¿SE PRORROGO EL ACUERDO DE INVERSIONES CON EEUU?

 Néstor Kirchner suele quejarse del comportamiento de los directivos de organismos financieros internacionales como 'patrones de estancia' pero luego les hace concesiones. La protesta del jefe del Ejecutivo no es de similar volumen contra las multinacionales, desde que se superó el cuello de botella de la provisión de gas. Sin embargo los grandes empresarios siguen activos en su lobby contra los intereses nacionales y reclaman subas de tarifas. El país debe ponerse firme frente a esos apremios. El PEN debe clarificar si permitió o no la prórroga del nefasto acuerdo de inversiones con Estados Unidos.

¿Kirchner lo hizo?

El 20 de octubre de 1994 entró en vigencia el acuerdo de protección de inversiones suscripto entre EEUU y Argentina. Esa bilateralidad o igualdad queda en la letra. En realidad era para la protección de las inversiones norteamericanas en nuestro país. Como lo delata la fecha, fue firmado por Carlos Menem y su gobierno de 'relaciones carnales' según la reveladora definición del entonces canciller Guido Di Tella. El nombre exacto del monstruito es 'Tratado argentino-estadounidense de Promoción y Protección de las Inversiones Extranjeras'. Se firmó en noviembre de 1991 y comenzó a regir tres años más tarde. Era la época más delirante del modelo neoliberal.

Invocando ese convenio, las multinacionales que se apoderaron de los servicios públicos luego de las privatizaciones, por un lado pecharon por aumentos de tarifas y/o subsidios estatales en su beneficio, alegando los perjuicios de la salida de la convertibilidad. Y en simultáneo, pleitearon ante los tribunales del Banco Mundial ya que el pacto cedió la jurisdicción de los tribunales nacionales.

De allí que el reclamo de la gasífera estadounidense CMS corp., que integra la sociedad Transportadora de Gas del Sur (TGS) -que se consideró vulnerada por la pesificación-, se ventila en París ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Este Ciadi pertenece al Banco Mundial. Otro pleito es el de Azurix, perteneciente a la quebrada energética Enron y que supo ser concesionaria de aguas bonaerense hasta que se le rescindió el contrato. Ambas empresas acudieron al Ciadi basadas en el tratado menemista y allí demandaron al Estado argentino. El conjunto de estas causas supera las tres decenas, con una pretensión de resarcimiento global por 16 mil millones de dólares. No conformes con la resignación de soberanía de nuestro país, los representantes de las multinacionales quisieron imponer en el tribunal arbitral la cláusula de confiabilidad, para que todo lo tratado allí no fuera ventilado al público. Al menos en este punto no se salieron con la suya. En el resto sí. El tratado Argentina-EEUU vencía ayer y si el PEN no lo denunciaba, se prorrogaba automáticamente por diez años. ¿Kirchner lo hizo?.

'Financiamos el ajuste'

Si el gobierno permitió la continuidad de ese instrumento lesivo a los intereses argentinos, habrá incurrido en otra contradicción más de su política. Será que puso el guiño a la izquierda y dobló hacia la derecha.

Es que los planteos de las multis ante el tribunal parisino arrojan luz sobre la inconveniencia del tratado. Numerosos especialistas habían exhortado a denunciar ese instrumento, dando buenos argumentos. A principios de setiembre se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA el III Congreso Internacional sobre Derechos y Garantías en el Siglo XXI.

El doctor Alejandro Teitelbaum presentó allí su ponencia 'Los tratados bilaterales de libre comercio' cuestionando el acuerdo menemo-cavallista y similares: 'miles de estos tratados bilaterales, que incluyen la renuncia a la jurisdicción nacional del Estado receptor para dirimir las controversias entre éste y los inversores extranjeros, están en vigor, son poco visibles para la opinión pública, muchos de ellos han sido celebrados a hurtadillas y son aun más perjudiciales para los derechos de los pueblos que los tratados internacionales o regionales en vigor o en proyecto'.

