El procurador Alberto Novoa compareció ayer junto a Macario Estrada, abogado defensor de Bolaños, para fijar la posición del Poder Ejecutivo.

XAVIER CASTRO *

Ortega: Bolaños debe renunciar a su inmunidad, pero no asegura si diputados sandinistas votarán por su destitución * Afirma que el Presidente se esconde "debajo de las faldas" de la embajadora de EU * A pesar de todo, sigue considerando viable el diálogo con Bolaños * Novoa: Asamblea Nacional no tiene facultades para destituir al Presidente de la República como lo pide la Contraloría * Versiones contradictorias sobre el origen y destino de cheques que usó Bolaños en su campaña * En toda forma el Presidente puede ampararse contra la resolución * Navarro: Directiva debe nombrar una Comisión Especial y si no lo hace, pueden ser destituidos como ya ocurrió en el pasado reciente * Estira la facultad de la Asamblea para declarar incapacidad del Presidente de la República * Intenta separar al PLC de los cheques que cuestiona la Contraloría Ejecutivo descalifica resolución CGR: "Golpe de Estado técnico" * Abogado de Bolaños expone detalles de los cheques que envió a los contralores, pero esto los califica de "medias verdades" * Tramitarán petición de destitución el lunes, mientras Novoa argumenta que diputados no tienen facultades para destituir al Presidente La Asamblea Nacional no tiene las facultades para destituir al presidente Enrique Bolaños, como lo pidió el jueves la Contraloría General de la República (CGR), porque la ley no faculta a los diputados para tomar esa decisión, según expuso ayer el Procurador General, Alberto Novoa.
En una polémica solución, la CGR pidió la destitución del Presidente, al sancionarlo con dos meses de su salario por negarse a brindar información sobre el origen de algunos fondos que se usaron en su campaña electoral de 2001.
Esta acusación, sin embargo, fue desmentida ayer por Macario Estrada, apoderado legal de Bolaños, quien manifestó que el mandatario sí informó a la CGR, las cuentas cuestionadas.
Estrada dijo que el 2 de abril de 2003, el Banco Calley Dagnall remitió a la entonces jueza Juana Méndez, la información sobre las transferencias de dinero, estados de las cuentas y copias de minutas y cheques, que se emitieron para la campaña electoral, hace tres años.
Medias verdades Pero lo dicho por Estrada son "medias verdades" para el contralor Luis Ángel Montenegro, "porque la información que envió el Caley Dagnall fue incompleta".
"La información que solicitamos al Banco fue la relacionada al nombre de los que depositaban en las cuentas, pero ellos nos enviaron las minutas donde no aparecían los nombres de los depositantes, sólo el número de cheques y el monto en cada cuenta. Después argumentaron que habían sufrido un desperfecto en su sistema, por eso no tenían la información solicitada", dijo Montenegro.
Estrada mantiene que Bolaños cumplió con lo que le solicitó la CGR y recordó a los contralores que el Presidente estaba siendo tratado como testigo, no como auditado en la investigación de la CGR sobre los delitos electorales.
Según Estrada, la resolución de la CGR se debe a un "capricho de los cinco contralores, que responden a Alemán y Ortega". Dijo que Bolaños respondió un cuestionario que le envió la CGR.
Institucionalidad en crisis Novoa afirmó que a partir de esta decisión, la institucionalidad del país está en crisis, argumentando que la CGR pone la voluntad del 54 por ciento de los nicaragüenses bajo ataque.
"Lo digo con toda seriedad. La crisis es severa. El frágil Estado de Derecho se tambalea aún más, sobre todo porque hay voces en la Asamblea Nacional que hablan de destituir al presidente de la República", dijo tras hacer un llamado a la mesura y la ponderación.
Para Novoa, lo que hay detrás de la resolución del ente fiscalizador es un "Golpe de Estado Técnico", que tratará de destituir al mandatario, sin embargo, está confiado, que la mayoría de la población apoye al jefe de Estado.
El Procurador dejó claro que en la parte técnica y jurídica se va a establecer la responsabilidad objetiva de los funcionarios, porque en el informe remitido en su momento por la jueza Méndez, aparecen unas 30 personas y como responsable de la Procuraduría emitirá un dictamen apegado a Derecho.
Puede ampararse La resolución de la CGR la enviarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), a la AN, al juez primero distrito del crimen --donde está el proceso por delitos electorales-- y a la fiscalía, hasta el lunes.
Luego esas instancias --según Montenegro-- tienen un mes para pronunciarse.
Pero Bolaños puede recurrir de Amparo ante el Tribunal de Apelaciones, como lo hacen la mayoría de los sancionados por el ente fiscalizador.
Fuente: El nuevo diario