede conocer personalmente a cada uno…Es cierto que este señor (Almeyda) ha estado unos años antes, pero no desde el principio. En cualquier caso, no ha dado muestras de lo que era. Usted ve lo que es cuando escucha el audio. Ahí ve su catadura moral". (Oscar Miranda, entrevista a Henry Pease).

Como parte de todo este espectáculo de corrupción, crisis y decadencia política, no se han hecho esperar los alaridos pidiendo "adelantar las elecciones generales" para cambiar a Toledo. El Partido Aprista, y los retazos de la izquierda oficial (Patria Roja, y otros), así como algunos intelectuales de poca monta se han puesto a la cabeza para pedir elecciones generales como solución a la bancarrota del toledismo. Adelantar las elecciones (poco probable en Perú) es otro tipo de espectáculo, que en apariencia busca mejorar la situación actual, pero que en la práctica tiene el propósito político de limpiar la cara a los actuales gobernantes. Si los partidarios de esta propuesta, tuvieran un mínimo de ética política, lo primero que tendrían que hacer es pedir una sanción penal contra la camarilla corrupta que ahora gobierna el Perú. En cualquier país del mundo (no hablamos de las republicas bananeras como Perú) Alejandro Toledo, Fernando Olivera, César Almeyda, y demás cómplices que actúan desde el ejecutivo, parlamento o el poder judicial, serían juzgados y condenados como vulgares delincuentes, y no habría que esperar elecciones para que dejen el poder.

Además, no es a través de las elecciones que el peruano podrá librarse de sus gobernantes corruptos y cambiar de raíz la crisis del Estado y la sociedad. Los mismos que ahora pretenden ser "opositores" de Toledo y que reclaman elecciones generales, son los que sostuvieron la campaña electoral del actual presidente. Y son los mismos que antes respaldaron la campaña electoral y presidencial de Alberto Fujimori (1990- 2000), y son exactamente los mismos que antes de Fujimori llevaron al poder al corrupto y sanguinario Alan García Pérez (1985-1990). Aquí no hay nada que inventar ni imaginar. La solución popular y definitiva a la bancarrota del Perú se inscribe dentro del largo proceso de lucha social y política por el poder político del Estado. Cualquier otro tipo de solución, dentro de los marcos legales del Estado (elecciones, referéndum, etc.), no es otra cosa que viejo cuento (utilizado desde 1821), cuyo propósito fundamental es alargar la vida de un Estado que se cae a pedazos, y hacer de las masas pobres una manada de borregos que se puede llevar detrás de tal o cual grupo político o individuo que han hecho de las elecciones y de la política una forma de enriquecerse y de saquear los bienes del Estado y de la sociedad.

Bruselas, 5 de febrero 2004