UTPBA

La Agencia Nacional de Comunicaci�n (ANC) reproduce la posici�n de la Uni�n de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) en relaci�n a la Ley de Acceso a la Informaci�n P�blica, planteada oportunamente a trav�s de su secretaria General Adjunta, Lidia Fagale, en el marco de una reuni�n plenaria de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, de Defensa Nacional, de Sistemas de Medios de Comunicaci�n y Libertad de Expresi�n y de Asuntos Administrativos y Municipales, realizada el 19 de octubre en el Congreso de la Naci�n.

La delegaci�n de la UTPBA, que particip� de la reuni�n, estuvo integrada tambi�n por Mar�a Rosa G�mez, secretaria de Asuntos Profesionales de la UTPBA, y Liliana Belforte, Coordinadora del Centro de Capacitaci�n de la entidad.

A continuaci�n, la intervenci�n completa de Lidia Fagale en nombre de la entidad de los periodistas:

'Coincidimos en torno a que el acceso a la informaci�n p�blica es un derecho humano b�sico, integral e inter-conexo con otros derechos. Desde esta visi�n venimos impulsando hace muchos a�os campa�as masivas de car�cter p�blico, as� como hemos trasladado a distintas instancias legislativas y judiciales proyectos y posiciones que nunca interpretaron el Derecho Social a la Informaci�n desde una l�gica corporativa.

M�s a�n, consideramos que no es un derecho individual en tanto se encuentra asociado al inter�s p�blico por constituir una condici�n insoslayable para la democracia, siendo uno de sus aspectos fundamentales para su desarrollo el debate abierto de ideas y el conocimiento, entre otras instancias, de los actos del Gobierno.

Consideramos necesario definir con mayor precisi�n las fronteras conceptuales que se pretenden a la hora de hablar de informaci�n p�blica.

Lo p�blico no est� dado por el origen de la informaci�n que se produce �nicamente en la �rbita del Estado. Existe un tipo de informaci�n tambi�n de car�cter estrat�gico 'de inter�s p�blico'que afecta de distintos modos al conjunto de la sociedad, comprometiendo su desarrollo y futuro.

Por lo que respaldamos el hecho de que por Ley los ciudadanos puedan conocer la informaci�n p�blica vinculada con los actos del Gobierno, en tanto no queremos dejar de puntualizar que el concepto de lo p�blico debe extenderse a la informaci�n que se produce en la �rbita privada, esencialmente la vinculada con la gesti�n de las corporaciones privadas.

En los �ltimos a�os, la din�mica alcanzada por estos sectores ha comprometido, en algunos casos, hasta l�mites dram�ticos la vida de millones de seres humanos. Esa l�gica que a veces encontr� a un Estado funcional a sus intereses, otras vulnerable a los objetivos de una minor�a en desmedro de la Naci�n.

A la vez que consideramos pertinente reglamentar el Acceso a la Informaci�n P�blica--ya previsto en nuestra Constituci�n Nacional como en los distintos Pactos regionales, declaraciones y tratados internacionales suscriptos por los distintos Gobiernos Nacionales, as� como por su incorporaci�n taxativa que de ellos se hizo a instancias de la reforma constitucional de 1994- suscribimos la idea de extender la noci�n de Informaci�n P�blica a la que se genera en la �rbita privada. Llama la atenci�n por un lado, la repentina campa�a de algunas corporaciones medi�ticas en cuyas editoriales claman por un acceso a la informaci�n p�blica restringida a los actos de gobierno como tambi�n es para analizar el reclamo de algunas ONG o sectores de la denominada sociedad civil que limitan el concepto a la informaci�n producida en la �rbita estatal, mientras sus proyectos son financiados por conocidas corporaciones empresarias, algunas asociadas al capital extranjero o directamente al Departamento de Estado Norteamericano o como m�nimo a las estrategias que en materia de pol�ticas de informaci�n vienen imponiendo los Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas.

Es compartida la opini�n -en la mayor�a de los pa�ses de Latinoam�rica-, por lo menos de parte de las organizaciones que integramos la FELAP, que la sola condici�n de ciudadano allana el derecho a acceder a la informaci�n denominada P�blica. Pero tambi�n somos concientes de que la condici�n de ciudadano est� indiscutiblemente asociada a la calidad del modelo democr�tico que amplia o limita el uso pleno de las facultades que hacen a esa condici�n. La noci�n de ciudadano a secas no implica nada. La injusta distribuci�n de la riqueza as� como, por citar uno de los aspectos fundamentales, el inequitativo acceso a la educaci�n, limitan el desarrollo pleno de una condici�n -la de ciudadano o ciudadana- al verse privado de antemano de sus plenos derechos e incluso de ejercerlos por falta de conocimiento o de recursos educativos, culturales o econ�micos. Con esto, lejos de pretender minimizar la iniciativa en discusi�n, queremos subrayar la relaci�n estrecha que existe entre el derecho al acceso a la informaci�n p�blica y otro conjunto de derechos humanos, sin los cuales es imposible su plena realizaci�n. Poner en discusi�n qu� es lo p�blico, sus alcances, as� qu� entendemos por ciudadan�a es una condici�n esencial para quitarle definitivamente el car�cter instrumental a una norma que no puede aislarse de la realidad en la que act�a.

