A un mes y medio del incendio en la mina de Río Turbio, que costó la vida a 14 mineros, está claro que la falta de inversión y de mantenimiento desde hace diez años fue determinante para una tragedia de la que el Estado nacional también es responsable. Hoy, todo indica que los genuinos culpables quedarían impunes

RIO TURBIO, Santa Cruz.- La mina no está abajo. Está arriba del suelo y sobre el nivel del mar porque la mina es un cerro, un largo cerro cubierto de pasto y manchones de nieve que atesora 580 millones de toneladas de carbón atravesados por 150 kilómetros de galerías excavadas desde 1943.
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Desde la puerta del hospital, Rosario Gaitán habla mirando el cerro verde de entraña negra que por pocos segundos le perdonó la vida y lo dejó escapar la noche del 14 de junio.
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"El humo del incendio no me dejaba ver ni respirar. Caminábamos a ciegas escapando con mis compañeros por la galería, tomados de las manos y la ropa, cuando tropecé con uno que estaba caído y nunca más se levantó. Me caí y conmigo cayeron otros que tampoco se levantaron. Contarlo es una cosa... vivirlo fue terrible. Todavía sueño que hablo con ellos."
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Aquella noche murieron asfixiados catorce compañeros y amigos de Gaitán. La peor tragedia en la historia del yacimiento.
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La agonía fue rápida, unos pocos minutos, pero la investigación de las causas y la búsqueda de los genuinos responsables podrían ser muy largas. A menos, coinciden varios entrevistados, que se elijan uno o dos chivos expiatorios que viven aquí y cargarían con las culpas de lo ocurrido en una empresa que opera en la provincia del Presidente y depende de la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal. Apenas ocurrió la catástrofe, su titular, el ministro Julio De Vido, se instaló en Río Turbio varios días.
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Un mes y medio después aún se ignora qué ocurrió, importantes testigos no fueron llamados a declarar y ningún familiar de los muertos se presentó como querellante en el expediente de mil fojas del juez federal de Río Gallegos, Gerardo Caamaño, quien adoptó recaudos para que no se altere la escena y pueda realizarse un demorado peritaje que demandará dos meses debido al derrumbe de la zona afectada.
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El contexto es tan denso como el humo que ahogó un túnel llamado Unión 9 y parte de las galerías 1P5 y 2P5.
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Así como el cerro del que viven los 15.000 habitantes de la cuenca carbonífera no tiene nombre -aquí sorprende la pregunta, el cerro es "la mina" a secas-, la empresa que maneja la mina no existe. No tiene figura jurídica desde hace dos años, cuando se canceló la concesión a una firma privada y el Estado Nacional recuperó lo que alguna vez fueron los Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) y hoy son una nada jurídica. El yacimiento nunca fue rentable, salvo de 1994 a 2002, lapso de la concesión otorgada a Sergio Taselli, y sólo porque el Estado le dio al empresario italiano subsidios por 163 millones de pesos para pagar los sueldos de 1300 mineros y empleados y le garantizó un precio sostén dos veces superior al internacional para venderle a un único cliente cautivo, la Central Térmica de San Nicolás.
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"Aquí fallaron los equipos de la Unión 9, tal vez un transformador, o la cinta que saca el carbón, y eso porque durante ocho años no hubo inversiones ni mantenimiento. Los equipos están desgastados en un 60 por ciento. Pero los responsables son todos los secretarios de Energía desde el gobierno de (Carlos) Menem hasta hoy", afirma el intendente Matías Mazú.
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En esto coinciden todos, sólo que varios extienden el lapso de la falta de inversiones y mantenimiento a diez años para incluir los últimos dos en que la Nación volvió a hacerse cargo de la mina. Diez días antes de la tragedia, Kirchner fue a la mina y anunció inversiones por 320 millones de pesos. Demasiado tarde. En diciembre, De Vido había prometido casi cien millones, de los cuales sólo llegaron 7,5 millones.
