En esta segunda parte del reportaje, Soliz Rada, explica cómo la empresa pública YPFB fue convertida en una oficina de negocios de contrataciones de hidrocarburos, y otras irracionalidades de los negocios neoliberales. Hubo contemporáneamente en muchos países de América Latina una dirigencia política, técnica y económica latinoamericana que fue parte de una gran traición a su historia y sus aspiraciones.

Félix Herrero (FH): En este período de la capitalización, la visión que yo tengo desde Argentina es que quedó una YPFB residual, que a lo mejor tenía alguna distribución de gas y nada más. ¿Qué quedó de esta YPF boliviana residual? ¿Qué pasó?

Andrés Soliz Rada (ASR): Cuando se dicta la ley de hidrocarburos, YPFB pasa a ser, lo que yo digo, una empresa ilegal porque se dice que toda la cadena de la actividad petrolera -exploración, explotación, comercialización- necesariamente será realizada por empresas extranjeras... necesariamente.

Agencias contractuales en lugar de petrolera de producción

FH: ¿Asociadas con empresas extranjeras?

ASR: No, exclusivamente. Necesariamente. Hay cosas que no pudieron venderse: depósitos, y otros equipamientos. YPFB quedó con eso. Yo diría que eso que quedó en manos de Yacimientos es ilegal. Entonces, la ley de hidrocarburos cuando llama YPFB residual le da la tarea de firmar contratos a nombre del Estado.

FH: Agencia contractual, como dice usted en su libro.

ASR: Exactamente. Es una oficina.

FH: Parecida a ENARSA de Argentina.

ASR: Es una oficina. Y por otro lado se le da el papel de 'agregador'. Aquí en Bolivia el agregador es una entidad que, por ejemplo, hay que exportar gas al Brasil -estamos hablando de 20-25 millones de metros cúbicos día- y entonces son varias las empresas transnacionales que quieren exportar desde sus respectivos campos. El agregador es el que dice: Petrobrás va a exportar 5 millones, otros 5 millones Total, 8 millones Repsol. Es el que distribuye los negocios...

FH: Y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se lleva un porcentajecito...

ASR: Claro. A eso le llaman el papel de agregador.

FH: Igual como la exportación de gas natural de Bolivia a la Argentina, donde YPFB es el agregador recibiendo el 5%.

ASR: Claro. Ese es el papel de agregador. Sin embargo quiero añadir un tema interesante. Yo solamente hablé del primer tema: la quiebra moral que dejó el proceso de capitalización. La segunda consecuencia fue la quiebra económica del país. Toda la política neoliberal comenzó con una frase del presidente Paz Estenssoro diciendo que 'Bolivia se nos muere'. Había que meter el neoliberalismo y en el año 2002, diecisiete años después, Sánchez de Lozada sale a la televisión y dice 'Bolivia está quebrada'. Entonces se cede todo el patrimonio estatal para hacer ese tránsito de la Bolivia que se nos muere, de la Bolivia que está quebrada, en tragedia.

Y la tercera consecuencia es la quiebra jurídica del Estado porque, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, la enajenación de bienes del patrimonio público, los bienes del Estado, los bienes de las prefecturas (los Departamentos), los bienes de las municipalidades, y los bienes de las universidades estatales no podrán ser enajenados sino es con Ley de la República. Y los contratos sobre recursos naturales deberán tener aprobación del Legislativo: nunca se aprobó una Ley de Enajenación de las empresas públicas y nunca llegó un contrato para su tratamiento legislativo, porque el artículo primero de la ley de capitalización dice que el Poder Legislativo autoriza al Poder Ejecutivo a que haga aportes de acciones de las empresas del Estado. Esa función de firmar contratos la delega y el artículo segundo es más interesante todavía: se aprueban los contratos y además no solamente se aprueba la suscripción de los contratos sino que se aprueban los contratos que se van a suscribir. Entonces, cómo se pueden probar contratos que todavía no se han firmado?. Yo decía que esto es tan absurdo como que alguien vaya al notario o al oficial del registro civil a bautizar una guagua que no ha nacido todavía.

FH: Pero yo podría decir, poniéndome en abogado del diablo, que la ley de capitalización ya le permitía al Poder ejecutivo del Estado nacional otorgar estas aprobaciones.

ASR: El tema es que la ley de capitalización es inconstitucional, porque la Constitución dice muy claramente, en tres artículos, que un Poder del Estado no puede delegar sus atribuciones a otro Poder del Estado, porque eso implica una acumulación de poderes y la destrucción del equilibrio de poderes que fija la Constitución.

FH: Llevando esto al absurdo ¿diría que el Poder legislativo no puede dar poderes propios al Poder ejecutivo?

