Juicio al preso político vasco Josu Lariz Iriondo

El propio fiscal Argentino, que representa al gobierno Español en el juicio, reconoce que la mayoría de las imputaciones contra el detenido están "prescriptas"

Resumen Latinoamericano

El fiscal argentino Eduardo Freiler ­que representa al gobierno español en el juicio por extradición contra el preso político vasco Josu Lariz Iriondo- manifestó durante la segunda sesión del juicio celebrado en los tribunales de Comodoro Py que los delitos que le imputan -«tentativa de homicidio» y «pertenencia a banda armada»- están prescriptos. En caso de que el magistrado Claudio Bonadío accediera a la petición de extradición por el delito de «estragos» (único de los pedidos que consintió debido a que según su interpretación aun no ha prescripto) el fiscal demandó que «se exija a España que Lariz no sea ni incomunicado ni torturado».
Por otra parte, la defensa, por la voz del abogado Eduardo Soares, pidió «la nulidad del proceso porque responde a una operación política». Desde el exterior, y a través de una carta, el Relator de la ONU para los Derechos Humanos Theo van Boven reclamó que se garanticen sus derechos. Es el mismo Relator que en varias oportunidades denunció al gobierno español por violaciones reiteradas de los derechos de los presos y también por los flagrantes casos de torturas que se producen en las acciones de detención de ciudadanos vascos.
Durante la primera sesión del juicio contra Josu Lariz Iriondo, los testigos aportados por la defensa dejaron bien establecido que lo que ocurre en el País Vasco es un conflicto de características políticas y que en función de ellos en innumerables ocasiones se produjeron acciones de Terrorismo de Estado. Desde la creación por parte de importantes integrantes del staff gubernamental español, de los tristemente célebres GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), que asesinaron y secuestraron a numerosos ciudadanos vascos que se hallaban refugiados en el denominado País Vasco francés, hasta la aplicación sistemática de la tortura a los detenidos.
También se ilustró minuciosamente la política por parte del gobierno español de ilegalizar a todas las organizaciones políticas, sociales y culturales del independentismo vasco. Asi también, uno de los testigos insistió en que los jueces españoles hacen caso omiso a las denuncias de torturas por parte de los detenidos. Y se habló explícitamente de un cuartel de la Guardia Civil Española, el de Inchaurrondo, al que por los vejámenes y sevicias cometidas contra detenidos, se lo conoce como ³la ESMA² del País Vasco.
Capítulo importante de esa primera jornada fue el alegato del propio Lariz Iriondo, quien después de relatar con lujo de detalles su historia de vida y explicar por qué se considera inocente de las acusaciones vertidas contra él por el juez Baltasar Garzón, terminó dirigiéndose a Bonadío. Exhortándolo a que después de todo su alegato si bien no le pedía que se ponga una ³txapela² (boina) y piense como un vasco, que por lo menos tampoco se ponga la Corona española².
El alegato culmino con una cerrada ovación del público que colmaba la Sala de Casación, una de las más grandes del Tribunal.
En la segunda y última jornada, el fiscal Eduardo Freiler consideró prescriptos los delitos que se le imputan a Lariz y afirmó que, en caso de concederse la extradición, ésta no puede ser motivada por las acusaciones de «tentativa de homicidio» y «pertenencia a banda armada». Junto a ello, Freiler declaró que «como ciudadano» siente «preocupación e indignación» por el modo en que Lariz llegó a Argentina.
La defensa, por su parte, demandó la «nulidad del proceso porque hubo una maniobra política y todo esto responde a una persecución política». También subrayó que «ha quedado patente el riesgo de sufrir maltratos» y que por «estragos» no se puede conceder una extradición. No obstante, si se tomara en consideración este delito, sostuvo que «no se cometió en territorio argentino, por lo que debería ser puesto en libertad provisional al tratarse de un delito 'menor'».
Entre las declaraciones de los testigos de esta jornada, destacó la de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, quien dio por cierta la existencia de torturas a los detenidos durante los ultimos gobiernos españoles. Relató su papel de mediador ­durante un año y medio- entre la organización ETA y el gobierno español durante el año 1994. Allí intentó avanzar en el acercamiento d e las partes, incluso con una tregua de la organización armada. Pidió también en ese momento, que el gobierno español se comprometiera ­como gesto de buena voluntad- a trasladar los presos políticos vascos a las cárceles vascas. Toda esta gestión le permitió conocer muy bien la situación de malos tratos en las prisiones, así como la política de dispersión de los presos políticos (la gran mayoría de ellos se hallan en cárceles muy distantes de sus lugares de origen, en el Estado español y Francia).
