Samuel Blixen
Brecha

El general Gregorio Álvarez se suma al exclusivo círculo de los responsables que impulsaron el secuestro y asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Para desentrañar el protagonismo de quienes ostentaban el poder, será interrogado Julio María Sanguinetti, la figurita que faltaba.
El general Gregorio Álvarez, presidente de los uruguayos por mandato de los sables, tiene un doble discurso. ¿A cuál de los dos Álvarez hay que creer? El general Álvarez de 2004, hierático, inamovible en su desprecio a los hurgadores del pasado, impertérrito en su silencio, exigente en la elección de quienes lo acompañan a misa cada semana, acaba de afirmar, tajante, que no tuvo nada que ver con los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y se indignó cuando le preguntaron si sabía quién había dado la orden de eliminar a los dos legisladores exiliados en Buenos Aires: "¿Usted cree que yo estoy encubriendo criminales? De ninguna manera...".
El general Álvarez de julio de 1978, exultante en el descabezamiento de una fracción interna de las Fuerzas Armadas, enfilando desde la Comandancia del Ejército hacia la Presidencia de la República, afirmaba desde la certeza de su impunidad: "Yo di la orden primera", y se hacía responsable de todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período en que ejerció la jefatura del Estado Mayor Conjunto. Aquella vieja orden interna del Comando General, hoy olvidada, revela que el general Álvarez se encubre a sí mismo y que la afirmación de que nada sabía porque ejercía la jefatura de un cuerpo de Ejército en Minas es una simple coartada. La soberbia del comandante Álvarez en 1978 lo incrimina como responsable de numerosos crímenes y lo pone, junto con el general Julio César Vadora, a la cabeza de la coordinación represiva que cobró decenas de desapariciones en Argentina y Uruguay.
Imprevistamente, el general Álvarez fue obligado a abandonar el recato de su retiro y pasó a un incómodo primer plano, a raíz de las revelaciones del periodista estadounidense John Dinges, quien en su libro Operación Cóndor lo identifica como el oficial que ordenó los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Dinges sostiene que en octubre de 2001 el inspector Hugo Campos Hermida, un policía que participó activamente en la represión de uruguayos en Buenos Aires, le confesó, tres semanas antes de morir, la acusación contra Álvarez.
Según el periodista estadounidense, Campos Hermida relató que un mayor del Ejército, ahijado de Álvarez, había sido designado como enlace ante el gobierno del general Jorge Rafael Videla para impulsar el asesinato de Michelini y Gutiérrez, que acababan de ser secuestrados. En esta hipótesis, los agentes uruguayos y argentinos del Plan Cóndor habían planificado el secuestro de los dos legisladores con el propósito de extraditarlos a Uruguay en forma clandestina. Según la versión de Dinges de la confesión de Campos Hermida, Álvarez promovió el asesinato porque "Michelini estaba apoyando a los tupamaros en Argentina". La decisión habría sido tomada entre el 18 de mayo, día en que fueron secuestrados los dos legisladores, y el 20 de mayo, día en que aparecieron sus cadáveres -y los de otros dos exiliados, William Whitelaw y Rosario Barredo- en un automóvil abandonado en un barrio de la capital.
La versión de un cambio de objetivo sobre la marcha ha sido una hipótesis estudiada en el marco de las investigaciones, oficiales y extraoficiales, sobre los asesinatos y es funcional a otro testimonio recogido por Dinges en Buenos Aires sobre la identidad de los autores materiales de los homicidios.
En su libro, el periodista estadounidense atribuye a un antiguo miembro del Batallón 601 de Inteligencia, cuyo nombre se reserva, la versión de que Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whitelaw y Barredo fueron asesinados por el subcomisario Miguel Ángel Trimarchi de la Policía Federal argentina.
Trimarchi habría llevado al estacionamiento de la Policía Federal a los cuatro secuestrados. Preguntó qué debía hacer, y le ordenaron matarlos. La fuente de Dinges afirmó que allí mismo, en el estacionamiento, Trimarchi mató a balazos a los cuatro uruguayos y después, tras abandonar el vehículo, se comunicó por radio para que efectuaran el "descubrimiento". Un patrullero que llegó al lugar informó que sólo había encontrado dos cadáveres y no cuatro: por radio, Trimarchi indicó: "Fijate en el baúl".
La versión que difunde Dinges -y que, de paso, atribuye toda la autoría de los homicidios a personal argentino- contradice algunos detalles confirmados por la indagatoria judicial y por los exámenes forenses realizados inmediatamente después de ocurridos los hechos. En especial, el detalle sobre la forma en que Trimarchi habría ultimado a los cuatro uruguayos -disparándoles en el interior del auto- no se compagina con el examen forense sobre la trayectoria de los disparos, todos similares, que sugiere que los cuatro fueron ultimados a balazos en la nuca, presumiblemente mientras estaban boca abajo en el suelo.
Los testimonios recabados por Dinges permiten conciliar ambas versiones: la de la fuente del Batallón 601 con la del policía uruguayo. En una entrevista con la periodista Sonia Breccia, Dinges afirmó que Campos Hermida -un notorio torturador integrante de los cuerpos de inteligencia durante la dictadura implicado en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos- "quería limpiar su nombre, decía que no era él, que eran otras personas que incluso en algunos casos habían utilizado su nombre y credenciales, pero que en ese momento él ya se había alejado de las operaciones antiterroristas y se dedicaba a las operaciones de Policía Antinarcóticos". Modificando su postura anterior, Campos Hermida parecía dispuesto a confesar lo que sabía, cuando lo sorprendió la muerte.