Otro de los aspectos que nos preocupa est� vinculado al r�gimen de las excepciones. Por lo delicado del tema, no podemos dejar de abordar uno de los aspectos -el de la seguridad- que ha cobrado en los �ltimos a�os centralidad, bajo la l�gica hegem�nica de los Estados Unidos, dinamizada por los acontecimientos que tuvieron lugar en Nueva York, el 11 de septiembre.

La mayor�a de las iniciativas presentadas por los legisladores parecen encontrar en el modelo norteamericano ricos y valiosos antecedentes y ejemplos legislativos en torno a c�mo garantizar el Acceso a la Informaci�n P�blica en nuestro pa�s.

Sin embargo, los mismos legisladores no deber�an desconocer lo poco que ha servido dicha legislaci�n a la hora de impedir la aplicaci�n de pol�ticas restrictivas al Derecho Social a la Informaci�n como consecuencia del monopolio ejercido por el Pent�gono con el objetivo de crear consenso en torno a su supuesta lucha contra el terrorismo, ocultando sus verdaderos objetivos. La justificaci�n de la guerra a Irak se bas� tambi�n en secretos de Estado, en un dise�o informativo que ocult� la verdad, propag� la mentira y cerceno el acceso a las fuentes, comprometiendo derechos y garant�as b�sicas del conjunto de la ciudadan�a de ese pa�s, de los inmigrantes y los turistas.

No creemos que este no sea un tema pertinente en este debate. Esas pol�ticas se aplican-a veces- sin respeto a las legislaciones locales y, a las decisiones adoptadas por los distintos Estados Nacionales en materia de Pol�ticas de Comunicaci�n.

El r�gimen de excepciones tambi�n debe estar garantizado, pero encontrando una definici�n propia en torno a lo que entendemos por seguridad nacional o secreto de estado e incluyendo reaseguros de orden jur�dico y parlamentario que obligue a respetar las pol�ticas nacionales en el tema en cuesti�n, as� como los Tratados, Acuerdos y Declaraciones existentes.

Hoy no podemos descansar apenas en la repetici�n de reglamentaciones que a la luz de la presente etapa ceden por debilidad o por imitaci�n a manejos oscuros de informaci�n de car�cter estrat�gico; manejos �stos que no s�lo tienen origen en la �rbita estatal sino tambi�n privada y cuya procedencia, producto de la globalizaci�n, puede trascender las fronteras de nuestro pa�s.

Tampoco se puede correr el riesgo de limitar el acceso a determinadas fuentes a los que realizamos cotidianamente la tarea de informar. El secreto profesional de los periodistas de rango constitucional- proyecto presentado por UTPBA en 1994-puede verse sometido a presiones no s�lo judiciales.

En este sentido, no se puede omitir el papel que cumplen los medios de comunicaci�n en el mundo y en nuestro pa�s a la hora de alimentar y recrear lo que se ha dado en llamar la opini�n p�blica. Nadie desconoce que el poder medi�tico asociado a importantes sectores de la econom�a mundial es reacio a verse sometido a regulaciones que lo obliguen a cumplir pautas donde la informaci�n no sea una mercanc�a m�s. El mapa de medios mundial como local da cuenta de una realidad donde la concentraci�n medi�tica est� asociada a paradigmas mercantiles y corporativos. Su incidencia cultural, pol�tica y econ�mica es indiscutible. Considerar esta realidad a la hora de definir el escenario real donde actuamos ciudadanos y Gobiernos nos obliga tambi�n a ampliar el concepto de acceso al Derecho a la Informaci�n.

De ah� la necesidad de extender el acceso a la informaci�n p�blica de la mayor�a de la ciudadan�a y no s�lo como beneficiarios de un tipo de acceso, sino tambi�n contemplando la explotaci�n directa de �reas de la radiodifusi�n, aspecto que tampoco es un tema ajeno a este debate y a�n esta pendiente, a pesar de los reiterados reclamos.

Por �ltimo, otro aspecto para nada menor. Las leyes no constituyen per se una garant�a, requieren de una fuerza social capaz de hacerlas cumplir. Y esa fuerza social debe consolidar esa capacidad en la medida en que tambi�n no sea apenas beneficiaria formal de otros derechos. Estamos convencidos de que la democratizaci�n de la informaci�n, en este caso, a trav�s de una ley que allane el acceso a la informaci�n de la ciudadan�a, requiere continuar profundizando pol�ticas de distribuci�n m�s equitativas del ingreso y la riqueza. Una no es posible sin la otra, si realmente pretendemos poner en pr�ctica y en todos sus t�rminos los caminos que nos permitan profundizar la democracia.

Finalizamos estas observaciones, agradeciendo la atenci�n brindada, sin dejar de se�alar la idea que acompa�a esta intervenci�n: No hay democracia informativa sin democracia econ�mica'.

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