ASR: No puede, no puede. La Constitución es tan clara que dice que bajo ninguna circunstancia un poder, sobre todo el Congreso, puede delegar sus atribuciones a otro poder del Estado, vale decir al Poder Ejecutivo.

FH: Una pregunta sobre lo que se está discutiendo ahora: ¿se puede decir que los proyectos de ley de hidrocarburos son proyectos de renacionalización del gas y del petróleo para el pueblo boliviano? ¿Cuáles son las diferencias reales entre el proyecto de Carlos Mesa y el proyecto aprobado por Diputados?

ASR: Habrá que aclarar en primer lugar que la aprobación de una ley implica dos instancias: en grande y en detalle, y además en cada Cámara.

El juego de las 5 diferencias

FH: En general y en particular, decimos en Argentina.

ASR: La aprobación de la ley solamente se ha producido en grande y solo en la Cámara de diputados. Falta en detalle en Diputados y las dos instancias en el Senado. De todas maneras, hay 5 diferencias entre ambos proyectos.

En el proyecto del Poder ejecutivo o de Mesa se establece que la propiedad de los hidrocarburos estará en manos del Estado y el Estado ejercerá ese derecho de propiedad a través de una entidad que se llama PetroBolivia. Y PetroBolivia resulta ser una Sociedad Anónima Mixta regida por el Código de Comercio, donde la recuperación de la propiedad estatal está mediatizada con todas estas modalidades, mientras que el proyecto de la Cámara de Diputados aprobado en grande sí especifica que hay una recuperación, además de la revisión de los contratos, 76 contratos con las empresas transnacionales, las cuales tienen un plazo de 180 días para readecuarse o 'migrar' de los anteriores contratos de Sánchez de Lozada -los contratos de joint-ventures o de riesgo compartido- a contratos de asociación. Esta es una primera gran diferencia.

La segunda gran diferencia está en el tema de Yacimientos (YPFB), que en el proyecto de ley de Mesa, al ser una sociedad anónima mixta, se le permite manejar las acciones de los ciudadanos bolivianos que todavía no se han vendido y que pasan a YPFB, pero como también YPFB funciona como una sociedad anónima mixta así se asocia con las empresas privadas.

FH: ¿Cuál es el porcentaje de la relación entre el Estado y los privados?

ASR: Eso no se sabe porque tenemos un capital de acciones y dependerá del total de cuánto la contraparte pone. Estamos hablando de acciones que según se dice costarían unos 800 millones de dólares. Con ese capital en acciones podrían ser de 1.500. En cambio, el proyecto de ley de la Cámara de Diputados da una participación directa a la empresa estatal sin que se convierta en sociedad anónima mixta, como empresa estatal.

La tercera diferencia es que en el proyecto de Carlos Mesa hay una especie de incentivo a la industrialización; dice que los que quieran industrializar no pagarán determinados impuestos... pero no hay una política de Estado destinada a la industrialización y en ese sentido el proyecto de la Cámara de Diputados define la industrialización del gas dentro del territorio nacional como una política de Estado, con otro tipo de medidas más concretas y más directas.

Otro elemento sustancial diferenciador entre los dos proyectos es el tributario, donde básicamente el proyecto de Mesa crea un tributo que se llama Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH). El ICH es exactamente el impuesto que había antes en la Ley de Sánchez de Lozada con el aditamento de que habrá un cobro por utilidades en función de los valores de los campos. Esto es una cosa casi grotesca, porque dice que las utilidades están fijadas por la ley financial que vale para todas las empresas y que el Estado tiene derecho al 25% de las utilidades, y que si este ICH es mayor a lo que fija la ley financial se convierte en crédito fiscal que guardan las empresas para el próximo año, y si este impuesto es menor la empresa tiene que completar el pago. La única diferencia es que el ICH se va a pagar mensualmente y no anualmente. Y claro, es tal la distorsión que hay en todo este tema tributario que en los últimos años la mayoría de las empresas declararon pérdidas porque están declarando amortizaciones de sus inversiones. La ley de Sánchez de Lozada ponía como un aditamento al 18% de las regalías, que eso sí se cobraba: 12% de regalías departamentales(1) y 6% para el Tesoro General de la Nación. Mientras que en el proyecto de diputados hay dos líneas, dos tendencias: una que dice que las regalías sean del 50% y otra que el impuesto sea del 32% pero que se calcule como las regalías, que sea en boca de pozo.

FH: ¿Por qué?

ASR: Porque las transnacionales dicen que cuando es regalía pueden amortizar esos impuestos en el exterior. Por eso no quieren que se llamen regalías al 50%.

FH: Andrés, falta una quinta diferencia...

