Sergio González
elmilitante@ciudad.com.ar

Después de varios días de protestas, movilizaciones y violenta represión, la crisis de San Luis se encuentra en un punto decisivo. Mientras la oposición sigue pidiendo el alejamiento del gobernador, este trata por todos los medios de aferrarse a su cargo y continuar con el régimen corrupto y decadente que ejemplifica la situación de varias provincias argentinas.
Después de varios días de protestas, movilizaciones y violenta represión, la crisis de San Luis se encuentra en un punto decisivo. Mientras la oposición sigue pidiendo el alejamiento del gobernador, este trata por todos los medios de aferrarse a su cargo y continuar con el régimen corrupto y decadente que ejemplifica la situación de varias provincias argentinas.
La actual crisis se agudizó tras la aprobación, en la madrugada del 29 de abril, de la reforma al estatuto docente que les quita derechos adquiridos en largos años de lucha. Los educadores ocuparon la legislatura y fueron desalojados violentamente por las fuerzas represivas provinciales.
Inmediatamente se declararon en huelga por tiempo indeterminado hasta que caiga la reforma del estatuto, medida que continúa en vigencia hasta hoy. Además ese mismo día y el viernes 30 protagonizaron multitudinarias movilizaciones acompañados por sus familiares, trabajadores municipales y la multisectorial opositora al gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Unas veinte mil personas en la capital, doce mil en Mercedes y algunas miles más en otras localidades del interior, como Merlo, pidieron en las calles la renuncia del gobernador.
El viernes a la noche una nueva y salvaje represión dejó 20 heridos y 55 detenidos, que fueron liberados el sábado bajo la presión popular en las calles. Pese a los intentos de conciliación de los gobiernos provincial y nacional las protestas continuaron con bocinazos el lunes y se llegó al paro general, con alto acatamiento, del jueves 6.

Los Rodríguez Saá

Los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá pertenecen a una familia de caudillos con participación en el poder provincial desde el siglo XIX y gobiernan San Luis desde 1983 sin interrupciones. Hábilmente terciaron en las internas entre Menem y Duhalde y así consiguieron privilegios para las arcas provinciales durante los ’90. Cambiaron apoyos y oposiciones por exenciones de impuestos para las industrias que se radicaran en San Luis, muchas de ellas meros galpones vacíos sin actividad ni empleados, que recibían reembolsos por la promoción industrial.
Esa economía ficticia es la que entró en crisis ahora, con gran parte de los 160 mil habitantes activos empleados por el estado con salarios bajísimos, y un tercio de ellos (52 mil) desocupados que reciben planes sociales.
Además de las denuncias de corrupción en todos los niveles del gobierno, violaciones a los derechos humanos y parcialidad de la justicia, se protesta contra la concentración del poder y la riqueza en manos de la familia gobernante en alianza con las grandes empresas.
Un ejemplo grotesco de la arbitrariedad del gobierno provincial se manifiesta en la existencia de dos intendentes en la capital. Como en las elecciones había triunfado la oposición, el gobernador mediante triquiñuelas judiciales consiguió que se nombrara otro jefe comunal. Y desde hace seis meses coexisten los dos ejecutivos superpuestos con su propia planta de trabajadores, presupuesto, etc.