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El Presidente no es muy popular entre los mineros, que le hicieron numerosos paros y movilizaciones en sus años de gobernador. "Llegamos a tomar la Legislatura en Río Gallegos, pero jamás nos recibió", recuerda el minero Raúl Wanzo, dirigente de la Lista Negra de ATE.
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La concesión a Taselli ocurrió durante la gobernación de Kirchner, y si bien fue una decisión de la Nación, Santa Cruz retuvo el poder de policía laboral y el control de la Seguridad. Curiosamente, la Dirección de Relaciones Laborales y Accidentes de Trabajo de la Subsecretaría de Trabajo provincial está vacante.
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Un año después de iniciada la gestión privada de Taselli se creó una Comisión de Fiscalización que incorporó un representante de Santa Cruz: Daniel Cameron, actual secretario de Energía de la Nación.
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"La Comisión no tenía poder de resolución", explica uno de sus ex integrantes que, si bien admite que el período de Taselli "es indefendible", agrega que "hace dos años que el responsable es la Nación". Durante la mayor parte de esos dos años el interventor del yacimiento fue el santacruceño Eduardo Ariel Arnold, hoy diputado nacional.
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"Lo recibimos sin los subsidios y el precio sostén de Taselli -cuenta Arnold-, pero la urgencia era volver a producir. El presupuesto era exiguo y más del 90% se iba en sueldos. Logramos levantar algo que después de las atrocidades de la concesión era una porquería."
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A Arnold lo siguió otro interventor, reemplazado días después del incendio por Daniel Peralta, un hombre de confianza de Kirchner que asumió con rango de secretario de Estado. Cuando era subsecretario de Trabajo provincial, Peralta le cerró la mina a Taselli durante cincuenta días. "Le dije que la seguridad era cero. Pero finalmente -se lamenta Peralta, que el 14 de junio era diputado provincial- ocurrió la escena que quise evitar: el llamado a la noche, el bolsito y el viaje a Turbio".
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Peralta reconoce que "no hay empresa. Hoy la empresa soy yo. El Estado la retomó pero no está consolidada jurídicamente". La razón es que no existe un YCF residual. "Hay que remontar diez años de desinversión y falta de mantenimiento. Los anteriores interventores hicieron lo que pudieron con los recursos que les asignaron -agrega-. Taselli había hecho un emprendimiento financiero, no minero, pero la culpa de sus tropelías la tuvo una concesión mal armada."
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Un informe lapidario de la Auditoría General de la Nación, que también cuestionó a la Comisión de Fiscalización, y una serie de denuncias penales radicadas hace tres años en el juzgado de Caamaño, marcaron el fin de la concesión a Taselli. Las causas se unificaron bajo dos figuras, dice una fuente judicial: "estafa agravada y contrabando".
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"No es verdad que me sacaron la concesión. Yo la dejé en 2002 -replica Taselli- porque cortaron el subsidio para los sueldos durante un año. Y dejé la mina en perfectas condiciones. La cinta donde dicen que empezó el fuego la puse yo. Pero no creo que el problema fuera la cinta, ni el transformador, que es antiexplosivo y no requiere mantenimiento. Yo creo que al iniciarse el incendio no le dieron importancia y no impidieron el ingreso del tercer turno de mineros, ni les ordenaron salir por atrás, no por adelante."
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En este último punto es en lo único en que coinciden dos enemigos jurados como Taselli y Wanzo: ¿por qué se propagó el fuego?
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"Exceso de confianza"
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Con la condición del anonimato, un importante protagonista asevera sin dudar: "Hubo un exceso de confianza de los mineros. Minimizaron el incendio, y después ya era tarde porque se habían cortado las comunicaciones. Habrá que determinar, también, cómo se ordenó la evacuación".