ASR: Tal vez el punto uno, acerca de la abrogación de la ley de Sánchez de Lozada. Por estas razones los parlamentarios, que han aprobado el proyecto de ley (de Diputados), consideran que no es una abrogación, sino que (el proyecto de Mesa) es una continuidad de la ley de Sánchez de Lozada y el proyecto de Diputados sí es una abrogación.

FH: Pero es muy importante esto, tiene consecuencias... porque la norma legal debe decir si se abroga o no se abroga.

ASR: Sí. Pero el gobierno dice si, estamos abrogando porque antes no había estas cláusulas.

Cuando el subsuelo se fracciona

FH: Ahora pasemos a otro aspecto muy importante: las posiciones desintegradoras del país que se manifiestan en Tarija y Santa Cruz, ¿se deben a los intentos de las oligarquías locales que quieren una parte mayor de la renta petrolera o detrás están los intereses de las transnacionales, como Petrobrás, Repsol, Total, ambas British (BP y BG), Shell, Enron? No es significativo que en 2003 en el Departamento de Santa Cruz de las 10 empresas más grandes, 6 sean multinacionales petroleras, 3 sojeras y 1 generadora y distribuidora de energía eléctrica. Es obvio que esta relación en Tarija debe ser mucho más pronunciada. ¿A qué se debe, a la oligarquía que desintegra o son los grupos multinacionales que están decididos a apoyar oligarquías desintegradoras?

ASR: Esto está profundamente articulado. Es interesante observar como en Santa Cruz, y en cada Departamento, aunque estoy hablando específicamente de Santa Cruz, funciona la Federación de Empresarios Privados departamental que tiene filiales, unos son los soyeros, otros los madereros, diferentes grupos, pero parte del directorio de la Federación de Empresarios Privados del Departamento está la Cámara Nacional de Hidrocarburos, y la Cámara Nacional de Hidrocarburos agrupa a la British, a la Total, a todas que forman parte...

FH: ¿Y Petrobrás también?

ASR: Y Petrobrás también. Las informaciones, un poco de cocina que uno tiene, dicen que estos señores de las petroleras cuando se reúnen con el directorio de la Federación de Empresarios Privados pagan la comida, pagan las secretarias, todo...

FH: ...los viáticos.

ASR: ...los viáticos, todo. Los otros ni siquiera pagan el alquiler del inmueble. Entonces no hay diferencias entre lo que opina el empresariado de Santa Cruz con las transnacionales, aunque no son iguales los intereses de los empresarios bolivianos y los de las transnacionales. El empresario nacional quiere tener combustible barato para fabricar productos competitivos. El empresario nacional debería querer industrializar el gas en el país para exportar valor agregado. Al empresario nacional le conviene exportar industrializado. Entonces existe la respuesta del señor Raúl Kieffer, presidente de la Cámara Nacional de Hidrocarburos (CNH). Pienso que los empresarios de Santa Cruz no entienden que Santa Cruz o Bolivia no están en la Repsol, la que está en Bolivia es la Repsol Filial Bolivia. Y hay una organización que es superior a los empresarios, que es la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y públicamente se explicó que se ha producido una desafiliación de los empresarios cruceños de la confederación nacional porque habían reclamado que la CNH debería agruparse en ella y no en la Cámara de empresarios de Santa Cruz. Entonces la disputa era quién lustraba las botas, y creo que una de las cosas que caracteriza en este momento al país es un empresariado de mayores ingresos completamente alienado, que no tiene nada que ver con el empresario medio, el microempresario, el gremial que tienen, yo creo, un sentimiento nacional más desarrollado.

Privatización y capitalización son similares

FH: ¿Considera que el proceso de privatización energética, petrolera, de Bolivia tuvo una profundidad similar al argentino?

ASR: Sí, en el sentido de que hubo una gran similitud porque fueron los únicos países de América Latina que liquidaron las empresas estatales de petróleo. A mí me cuesta entender que el pueblo argentino hubiera aceptado una situación de esta naturaleza, solamente habiendo una explicación en la capacidad de engaño parecida que tuvieron Sánchez de Lozada y Menem. Son personajes muy similares en esta materia. Yo creo que Menem se adelantó a Sánchez de Lozada, porque capitalizó en 1994 y 1996 mientras Menem lo hizo unos años antes. Argentina tiene influencia muy grande sobre Bolivia, en lo bueno y lo malo y desgraciadamente esta vez nos vino por el lado de lo malo: la liquidación de la empresa estatal.

FH: El acuerdo de exportación de gas natural con Argentina, llevando a 26 millones diarios ¿significa en Bolivia no reconocer la semana de octubre de 2003 que impidió exportar a los Estados Unidos ni exportar sin industrialización? ¿Posibilita reexportaciones a Chile sin que Bolivia tenga oportunidad de discutir el mar? ¿La carta de intención firmada entre Argentina y Bolivia es simbólica porque quienes exportan e importan son las transnacionales que no son argentinas ni bolivianas?