Las maniobras de Kirchner

Días después de la intervención federal a Santiago del Estero, los hermanos Rodríguez Saá (que se la veían venir) acordaron con Kirchner el apoyo a las leyes de mano dura por parte de sus diputados nacionales a cambio de la promesa presidencial de no intervención a la provincia. El presidente conseguía así los votos que le hacían falta para aprobar su política represiva.
Pero la movilización de los trabajadores puntanos encabezados por los docentes, familiares y otros trabajadores estatales, están poniendo a Kirchner frente a la disyuntiva de desconocer esos pactos o seguir sosteniendo a sus socios frente a la manifiesta voluntad popular.
Torpemente, el gobernador Alberto Rodríguez Saá reivindicó el sábado 1º las represiones del jueves y viernes, en el momento en que intentaba mostrarse predispuesto a dialogar.
Durante el fin de semana Kirchner apareció en los medios mostrando su "preocupación" por la situación en la provincia y ofreciendo su "mediación". Aunque se está cerrando sus propias puertas de salida al insistir en que el gobierno nacional no intervendrá la provincia. El lunes 3 el ministro del interior, Aníbal Fernández, recibió a representantes de la oposición para tratar de calmar la situación. Pretendía conseguir una tregua apoyándose en los sectores más conciliadores de la multisectorial opositora y en la iglesia católica.

La jornada del 6 de mayo

Sin embargo los docentes no levantaron la huelga y junto con otros sectores opositores rechazaron la tregua y confluyeron en el paro general del jueves 6. Otra vez 20 mil manifestantes se movilizaron pacíficamente por las calles de San Luis capital.
Arteramente el gobernador utilizó a algunos grupos de desocupados, unas tres mil personas (de los más de 50 mil que reciben planes sociales) como fuerza de choque contra los manifestantes. La tensión fue grande pero no se llegó a enfrentamientos violentos. Semanas antes había intentado oponer a padres contra docente frente al retraso en el comienzo de las clases.
A la noche el gobernador dirigió un discurso público prometiendo aumentos en los salarios y planes sociales y una consulta popular sobre su política social.
Los docentes han rechazado las estratagemas de Rodríguez Saá y continúan en huelga, aunque tal vez el gobernador consiga algún respiro con estas artimañas. El martes 11 está prevista una nueva movilización por las calles de la capital provincial.

La crisis del PJ y la bancarrota de los conciliadores

La situación de San Luis y las maniobras mencionadas de los Rodríguez Saá y de Kirchner son una muestra más de la podredumbre del PJ. Se ha convertido con los años en un partido de funcionarios, caudillos y punteros al servicio de las transnacionales y la oligarquía, mientras luchan entre ellos por el control del aparato partidario. A cambio de esos servicios al poder económico, buscan permanecer en sus cargos y seguir gozando de privilegios, prebendas y espacios de poder.
Ya no hay nada que esperar de este podrido aparato formal que actúa de correa de transmisión de la maquinaria capitalista dejando las palancas fundamentales en manos de un puñado de empresarios, latifundistas y banqueros.
Por su parte dentro de la multisectorial de oposición existen intereses heterogéneos y hasta opuestos. Los sectores empresariales que por el momento quedan fuera de los negociados y la jerarquía católica, que ve peligrar su gran negocio de la educación privada, pretenden un gobierno provincial más permeable a sus intereses. Esperan una intervención que "normalice" la situación de la provincia y que les de tiempo de crear una nueva dirigencia política.
Los sectores honestos de clase media (y también católicos) cansados de la injusticia y la corrupción, que reclaman el alejamiento inmediato del gobernador y por derechos democráticos, carecen de propuestas alternativas y muchos de ellos confían en Kirchner y por eso piden la intervención. Sus limitaciones y falta de independencia les impiden ver el pacto entre los gobiernos nacional y provincial.
Además la política de Kirchner es responsable en gran parte de la crisis. Directamente a través de su impulso a la reforma de los estatutos docentes en todas las provincias, e indirectamente, con su demagogia vacía, de gestos y discursos, que no roza siquiera los intereses culpables de las crisis regionales.
Esos intereses comunes y la necesidad de que el trabajo sucio lo realicen los caudillos provinciales hacen que Kirchner se guarde la carta de la intervención hasta último momento. La utilizará sólo cuando sea absolutamente necesaria para evitar el estallido social, como lo hizo en Santiago del Estero a fines de marzo.
Lo que más teme es la movilización popular que puede barrer con las estructuras que perpetúan la explotación, la corrupción y la pobreza. Y también el contagio, ya que un estallido en San Luis se extendería rápidamente a otras provincias y al Gran Buenos Aires donde las situaciones sociales son similares y donde ya los docentes y otros trabajadores están organizando protestas contra la infinita sucesión de ajustes.