Toda esta intermediación se frustró totalmente con la llegada de Aznar al gobierno quien sólo optó por la vía policial para resolver el conflicto y la consabida represión al movimiento independentista.
Perez Esquivel dijo también que conocía muy bien al movimiento independentista vasco y también reseñó los intentos ­por parte de la dictadura franquista- de anular otras culturas, además de la vasca, como la catalana y la gallega.
En declaraciones posteriores a la prensa , Perez Esquivel pidió que el Gobierno de Néstor Kirchner «debe otorgar el refugio político» a Lariz.
Afirmó que el conflicto «entre el Estado español y los vascos es político» e incidió en «los intentos del PP por presentarlo como algo policial».
A modo de prueba, además, se presentaron los últimos informes de Amnistía Internacional y el elaborado por el Relator Especial de la ONU para la Tortura, Theo van Boven, quien envió una carta dirigida al juez Bonadío indicando que «si se produce la extradición, Lariz no puede ser incomunicado y debe tener contacto con sus abogados de confianza».
Mientras esto ocurría en el interior de los Juzgados bonaerenses, afuera se movilizaban varios miles de personas, entre las que había varios diputados y representantes políticos, además de contarse en la primera jornada con la asistencia de Hebe de Bonafini de las Madres de Plaza de Mayo, quien insistió en que si se extraditara a Lariz ³se cometería una injusticia atroz² y pidió al gobierno de Kirchner que no se deje chantajear por las privatizadas españolas.
Por su parte el abogado vasco (llegado especialmente para este juicio) Joseba Agudo hizo hincapié en que «han quedado muy patentes la persecución política que hay contra Lariz y las denuncias de torturas».
En la extensa declaración judicial del martes, el propio Lariz relató los motivos que le llevaron a abandonar su pueblo y trasladarse a Biarritz, donde vivió hasta 1988. «Ese mismo año, hay un clima de terror y pánico entre los refugiados políticos vascos por la impunidad con las que los GAL actúan bajo los gobiernos de Mitterrand y Felipe González, que firman un Tratado de Cooperación. En virtud del mismo, el Estado francés nos quita la carta de trabajo y los documentos de identidad, y comienzan a deternos y expulsarnos sin que medie ningún proceso de extradición».
«Un día quedamos con unos amigos refugiados que a la salida del trabajo nos encontraríamos a ver un partido de fútbol en el Monbar de Baiona. Antes de salir de casa recibo la visita de unos amigos y cambio de planes. Esa misma noche, entran dos personas con metralletas y matan a cuatro refugiados.
Luego de esto, viendo que no podía ni salir a la calle, decidí irme a otro país», manifestó.
Saltando en el tiempo, rememoró lo sucedido en 1992 en Montevideo en la denominada «operación Lagarto» que se saldó con la detención de 30 personas, de las que la mitad fueron sometidas a un proceso de extradición. «La primera sentencia es la mía, donde salgo absuelto por falta de pruebas en primera instancia y el juez reconoce que hay un problema político (...) El triste final es que toda esta historia termina con la extradición de tres compañeros y la muerte del joven Fernando Morroni», relató.
Tras repasar los detalles de su expulsión de Uruguay y entrega a Argentina, subrayó que la Suprema Corte de Justicia uruguaya así como el organismo Servicio de Paz y Justicia tildaron de «ilegal e irregular» la expulsión.
«El 31 de julio de 2002, el entonces ministro de Interior Angel Acebes dijo que yo era el etarra más buscado de América, cuando todos sabían dónde vivía y trabajaba. Ese mismo señor fue quien mintió al mundo entero el 11 de marzo sobre las muertes ocurridas en Madrid, asegurando que había sido ETA», declaró Lariz. Preguntó «cómo puede ser que en pleno siglo XXI se ilegalice a organizaciones políticas como Batasuna, EH y ahora HZ, a organismos como Gestoras pro-Amnistía, Jarrai, Haika y Segi, y se cierren medios». «No creo en la Justicia española, ni para mí ni para Euskal Herria», concluyó ante Claudio Bonadío.
Finalmente, después de oir a las partes, el juez Bonadío comunicó un cuarto intermedio hasta el proximo 17 de junio en el que dará el veredicto final de este caso.