Confundir la Constitución Nacional con un desdeñable manual de procedimientos administrativos es violar su esencia. Así parece actuar el Poder Ejecutivo cuando, sin contar con la debida autorización del Poder Legislativo, compromete ante organismos internacionales y gobiernos extranjeros la presencia de militares argentinos en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah).
Sabido es que la Constitución otorga al Legislativo la facultad de autorizar la salida de tropas del territorio nacional. Esta atribución excede por lejos los alcances de un acto burocrático e implica reconocer la potestad política del Congreso para decidir si determinada participación de tropas argentinas en escenarios extranjeros conviene o no a los intereses nacionales.
La desaprensión del Ejecutivo respecto de este mandato constitucional se ha expresado tanto en su compromiso ante Naciones Unidas de participar en la Minustah, como en la reciente promesa de enviar tropas argentinas al país caribeño que el canciller Rafael Bielsa le hiciera a su par francés Michel Barnier durante la Cumbre de Guadalajara.
Hace pocos días, el Congreso recibió un infundado proyecto del Ejecutivo tendiente a autorizar la salida de militares hacia Haití. Decimos infundado porque ni el mensaje ni el anexo que lo acompañan evalúan la situación haitiana o exponen las razones por las cuales Argentina debería intervenir en ese país.
A falta de tales elementos, el Ejecutivo se limita a parafrasear la Resolución 1542/04 mediante la cual el desacreditado Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dispuso establecer en Haití una fuerza encargada de instaurar allí la estabilidad política, social y económica.
Hacer suyos los argumentos del Consejo de Seguridad, implica la presunta ignorancia del Ejecutivo respecto de que fue Estados Unidos el que arrasó con la tambaleante estabilidad haitiana, alentó a los narcotraficantes, matones, asesinos y terroristas que derrocaron a un gobierno legítimo y encomendó a sus diplomáticos y marines que forzaran la renuncia y la salida del país del presidente Jean Bertrand Aristide. Significa también desconocer que la prepotente intervención de Washington no sólo avasalló la soberanía haitiana, sino que amenaza a la de terceros países latinoamericanos.
Ya en marzo pasado, en efecto, el general James Hill, jefe del célebre Comando Sur de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, informó extensamente al Senado de su país acerca de los peligros que se cernían en América latina para los intereses del norte, y a los que era necesario poner fin. Habló del populismo radical y señaló tres problemas cuya solución no podía esperar: Venezuela, Bolivia, y precisamente Haití.
Tal vez suene más duro aun para los oídos argentinos, sin embargo, que Hill haya incluido entre los peligros al consenso de Buenos Aires, que no es otra cosa que la mera condena, formulada el año pasado por los presidentes Lula da Silva y Néstor Kirchner, de las políticas económicas neoliberales. Parece claro hacia dónde apuntan los cañones internacionales en Haití.
* Diputado nacional, presidente del bloque del Partido Socialista