Andrés Soliz Rada
Rebelión

"Ahora deben hablar las regiones". Tal la expresión del Presidente Carlos Mesa, en respuesta al Proyecto de Ley de Hidrocarburos, de contenido nacionalista, aprobado el 20 de octubre pasado, por la Cámara de Diputados. Mesa no se refirió a todas las regiones, sino a Santa Cruz y Tarija, donde se ha concentrado la influencia de las petroleras. Las dirigencias cívicas de ambos departamentos, de acuerdo a lo previsto por el Jefe de Estado, rechazaron el proyecto y exigieron la realización inmediata de un referéndum que imponga el federalismo o las autonomías.
A fin de neutralizar la rebelión popular del 17 de octubre de 2003, que derrocó a Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), Mesa prometió referéndum, asamblea constituyente y una nueva ley de hidrocarburos que permita al país recuperar la propiedad de sus hidrocarburos, incrementar sus tributos al 50 %, industrializar el gas y re fundar YPFB. Desde entonces, sus esfuerzos se volcaron a incumplir sus promesas. El 20 de abril de 2004, envió al Parlamento un primer proyecto de Ley, que carecía de las características anotadas. El 18 de julio, se realizó el referéndum sobre los hidrocarburos, con preguntas tan confusas, que hacían prever el caos que hoy se vive. Días después, envió un segundo proyecto, denominado Ley Corta, por el que se facultaba al Ejecutivo a resolver, mediante reglamentos, los problemas centrales de la actividad petrolera. El nuevo borrador fue redactado por el asesor norteamericano J. Sallivan, previo pago de $US 123.000 (cedib.org, de 24-X-04). Un tercer borrador del Ejecutivo fue reemplazado por el Proyecto de los diputados al que hicimos referencia.
En forma previa, Mesa trató de condonar impuestos a las petroleras por 80 millones de dólares. Autorizó la monetización de parte de las acciones de los ciudadanos bolivianos que se hallan en manos del denominado Fondo de Capitalización Colectiva (FCC). Los puestos claves del manejo de la economía del país permanecen en manos de adherentes del "gonismo". Resulta curioso, por decir lo menos, el irrestricto apoyo que las dirigencias cívicas de Tarija y Santa Cruz brindaron en todo momento al ex presidente GSL, quien nunca disimuló su apego al centralismo como forma de controlar al país, en tanto que esas mismas dirigencias enfrentan a Mesa, a veces muy duramente, pese a que este proclama su adhesión al proyecto autonomista.
Los "barones" del estaño (Patiño, Hoschild y Aramayo), impusieron la visión centralista de la República, quienes, aliados a los latifundistas del altiplano y valles, consolidaron el poder de la oligarquía minero-feudal, que sometió a Bolivia hasta la revolución del 9 de abril de 1952. La derrota de la revolución nacional impulsó el poderío económico de GSL, quien, como heredero de los "barones" del estaño, hizo prevalecer su visión centralista, en virtud de la cual la economía boliviana debía girar alrededor de la minería. Se deduce, de lo anterior, que las dirigencias cívicas de Santa Cruz y Tarija están siendo utilizadas por transnacionales, cuyos intereses son ajenos a los del país. Así el eje Mesa, cívicos y petroleras, respaldado por embajadas de países imperiales, organismos internacionales y los presidentes de Brasil y Argentina, busca impedir que Bolivia cuente con una ley que detenga la succión de sus recursos energéticos.
En estos momentos, nuevos gasoductos se están construyendo de Argentina a Bolivia. Antes del referéndum (es decir sin consultar a la ciudadanía), Repsol Bolivia reanudó, a precios subvencionados, la venta de 4 millones de metros cúbicos diarios (MCD) a Repsol Argentina y Petrobrás. Esta operación contó con el apoyo del opositor Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales. Sin esperar la nueva Ley de Hidrocarburos, el volumen anterior fue aumentado a 6.5 millones de MCD. El 14 de octubre último, Kirchner y Mesa suscribieron una carta de intenciones para asegurar otro incremento que llegará a 20 millones de MCD adicionales, apenas los gasoductos estén concluidos. El eje de referencia coincide en el apuro de llevar el gas boliviano a México y EEUU. Las autonomías, basadas en la necesidad de construir una sociedad más justa y participativa, deberían servir para estructuras un bloque defensivo frente a las petroleras y no para astillar al país por tratar de defenderse.