ASR: Claro, creo que en la última frase de la pregunta está el error del inicio de la pregunta que se hablaba de que Bolivia le vende a la Argentina: la corrección está cuando se dice que Repsol Bolivia está vendiendo a Repsol Argentina. Esto sí que debe ser explicado con calma. El gas que ya sale y el que va a seguir saliendo viene de uno de los megacampos en Bolivia, que se llama Margarita y con un gas que hay en otro lugar que se llama Madrejones en la frontera, recorre una distancia de escasos 50 km hasta Refinor por un gasoducto construido en 1972, vale decir ultraamortizado.

FH: Por YPF de Argentina e YPFB.

ASR: Claro. Entonces, cuando Repsol le vende a Repsol nos cuentan la historia de que el precio es de solo 0,98 dólares el millón de pies cúbicos y en la solidaridad del pueblo boliviano con el pueblo argentino. Y aquí viene el absurdo de los empresarios bolivianos que aceptan que cuando el gas va a los empresarios bolivianos, el gas boliviano ellos lo compran en 1,50 dólares. Los empresarios bolivianos por lo menos podrían reclamar el mismo precio. Ellos no son competitivos ni para exportar nada ni para controlar el mercado interno porque de afuera llegan las cosas más baratas. Y este tema del precio del 0,98 nos está sirviendo aquí para oponernos a los que pretenden vender el gas a Estados Unidos y México, porque si nos pagan 0,98 por mandar el gas a 50 km por un gasoducto amortizado ¿cuánto nos van a pagar cuando mandemos el gas a México y Estados Unidos para lo cual hay que hacer primero un gasoducto que atraviese dos cordilleras (la cordillera Oriental y la cordillera Occidental), cuando llegue a un puerto chileno o peruano estará la planta de licuefacción que significa congelar el gas a -120º, allí poner el gas criogenizado en un barco metanero y que formen un tren de ocho barcos que tiene que navegar 4.500 km y cuando llegue a destino, a un puerto mexicano o norteamericano entrar a otra planta que se llama de regasificación, porque hay que dar calor a ese gas, que regasificado se pone en los ductos de distribución doméstica.

Y aunque algunos nos llamen impertinentes, se deben preguntar ¿Oye, a cuánto nos van a pagar el gas? Y nos dicen: No se tienen que preocupar porque se aplica el precio netback, que es el precio que paga el consumidor norteamericano o mexicano del cual se van descontando los costos e inversiones, la planta de licuefacción, los barcos metaneros, la planta de regasificación, el transporte del gas por dos cordilleras, la amortización de los gasoductos que todavía no se han construido. Entonces llega a boca de pozo y lo que queda es el precio del gas que pagan a Bolivia. Y si no queda nada, nada es lo que recibe Bolivia. Así es y va a pasar eso. Esa exportación que se inicia con Repsol va a Refinor, donde el 50% de Refinor es Repsol y el otro 50% es de Petrobrás. Y de ahí, cuando va a Chile, el gas, la empresa distribuidora de gas se llama Metrobrás, donde también está Repsol con Sempra y BG (British Gas).

FH: ¿Hay diferencias entre la política petrolera de Sánchez de Lozada y la de Carlos Mesa?

ASR: Cuando uno mira los personajes que rodean a Carlos Mesa encuentra que fueron las personas claves que colaboraron con Sánchez de Lozada. Fue una gestión de este año de Carlos Mesa conflictiva en el tema de poner ministros de Energía e Hidrocarburos. Uno de sus ministros, Antonio Aranibar Quiroga, fue canciller de Sánchez Lozada durante los cuatro años de su gobierno (de 1993 a 1997). Un segundo ministro de Sánchez de Lozada, que se llama Javier Nogales, es un hombre del Banco Mundial, 'demócrata' que sirvió a los gobiernos de Sánchez de Lozada y de Banzer, el tercer ministro de Sánchez de Lozada que está con Mesa es Alvaro Ríos dedicado a los negocios petroleros y, guardando las distancias que hay entre una hormiga y un elefante, sería el Dick Cheney boliviano. El actual ministro de Hidrocarburos, que se llama Guillermo Torres, fue el Superintendente de Hidrocarburos de Sánchez de Lozada. Los cuatro principales ministros de Sánchez de Lozada hoy son todos ellos funcionarios de Mesa, lo que nos demuestra como el 'mesismo' es una continuación del 'sánchezlozadismo'.

(1) Los Departamentos de Bolivia corresponden a las Provincias de Argentina (mientras que las provincias en Bolivia corresponden a los departamentos o partidos en Argentina).