Autonomia agitada por petroleras

Antonio Peredo Leigue

Repitiendo el entrampamiento que le obligó a firmar un compromiso electoral para llevar el gobierno a Sucre, el presidente Carlos Mesa declaró que apoyará e impulsará el referéndum por la autonomía regional exigido por el comité cívico de Santa Cruz.

Formado y dirigido por los empresarios de esa región, que siempre han asumido posiciones separatistas, el Comité Cívico pro Santa Cruz, está agitando una vez más la exigencia autonomista, apoyada ahora por su par de Tarija, cuyo dirigente es conocido por su apego a los intereses de las transnacionales petroleras.

La intención regionalista está claramente orientada a preservar los exagerados beneficios que tienen las empresas extranjeras que manejan el negocio de los hidrocarburos en Bolivia. El argumento es que, si se modifican los contratos, las empresas se irán y el país perderá incluso los pocos ingresos que actualmente tiene, buena parte de los cuales se entregan directamente a las regiones productoras. Por supuesto, ese argumento lo esgrimen las propias empresas, pero tiene, aparte del apoyo comiteísta, el del mismo gobierno de Carlos Mesa.

El negocio en peligro

Un negocio que, en las condiciones actuales, ronda los mil millones de dólares, reporta a Bolivia una cifra inferior a los 90 millones. En algún momento, hace más de un año, un representante de las petroleras hizo una sincera confesión: el riesgoso negocio del petróleo (que abarca al gas) es bueno, si tiene un beneficio de 3 a 1; hay contratos muy ventajosos que suben ese beneficio a 10 por 1; en Bolivia, los rendimientos son muy superiores.

Lo que pide el pueblo, según votó en el referéndum del 18 de julio, es el 50 por ciento del valor en boca de pozo. Manteniendo los niveles actuales, el beneficio nacional sería de alrededor de 200 millones de dólares.

Esto es lo que escandaliza a las empresas, que trajeron a un alto funcionario del gobierno norteamericano para amenazar al país con la aplicación de sanciones. Los empresarios cruceños toman banderas a favor de las explotadoras; los comiteístas de Tarija corean muy entusiasmados la consigna empresarial: ¡el negocio está en peligro!, ¡hay que impedir que la plebe se beneficie!

Autonomía a todo dar

No podían haber encontrado argumento más perverso que la bandera autonomista, para defender a los consorcios internacionales.

La autonomía es un proceso que se orienta a descentralizar un poder que, en Bolivia, se ha hecho perjudicial al desarrollo nacional. Regiones autónomas que emprendan el desarrollo con fuerzas propias, contando con el apoyo del conjunto nacional.

Pero no es así como los comiteístas ven el tema. Han proclamado que quieren la autonomía para decidir, por su cuenta, qué hacer con los hidrocarburos. Es decir, lo que quieren es que los empresarios locales lleguen a arreglos con las transnacionales para continuar el manejo de esta riqueza en las condiciones actuales y, talvez, sobredimensionando los volúmenes de explotación.

En esas condiciones, ya no se trata de autonomías. De lo que se trata es de una política separatista. Tan clara es tal postura, que los separatistas han anunciado que, si su demanda no es atendida, convocarán a un referéndum local e incluso a una Asamblea Constituyente de Santa Cruz, talvez con el acompañamiento de sus pares de Tarija. Mal hace el presidente Mesa en asumir posición al lado de esa exigencia, claramente desintegradora del país.

Ni Ley propia ni Constituyente soberana

Los abanderados de esta posición, de hecho, quieren convertir al país en un protectorado en el que, tal cual sucede en Puerto Rico, las leyes sean dictadas en la metrópolis y la soberanía sea una palabra vacía de sentido.

No se trata, por supuesto, de la pesadilla indigesta de un grupo de empresarios. La causa esencial es la explotación del gas. Este negocio ha motivado ya dos guerras de ocupación en Asia y toda una política de desestabilización contra el gobierno de Chávez, en Venezuela. En Bolivia, bien puede llevar a un golpe de estado, a la agitación regional, a la intervención extranjera e incluso al separatismo. Ya sufrimos, en el pasado, varios desmembramientos, por la codicia de las riquezas naturales (salitre, guano, caucho, petróleo).

La aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos y la realización de la Asamblea Constituyente, son la garantía de que no aceptaremos las imposiciones de las empresas petroleras.