La CTA no pueden seguir escapando de sus obligaciones

La CTA debe organizar ya movilizaciones y protestas a nivel nacional en apoyo a sus trabajadores de San Luis (y de otras provincias) que se encuentran en la calle enfrentando los ataques a sus derechos. La CTERA (federación nacional de sindicatos docentes) ha dado un paso en ese sentido, aunque tibio y mal organizado, con la realización el viernes 7 de una jornada nacional de protesta en solidaridad con los docentes puntanos.
Los diversos sectores de trabajadores en lucha deben presionar a sus dirigentes para que impulsen medidas de fuerza. Hay que terminar de una vez con el círculo de crisis y ajuste a los trabajadores que salvaguarda los beneficios de los empresarios, bancos, terratenientes, y preserva los privilegios de los funcionarios públicos. Y a los dirigentes sindicales que frenen la lucha o no estén a la altura de las circunstancias se los debe desplazar y recuperar los sindicatos para los trabajadores.

La necesidad de una organización independiente de trabajadores

Las crisis son inevitables bajo estas economías regionales de saqueo, con una desocupación gigantesca y la mayoría de los trabajadores ocupados en empleos estatales burocráticos. Hace falta una política de inversión industrial productiva que ni la oligarquía, ni los capitalistas ni los gobiernos provincial y nacional tienen interés en impulsar.
Aunque todavía es posible que el presidente imponga una salida negociada que salve su sociedad con los Rodríguez Saá o mediante una intervención federal, hay que comprender que la solución de fondo a los graves problemas sociales y políticos puntanos necesitan de la participación directa de las masas en el manejo de las economías regionales y los asuntos públicos provinciales.
Por eso desde El Militante planteamos la necesidad de una organización independiente de trabajadores, a partir de los que están dirigiendo esta lucha: los docentes y demás trabajadores y los activistas sindicales combativos, que deben agruparse en un partido propio, con una orientación socialista.
Corresponde a la gran mayoría trabajadora de la provincia proponer una salida a la crisis a través de sus elementos más luchadores y concientes. Seria un ejemplo para los trabajadores de las demás provincias y para el conurbano donde existen intendentes con manejos muy similares a los de los Rodríguez Saá.
Esto es lo que más teme el gobierno de Kirchner, y por eso busca salidas negociadas. Las limitaciones y los compromisos de Kirchner, que le impiden solucionar temas fundamentales como el de la deuda externa, el de las privatizadas o la "crisis" energética, tampoco le permiten limpiar la política nacional del caudillismo y el clientelismo político y mucho menos desarrollar economías regionales viables que superen al parasitismo del empleo publico burocrático.
Con una posible intervención Kirchner repetiría en este caso, como en la salida electoral del 2002 y en el reclamo por las violaciones de DDHH bajo la dictadura, la misma política que es la esencia de su gobierno: ponerse a la cabeza de los reclamos populares para contener el movimiento, mientras negocia y pacta con el verdadero poder (oligarquía, FMI, privatizadas, bancos, etc.) que son los mismos hambreadores que impulsaron las políticas de la dictadura y el menemismo.
La lucha en San Luis, que debe extenderse al resto de los trabajadores siguiendo el ejemplo de los docentes y municipales, debe acompañarse con la conformación de comisiones de huelga en cada lugar de trabajo y escuela que en toda la provincia organicen las tareas inmediatas de emergencia y la autodefensa frente a las fuerzas represivas.
Y se debe confluir en una Asamblea Popular formada por representantes de esas comisiones, que coordine la lucha, desplace a los tres poderes provinciales y se haga cargo de los destinos de los puntanos sentando un ejemplo que pronto sería imitado por los trabajadores de todo el país.