Ni nacionalización ni entreguismo total. La Comisión Mixta de Desarrollo Económico del Parlamento presentó hoy a consideración del plenario el proyecto de nueva Ley de hidrocarburos, que va mucho más lejos de lo que quisiera el gobierno neoliberal de Carlos, pero se queda muy por debajo de las expectativas de las organizaciones sociales y laborales que exigen la nacionalización del gas y el petróleo.

Los representantes de la Comisión, Santos Ramírez y Dante Pino, aseguraron que esa propuesta no es irracional - como aseguró el Poder Ejecutivo - porque reúne las aspiraciones del pueblo boliviano de recuperar la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, refundar parcialmente la empresa estatal YPFB y alcanzar el 50% de regalías.
"Quienes están diciendo que nosotros no somos responsables ni racionales le están diciendo al país que debe seguir con la cabeza gacha", reclamó el diputado Dante Pino de la derechista Nueva Fuerza Republicana. El diputado socialista Santos Ramírez protestó:
"Lo irracional es que el gobierno prefiera el interés petrolero y no el interés nacional".
Horas atrás, el Ministro de la Presidencia, José Galindo, había expresado la preocupación del gobierno por el proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos que maneja la Comisión del Congreso porque, dijo, es "irracional y provocará el aislamiento de Bolivia de la cooperación de la comunidad internacional". "Esa ley no beneficia a los bolivianos", dijo al demandar que los parlamentarios neutralicen la propuesta de la Comisión y, por el contrario, apoyen la del Ejecutivo.

Según Santos Ramírez, que es diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, la diferencia fundamental entre la propuesta de la Comisión y del Ejecutivo se da en el campo de la tributación. La del Congreso obligaría a las petroleras extranjeras a entregar anualmente 130 millones de dólares más de lo que plantea el proyecto del Ejecutivo.
Ambas proyectos, sin embargo, dejan en manos de las transnacionales como Repsol, Petrobras, Vintage, Shell, British Petroleum y otras, la propiedad efectiva de las reservas de más de 52 trillones de metros cúbicos de gas y 900 millones de barriles de petróleo, valoradas en más de cien mil millones de dólares. Estas propuestas garantizan, además, la exportación de gas como materia prima a los mercados de Argentina, Brasil, México y Estados Unidos, negocio ampliamente favorable a las transnacionales. Dos aspectos que habían sido cuestionados y rechazados por la población que hace un año, en pos de la renacionalización del gas y el petróleo, habían derrocado al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Por ello, las organizaciones sociales y laborales han comenzado a presionar sobre el Congreso para lograr recuperar los más de cien mil millones de dólares de reservas de manos de las petroleras. Así, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado de emergencia para este martes para organizar acciones de masas contra el Parlamento y el gobierno.
Los trabajadores exigen una verdadera nacionalización que significa el retiro de las petroleras extranjeras y control total de la industria en manos del Estado. El dirigente de la COB, Jaime Solares, dijo que el Congreso y el Ejecutivo están burlando la voluntad popular y olvidando el "sacrificio del pueblo, que fue masacrado en octubre por la industrialización y nacionalización de los recursos naturales".