La versión de Dinges, difundiendo el "arrepentimiento" de Campos Hemida y la acusación contra Álvarez, suena a un "ajuste de cuentas" entre violadores de los derechos humanos; el propio Campos Hermida había sido vinculado directamente al seguimiento, secuestro y asesinato de Michelini, en un documento de inteligencia presumiblemente fraguado a los solos efectos de incriminarlo y que se difundió por las fechas en que dio la entrevista a Dinges. Así, la confesión sobre el protagonismo de Álvarez parece más una nueva movida en esa partida de ajedrez donde los antiguos represores se hacen zancadillas mientras mantienen el secreto sobre lo que verdaderamente ocurrió.
De todas maneras, los elementos dados a conocer aportan nuevos impulsos a las investigaciones en curso sobre un episodio clave de la dictadura.
Actualmente se despliegan dos investigaciones judiciales en forma paralela: una en Buenos Aires, que instruye el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral, a partir de una denuncia de los familiares de las víctimas, patrocinadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales; y otra que instruye el juez penal de 11º turno, Roberto Timbal. En las dos sedes judiciales los magistrados encaran la etapa de recepción de testimonios. En Montevideo ya han declarado en la causa el dirigente blanco Alberto Zumarán (a raíz de una versión según la cual los asesinatos fueron decididos, mediante votación, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, un órgano presidido por el presidente Juan María Bordaberry e integrado por ministros civiles y mandos militares), el ex senador y embajador Juan Raúl Ferreira, el propio Bordaberry y el ex canciller de la dictadura, actualmente procesado por la desaparición de Elena Quinteros, Juan Carlos Blanco.
La fiscal de 2º turno, Mirtha Guianze, se propone también interrogar al ex presidente Julio María Sanguinetti, convocado a sede judicial para el 30 de noviembre próximo. Se pretende que el actual secretario general del Partido Colorado revele las razones que lo llevaron, durante su primera presidencia, a considerar los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz como episodios comprendidos dentro de la ley de caducidad, para promover el archivo de los expedientes judiciales respectivos. Conviene recordar que cuando se aprobó la ley de caducidad, tanto blancos como colorados sostuvieron que los casos de los dos legisladores no estaban comprendidos en los alcances de la ley, porque se descartaba que hubieran sido ordenados por los mandos militares.
Seguramente Sanguinetti tendrá información decisiva que involucra a los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz como actos de la guerra contra la subversión, cuyos excesos fueron piadosamente perdonados por ley. Deberá -o debería- detallar quién ordenó ejecutar a los dos legisladores como actos de servicio sometidos a la cadena de jerarquías de las Fuerzas Armadas. Si no existieran los elementos que prueban ese carácter institucional de los asesinatos, entonces resultaría que el presidente Sanguinetti utilizó la potestad de archivar los casos para favorecer a asesinos que no están amparados por la ley de caducidad.
Por el contrario, si los asesinatos fueron actos institucionales, como vendría a confirmar la versión del periodista Dinges, entonces se plantearía una novedad jurídica: por un lado, aquellos subalternos involucrados en los asesinatos estarían en principio amparados por la caducidad (tal es el caso de la supuesta complicidad de un ahijado del general Álvarez, cuyo cometido habría sido coordinar con el gobierno argentino la ejecución de los secuestrados). Pero pondría en evidencia que la caducidad no ampara a quienes dieron la orden, a los mandos que según la propia ley asumen la responsabilidad de los hechos.
En este sentido cobra doble importancia el protagonismo del general Álvarez en el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz, ya sea como participante directo en la trama que desembocó en los asesinatos, como en su carácter de jerarca. La orden firmada por Álvarez en 1978 dice textualmente en su literal dos: "Este Comando General, de acuerdo a la política oportunamente trazada, no permitirá ninguna forma de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión y si alguna actividad reñida con los derechos humanos se le adjudica, el suscrito se responsabiliza de haber dado la primer orden en tal sentido, por su condición de Jefe del Estado Mayor Conjunto en la época de referencia".
La responsabilidad del mando en la violación de los derechos humanos -que Álvarez admitía en 1978 y elude en 2004- lo involucra a él directamente en el caso de los asesinatos de Buenos Aires, y en las restantes desapariciones de la época, pero también involucra al entonces comandante en jefe del Ejército, general Vadora, y al propio presidente Bordaberry, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
La situación de Álvarez aparece seriamente comprometida y es muy posible que sea citado a declarar en el despacho del juez Timbal. El expediente parece destinado a cobrar un impulso decisivo una vez que el juez argentino Canicoba Corral envíe a su colega uruguayo los documentos desclasificados por el gobierno argentino sobre la coordinación de vigilancia de Michelini, Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira, vigilancia y persecución solicitadas por el gobierno de Bordaberry. Todo indica que Sanguinetti estuvo en lo correcto al adjudicar al caso Michelini-Gutiérrez Ruiz una responsabilidad institucional. Por lo tanto, las responsabilidades ahora se distribuyen entre el ex presidente Bordaberry, el ex canciller Blanco (que impulsó el acoso a los exiliados) y los mandos militares.
Blanco, Bordaberry y Álvarez han declarado total inocencia y desconocimiento, una actitud que sólo aprieta más la soga al cuello.