"ARTÍCULO 17.- Los trabajos de las minas no pueden ser impedidos ni suspendidos, sino cuando así lo exija la seguridad pública, la conservación de las pertenencias y la salud o existencia de los trabajadores"
Código de Minería de la República Argentina

por Hugo Alberto de Pedro

¡ Aquí están, estos son los mineros del carbón !

Este es el grito, hecho música del pueblo en muchas ocasiones, que primero me vino a la memoria cuando me enteré del terrible suceso acaecido en las minas de carbón de Río Turbio, provincia de Santa Cruz de la República Argentina. Un incendio producido provocó el derrumbe de parte de la Mina 5 y dejó sin vida a catorce obreros el 15 de junio pasado.
Más allá del dolor que me produce, por haber conocido a su pueblo, a algunos de sus trabajadores y a los interminables socavones, no puedo dejar de seguir denunciando que lo sucedido podría haberse prevenido si los directivos de la empresa Yacimiento Carboníferos Fiscales (YCF siempre YCF), el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional hubiesen actuado con la responsabilidad y coherencia debida.
Sin embargo la única acción desarrollada por esos irresponsables ha sido la de haber destrozado, y permitirlo hacerlo, por completo la principal actividad minera de la Argentina y ejemplo de dedicación de todo un pueblo en las frías y desoladas tierras patagónicas donde varias generaciones han decidido jugarse por un futuro mejor de trabajo y solidaridad como en muy pocos sitios podemos encontrar.
Los últimos tres presidentes peronistas no han perdido oportunidad de realizar grandes anuncios desde Río Turbio: Menem "...desde estos socavones nacerá la revolución productiva..."; Duhalde "...Río Turbio debe ser uno de los lugares simbólicos donde el modelo tome fuerza, vamos a seguir invirtiendo en la empresa..." y Kirchner "...pudimos terminar en paz y con angustia una de las etapas mas duras, difíciles y criticas que le tocó vivir a la cuenca donde todo parecía que todo se extinguía...". Obviamente que de los radicales no se puede mencionar ninguna acción positiva: Alfonsín la utilizó para fondear a punteros políticos con cargos, sueldos y abultados gastos de representación y viáticos a quienes jamás pisaron suelo rioturbiense; y De la Rúa un pobre y dañino estúpido que permitió incrementar los ilícitos que ya se venían cometiendo.
En ésta oportunidad no pretendo hacer historia de lo que significó la concesión dispuesta en el gobierno menemista con negociados, coimas, precarización laboral, desguaces patrimoniales y dilapidación de más de 60 años de esfuerzo nacional y popular. Además, de que ya me he ocupado en otros momentos de hacerlo.
Solamente ahora tengo la obligación moral y militante de exigir que sea la Justicia Federal la que realice la investigación de todo lo sucedido desde el 7 de mayo de 1994, fecha que se dispuso realizar la concesión privada, hasta estos días. La investigación debe realizarse como ejemplo de la destrucción realizada a partir del proceso privatizador y el mejor homenaje que se le pueda realizar a los trabajadores fallecidos y a quienes todos los días bajan a las profundidades de la tierra a desarrollar su honorable trabajo.
Los políticos saben que de realizarse una investigación como corresponde muchos estarían en serios problemas: legisladores provinciales y nacionales, secretarios de los estados provinciales y nacionales, ministros provinciales y nacionales, gobernadores y presidentes todos en gestión ayer y hoy. Deberían rendir cuentas por sus actos, omisiones y complicidades; junto al inescrupuloso empresario Sergio Taselli que durante ocho años se robó todo lo que pudo mientras fue concesionario del yacimiento, así como también de otras empresas que hoy tiene en su poder.
El Ministerio Público tiene todos los elementos a su alcance para realizar las denuncias y comenzar a investigar, a saber: testimonios de todo un pueblo y de los dirigentes gremiales que fueron los "únicos" que lucharon por señalar la verdad y la continuación de la explotación, los que debieron soportar querellas temerarias y malintencionadas, informes de los organismos de control, los bienes robados del patrimonio de Y.C.F., las informaciones e investigaciones periodísticas, los cánones cobrados de forma indecente, la disminución del personal en puestos claves de control y seguridad y las miles de denuncias públicas. Están todos a su disposición.
Los fiscales no deben tener miedo. Deben actuar de forma urgente y precisa. No debemos permitir que ninguna acción de la política quede convertida como siempre sucede en un simple parte de prensa o declaración pública de que se realizará la investigación. Porque sabemos que nunca se hará de forma independiente porque sencillamente muchos quedarían salpicados.
El serio trabajo judicial sería una compensación ante tantas atrocidades cometidas y hasta un acto de reconocimiento a quienes han perdido la vida producto de la desidia oficial y privada. Y para que no se hagan los distraídos desde éstas líneas dejo señalado que el Código de Minería de la Nación (Ley Nº 1919, texto ordenado por el Decreto 456/97) es terminante en sus artículos 17, 131, 204, 234, 237, 242 y 303 sobre la seguridad en las minas.
Nuestro compromiso de hoy es no permitir ni el olvido ni el perdón. Solo justicia y sanciones.
20 de junio del 2004