Presos Políticos chilenos:
Ley de Indulto en la encrucijada

Pablo Ruiz y Arnaldo Pérez Guerra (*)
kamarikun@yahoo.com / aperezguerra@yahoo.es

El lunes 5 de enero, monseñor Alfonso Baeza -Vicario de la Pastoral Social-, junto a Irma Véliz, Alejandra Morales y Cecilia Leiva -familiares de presos políticos recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS)-, la ex presa política María Cristina San Juan y el abogado de derechos humanos Alberto Espinoza, volvieron a hacer un llamado a los senadores a votar favorablemente el Proyecto de Ley de Indulto que permitiría liberar a los presos políticos que llevan más de 10 años encarcelados.

En la concurrida conferencia, que se realizó en la sede de la Pastoral Social, se leyó un comunicado en el que el padre Alfonso Baeza y la Agrupación de Familiares y Amigos de Presos Políticos (AFAPP) expresan que "en la discusión de este Proyecto de Ley de Indulto, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, intervinieron senadores de todos los Partidos Políticos sin que ninguno de ellos se opusiera a la necesidad de legislar sobre esta materia, es más, los senadores Carlos Bombal y Hernán Larraín de la UDI se han manifestado desde su comienzo a favor de esta iniciativa y lo han expresado públicamente y sin condiciones de ninguna naturaleza, descartando toda posibilidad de tratar la Libertad de los Presos Políticos como se ha denominado ‘moneda de cambio’. Asimismo, la Comisión escuchó los planteamientos del Auditor General del Ejército, general Juan Romero, quien expresó que ‘esta iniciativa tiene un propósito desde el punto de vista humanitario, que es muy atendible’".

De acuerdo a la información entregada por el abogado Alberto Espinoza, "el proyecto legislativo cuenta con el apoyo de los 24 votos de los senadores de la Concertación, del senador independiente Nelson Ávila, del senador institucional Enrique Zurita, y de los senadores de derecha Hernán Larraín, Carlos Bombal, Juan Antonio Coloma, Jovino Novoa y Sergio Fernández, quienes nos han manifestado personalmente su apoyo", agregando que: "Yo espero que los senadores cumplan los compromisos adquiridos. Se trata de un problema humanitario. Se trata de un problema de justicia... Se trata de un problema que ha afectado a un grupo importante de personas que han sufrido la cárcel en términos bastante duros y estrictos como es el sistema de una Cárcel de Alta Seguridad. Han soportado procesos extraordinariamente irregulares: procesados por la Justicia Militar, varias veces condenados por los mismos hechos. De modo que la fundamentación de este proyecto de ley da motivos suficientes para que los senadores de la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, de la Concertación y los institucionales le den luz verde".

Hasta la fecha, el Proyecto de Ley de Indulto ha sido postergado en seis oportunidades; se argumenta que por la falta de votos que le den viabilidad legislativa. Recordemos que el proyecto contaba con los auspicios de la derecha, que hoy ha condicionado su respaldo a que también se favorezca a los militares procesados por violaciones a los derechos humanos. Lo dice la prensa de todos los tintes: El Mercurio, La Nación, El Mostrador, La Tercera, etcétera. De acuerdo a esa lógica, la derecha habría manifestado la "conveniencia" que el Proyecto que beneficia a la mayoría los presos políticos sea discutido junto con los otros proyectos de derechos humanos, que se comenzarán a sancionar a partir de marzo. Para nadie es un misterio que la derecha intente vincular el Proyecto de Ley de Indulto con la Propuesta de Derechos Humanos, que hasta ahora van por carriles separados. De no revertirse esta situación, el Proyecto de Ley de Indulto inevitablemente se cruzará con la discusión de dar o no indultos, inmunidad y rebajas de penas a los violadores de los derechos humanos que entreguen información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, demuestren arrepentimiento por sus crímenes de lesa humanidad o aporten los antecedentes que espera la justicia para resolver algunos casos emblemáticos.

Monseñor Alfonso Baeza expresó al respecto su deseo: "no se puede negociar la libertad de gente que lleva 12 años presa con otros proyectos: Unos se refieren al pasado y otros se refieren a personas que están vivas, que están aún encarceladas. Esto no es para hacer ‘negocios’, no es una ‘moneda de cambio’". María Cristina San Juan, por su parte, quien debió permanecer 9 años encarcelada y hoy se encuentra en "libertad condicional", señaló que "ante la eventualidad que la derecha pretenda utilizarlos para negociar sus reivindicaciones; los presos políticos no aceptarán ser usados como ‘moneda de cambio’ para la impunidad de los criminales". Alberto Espinoza agregó que la Ley de Indulto "bajo ningún punto de vista puede ser calificada por la opinión pública como un acto de impunidad. Son 12 años de cárcel, en algunos casos aún con procesos abiertos, de modo que este indulto legislativo no viene más que a ser una acción de reparación y de justicia".

Finalmente, la votación fue pospuesta: esta vez para el martes 20 de enero. Hoy se dice que el gobierno se está jugando a fondo todas sus cartas para "obtener los votos suficientes" y "evitar más dilaciones". El ministro José Miguel Insulza fue mandatado para negociar y conseguir un acuerdo con los senadores de la UDI y RN, pues se corre el riesgo de no obtener el quórum y ver postergado el proyecto en un año legislativo.

Si bien el Proyecto de Ley de Indulto condena adicionalmente a los presos políticos que puedan acogerse a él a "5 años de arraigo y libertad vigilada" y los obliga, como condición para recibir el beneficio, a hacer una carta de "renuncia al uso de la violencia como método de acción política", la mayoría de los presos políticos ha aceptado este Proyecto de Ley como un instrumento real que les puede posibilitar su libertad ante la inviabilidad de una salida jurídica, legislativa o política más justa.

Pero el Proyecto de Ley de Indulto no resuelve el problema de la prisión política: un pequeño puñado de presos políticos no será beneficiado pues no reúne sus requisitos. La prisión política no ha terminado: 15 presos mapuche y más de 500 comuneros mapuche procesados dan muestras de ello. La prisión política para los mapuche recién comienza. Los mapuche han sido excluidos de este espíritu de justicia y reparación que pretenden hacer los legisladores: ¿Tendrán que esperar 10 años más?


(*) ex presos políticos. Redactores de www.libertad.ya.st
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Pablo Ruiz y Arnaldo Pérez Guerra (*)
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