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El gobernador Sergio Acevedo no descarta problemas en las condiciones de seguridad: "Luego de la concesión tal vez sólo se priorizó volver a producir". Varios contraponen la actitud diligente de Acevedo en la mina en los peores momentos, con el despliegue inútil de los funcionarios nacionales con sus 4 x 4 y sus teléfonos satelitales.
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Quizá las decisiones más difíciles -dilemas, en realidad-, tuvo que asumirlas en las peores condiciones el jefe de Seguridad, Eduardo Schabner. Por ejemplo, apagar durante más de una hora un ventilador. Si no lo apagaba, se avivaba el fuego. Si lo apagaba, no salía el humo. Aunque un especialista explica que la decisión fue la correcta porque el ventilador no hubiera extraído todo el humo.
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"Acá van a acusar a perejiles para evitar la responsabilidad del Estado Nacional", afirma Luis "El Angel Negro" González, dirigente de la Lista Negra de ATE, otro denunciante de Taselli junto con Dino Zaffrani, abogado defensor de los derechos humanos cercano a la Lista Negra y vicepresidente de la Asociación de Abogados de Río Gallegos.
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"Sí, temo que elijan chivos expiatorios. Hace tres años que pedimos la indagatoria de Taselli en la causa de estafas -cuenta Zaffrani- y no pasa nada. Para que se haga una idea: a uno de los mineros muertos, Silverio Méndez, Arnold lo había denunciado por calumnias. Y a mí me denunció Kirchner, pero luego retiró la querella."
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Los mineros Méndez y Wanzo trabajaron con técnicos de la UBA en un proyecto para generar combustibles sintéticos a partir del carbón. Méndez ya no podrá ver en marcha ese proyecto que Wanzo dibuja en un papel y que podría decidir el futuro de la mina, hoy paralizada hasta que se limpie la zona del derrumbe. Pero más que el dibujo impresiona una definición de Wanzo, que rescató a varios mineros: "Trabajar en la mina es trabajar en el cañón de un fusil. Y no cobramos plus por trabajo insalubre y peligroso. Gano mil pesos y un boletero del subte gana mil doscientos."
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Wanzo asegura que no había procedimientos de emergencia.
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Los catorce mineros que murieron habían tratado de salir por la galería a bordo de un camión con 36 compañeros: entre ellos, Gaitán y Segundo Tejada. Las galerías revestidas con arcos de hierro y tablas de eucalipto son anchas y permiten el paso de camiones.
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"Yo recién había entrado con el tercer turno -recuerda Tejada- pero adentro nos dijeron que esperáramos porque no había energía. Mientras tanto, Silverio Méndez llamó a Nicolás Arancibia, que también murió, y le dijo: ?Che, está llegando mucho humo´, y Arancibia le respondió: ?Sí, pero es de la cinta, no de los equipos eléctricos´. Estas cosas son importantes, igual que otras que escucharon los compañeros, pero a mí y a otros todavía no nos llamaron a declarar."
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El humo impidió el avance del camión de Tejada y los mineros siguieron a pie sin ver nada. Al borde del desmayo, Gaitán escuchó la voz de Wanzo que lo animaba a avanzar. Tejada también escuchó voces de aliento desde atrás del humo. "Sabía que iba a morir pero igual avancé con las rodillas que se me doblaban hasta que alguien me agarró del brazo. ¿Sabe que todo esto pudo evitarse?", cierra Tejada.
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Gaitán, Tejada y 120 mineros inhalaron demasiado humo y deben hacerse estudios periódicos en el hospital para saber si tienen secuelas. Con 62 años y 31 en la mina, Tejada, riojano, gana mil pesos.
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Tres de los muertos eran chilenos -la mina está a pocos kilómetros de la frontera-, y por ahora sus familiares son los únicos, según el abogado Zaffrani, que piensan constituirse en querellantes.
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Turbia como el río que da nombre a la mina, intrincada como su red de galerías, así se presenta la búsqueda de la verdad y de los verdaderos responsables en este olvidado rincón del Sur.