- Malestar y sorpresa causó en la central de trabajadores uruguayos la decisión de Tabaré Vázquez de respaldar los contratos con la multinacional América Móvil. El pasado 2 de diciembre, Gonzalo Fernández, el secretario del presidente electo, comunicó al presidente Jorge Batlle el deseo de Tabaré Vázquez de que se "firme ya" el acuerdo de interconexión entre la Administración Nacional de TELecomunicaciones (ANTEL) y la multinacional América Móvil.
En el día de ayer, el Sindicato Unico de las Telecomunicaciones (SUTEL) realizó un paro de 24 horas rechazando la habilitación de interconexión con la empresa del multimillonario mexicano Carlos Slim, por considerarla inconstitucional. En efecto según lo laudado por el plebiscito realizado en 1992 y por la derogación en 2001 de los artículos de la Carta Orgánica de ANTEL que lo permitían; está prohibido habilitar nuevas bandas de telefonía celular, como es el caso.
El gremio entiende que la firma de este contrato es atentatoria a la expresión de la ciudadanía, y por tal motivo ya anunció que presentará una denuncia por omisión contumacial a los deberes del cargo contra el Directorio de ANTEL, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (URSEC), y el Poder Ejecutivo; y también solicitó una entrevista con Tabaré Vázquez, para hablar al respecto.
El sindicato aún no tiene definidas las acciones a tomar si el próximo gobierno no deroga estas concesiones, como al parecer es el caso, pero por lo pronto, "no descarta ninguna acción para que se respete el veredicto popular, para que se respete el monopolio de las telecomunicaciones tal cual rige en la Constitución", así lo planteó Augusto Larrosa, el secretario general del sindicato, quien aseguró también que "Si se revisan los contratos son ilegales y tienen que caer después del 1° de marzo, tanto los de llamadas internacionales, como las bandas telefónicas, incluida la de América Móvil".
Su presidente, Héctor Boffano, dijo que no debían quedar dudas de que los trabajadores: "vamos a seguir insistiendo en esa dirección y si tenemos que tomar medidas no tengan ninguna duda que las vamos a tomar. Soy del Frente Amplio desde antes que se creara, pero por eso no voy a claudicar en la defensa de las empresas del Estado que brindan servicios esenciales a la población como en el caso del agua, la energía y las telecomunicaciones".
La decisión del gobierno electo de apoyar esta nueva concesión, también provocó incertidumbre entre los principales dirigentes del Partido Comunista, del Partido Socialista, de los partidos de izquierda de la coalición, y de la central única de los trabajadores uruguayos, el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT).
El viernes 10 de diciembre, la Mesa Representativa de la central enfrentó el hecho consumado con una declaración en la que reafirmó su voluntad "de defender de manera irrestricta el contundente pronunciamiento del pueblo uruguayo del 13 de diciembre de 1992", que teóricamente debía haber puesto fin a las privatizaciones en el sector. El PIT-CNT convocó "a todas las organizaciones sociales, políticas y religiosas que históricamente han participado junto a nosotros de estas instancias, y al (...) pueblo uruguayo, verdadero protagonista de la defensa del Patrimonio Nacional, a estar alerta ante los sucesivos embates por desconocer la voluntad popular".
Por su parte, la Unidad Temática de Telecomunicaciones de la Comisión de Programa del Frente Amplio expresó su decepción por la inesperada actitud del gobierno electo. El 8 de diciembre envió una carta al presidente del Frente Amplio, el ingeniero Jorge Brovetto, dejando constancia de que todos los integrantes del grupo (excepto el representante de Asamblea Uruguay, la agrupación del futuro ministro de Economía, Danilo Astori) consideran que el contrato celebrado con América Móvil es ilegal. El grupo también se quejó por haber sido ignorado en el proceso de la toma de esta decisión.
El secretario general del Partido Socialista, Roberto Conde, dijo al respecto que "Cuando se pretenden utilizar nuestras convicciones y nuestras ideas para poner en duda nuestro apoyo o nuestra lealtad al presidente electo, nosotros decimos claramente a todo el mundo que desde 1992 hemos luchado por la defensa del patrimonio nacional (...) Desde el 2002 hemos sostenido que la privatización de la banda de telefonía celular es inconstitucional (...) Tendríamos que tener una absoluta falta de honradez intelectual y una absoluta falta de dignidad política para decir que no teníamos razón. La teníamos y la tenemos", afirmó rotunda pero al parecer esterilmente.
En el Partido Comunista del Uruguay (PCU) las divergencias y dudas con las posiciones adoptadas por el presidente electo son similares a las de los socialistas. Su secretaria general, Marina Arismendi discrepó abiertamente con la interpretación que hizo el doctor Vázquez sobre de la reforma constitucional del agua y sobre sus consecuencias. Arismendi entiende que todas las concesiones cayeron como consecuencia de la aprobación de la reforma, y Vázquez sostiene que no tiene efecto retroactivo y los contratos deben estudiarse caso a caso. El secretario de Unidad Política del PCU, Osear Gómez, saludó a SUTEL y alentó su movilización para impedir la operación de América Móvil, en momentos en que pretende "legitimarse".
Pero América ya comenzó a operar en Uruguay con el nombre de CTI Móvil a través de 38 locales y con una campaña publicitaria masiva en todos los medios. Los productos lanzados por la multinacional fueron cuatro: Kit Amigo, Cti Móvil (teléfono tarjetero), Cuenta Segura (cuota fija por una cantidad predeterminada de minutos) y Plan sin límites (minutos libres, más un costo por los minutos excedentes). Con el prefijo 096, sus servicios ya están operativos en los departamentos de Montevideo, Canelones y Maldonado, y a partir de enero próximo se extenderán al departamento de Colonia. Al parecer ya es demasiado tarde para lágrimas.