Una semana de actividades bajo el lema "la protesta social no es delito" impulsada por Alerta Salta reunirá en Buenos Aires, entre el 5 y el 13 de junio próximo, a los protagonistas de dos casos paradigmáticos: Pepino Fernández, de la UTD de Mosconi y Marina Schifrin, maestra de Bariloche. Pepino representa una prueba de acoso judicial: tiene 76 causas abiertas, entre penales y civiles, por reclamar trabajo en la devastada ciudad salteña, víctima de las privatizaciones petroleras. Marina cortó la ruta hace siete años en defensa de la escuela pública. Fue condenada en primera y segunda instancia y hoy su caso está en manos de la Corte Suprema de la Nación. De ese fallo, dependerá la suerte judicial de los más de 3.000 procesados en todo el país por reclamar por sus derechos.
También viajará especialmente a Buenos Aires para participar de las actividades la abogada Mara Puntano, defensora de los cientos de procesados en el Norte argentino.
A ellos se sumarán los que denuncian que detrás de esta escalada de procesos se esconde una herramienta de represión judicial: movimientos de trabajadores desocupados, organismos de derechos humanos, intelectuales, colectivos de contrainformación y asambleístas, entre otras organizaciones que participan de esta campaña.
La agenda de la Semana Contra la Criminalización de la Protesta incluye, hasta el momento, presentaciones en:
Sábado 5 de junio: Foro Temático de Economía Solidaria
Lunes 7 de junio: Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Derecho (UBA)
Martes 8 de junio: Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Ciencias Económicas (UBA)
Miércoles 9 de junio: Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo
La culminación de estos encuentros será la presentación de un Alegato Público en las escalinatas de Tribunales, que se llevará a cabo el viernes 10 de junio, a las 11, en el Palacio de Tribunales.
La Semana Contra la Criminalización de la Protesta es una de las acciones que nacieron de la difusión de la Declaración del Foro de Mosconi, un documento redactado en las jornadas organizadas por Alerta Salta el 1 de Mayo en la ciudad salteña. Con la UTD como anfitriona del encuentro, los participantes resumieron en la Declaración los tres puntos de sus demandas:
1) La protesta social no es delito.
Exigimos una amnistía para los 60 procesados de la UTD de General Mosconi, que abarque también a los más de 3000 procesados que existen en todo el país por reclamar por trabajo. Nos manifestamos contra el reciente fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, que agrava la tendencia de criminalizar la protesta social. Denunciamos el acoso judicial que sufren los miembros de la UTD. Consideramos como caso testigo el de José "Pepino" Fernández, a quien se le iniciaron ya 56 causas penales.
2) Los recursos naturales son patrimonio de la sociedad.
Exigimos la genuina recuperación de los recursos naturales y no renovables, de los que la sociedad argentina ha sido despojada. Exigimos la anulación de los decretos 1212, 1589/89, de la ley nacional de los hidrocarburos 21.145 de 1992, que determinaron la privatización completa de los recursos naturales, y del decreto 546/03 que autoriza a los estados provinciales a concertar nuevas privatizaciones.
3) Las multinacionales y el Estado están destruyendo el medio ambiente. Este proceso está hipotecando el futuro de generaciones enteras.
Eso trae como consecuencia la contaminación de los ríos, aguas subterráneas, y de la atmósfera, provocando enfermedades que aumentan de manera alarmante la mortalidad infantil y de la población en general (cáncer, lesmaniasis, cólera, hantavirus, dengue, fiebre tifoidea, diabetes, entre otras). Denunciamos la acción depredadora de las multinacionales y exigimos el efectivo control medioambiental a fin de evitar su impacto letal sobre la salud de la población.
La Declaración - que ya fue suscripta por cien personalidades locales e internacionales- promovió la realización de esta campaña, que intenta poner en evidencia lo que significa para las personas que la sufren esta persecución judicial.
"José Pepino Fernández, ex trabajador de YPF, integrante de la UTD, es uno de los miles desocupados que luchan en General Mosconi, una ciudad salteña devastada por la rapaz privatización de la industria petrolera. Empresas multinacionales, fiscales y jueces lo persiguen. El número de procesos penales y civiles convierten a Pepino Fernández en un ejemplo de acoso judicial. En todo el país, hay más de 3.000 procesados por luchar contra la exclusión, el desempleo y el hambre. Y que exigen verdadera justicia", sintetiza uno de los carteles que anunciará la campaña porteña.
El otro, resume así la otra historia que intenta revelar esta Semana:
"Marina Schifrin, maestra, hace siete años cortó la ruta en Río Negro para luchar contra la exclusión y en defensa de la escuela pública. Fue hallada culpable y condenada. Hoy su caso está en la Corte Suprema. Si su condena es confirmada, tras ella seguirán los más de 3.000 procesados en todo el país. No permitamos ni toleremos la criminalización de la protesta: los jueces deben cumplir con su primario deber de dar protección -y no perseguir- a quienes reclaman sus derechos".