¿Qué autoridad moral, política y técnica tienen el Banco Mundial y su tribunal arbitral para resolver los diferendos entre países del Tercer mundo como el nuestro y las corporaciones de la economía globalizada?. Ninguna, si uno se atiene a las declaraciones del representante del BM en nuestro país, Axel Van Trotsenburg en el seminario del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) realizado a principios de octubre en Ushuaia. El banquero admitió: 'hemos financiado el ajuste y n el crecimiento'. A confesión de partes, relevo de pruebas.

Pero hay algo aún más grave en permitir que los pleitos con las privatizadas se diriman en París ya que los supuestos árbitros son jueces y partes. Se sabe que las grandes potencias, EEUU, la Unión Europea y Japón, controlan el Banco Mundial y su gemelo, el Fondo Monetario Internacional. Los ministros de Finanzas de esos imperios, convertidos en Grupo de los Siete (G7), pilotean esa dupla de organismos financieros para defender sus empresas e inversiones. Lo dicho: 'son juez y parte'.

Esa falta absoluta de neutralidad o equidistancia se vio durante la reciente reunión anual del FMI-BM donde tronó una batería de declaraciones urgiendo al país a cumplir con 'las asignaturas pendientes'. James Wolfensohn, presidente del BM, abogó para que 'las tarifas de los servicios públicos en Argentina tengan un nivel acorde con la posibilidad de obtener rentabilidad para impulsar inversiones'. ¿Estos señores serán los árbitros?. Si antes que empiece el partido ya nos cobraron veinte penales en contra.

Los europeos también

Las declaraciones de Wolfensohn fueron en respuesta a la prensa sobre qué opinaba del proyecto de ley sobre el marco regulatorio de los servicios públicos. Tras muchas idas y vueltas, con tironeos entre los ministros Roberto Lavagna y Julio de Vido e intervención del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, esa iniciativa tuvo ingreso en Diputados el 24 de agosto último.

Su texto no es para nada expropiatorio de ningún monopolio extranjero de los que tomaron el control de nuestros servicios públicos y tampoco rescinde los actuales contratos de concesión. Pero de todos modos la plana mayor de los organismos financieros mundiales lo juzga poco menos que elaborado por bolcheviques. A la par de su colega del Banco Mundial, Rodrigo de Rato -pope del FMI- también cuestionó ese marco regulatorio porque 'tiene elementos que pueden ser muy negativos para la atracción de nuevas inversiones en Argentina'.

¿Cuáles son esos aspectos tan criticados por el ex ministro de Economía de José María Aznar?. Son los mismos que ofendieron a los dueños de las privatizadas en Buenos Aires: la tarifa social, los aportes empresarios al fondo solidario y la prohibición de cortes a la población indigente. El artículo 22 del proyecto, sobre el servicio solidario, concentró las iras del establishment. El diario que mejor expresa esos intereses tituló así su cobertura: 'Rechazo de las empresas al proyecto de servicios públicos; No quieren aportar dinero para financiar el servicio en hogares que no puedan pagarlo'. Obviamente era La Nación del 26 de agosto, a dos días de la presentación del marco regulatorio en Diputados. La pelea se reinicia, si es que alguna vez se interrumpió. Como los acuerdos de setiembre de 2003 entre Argentina y el FMI pautaban la aprobación de esta ley sobre los servicios públicos, habrá que seguir de cerca cómo sigue la pulseada. Por el momento el proyecto está siendo objeto de consultas secretas con determinados asesores, en siete comisiones de la cámara baja, sobre todo en la de Obras Públicas presidida por el duhaldista Hugo Toledo.

Pero no hay que ver solamente qué se discute en Diputados sino principalmente qué negocia el PEN con las privatizadas. Roberto Lavagna es el más proclive a transar con sus requerimientos y tranquiliza a sus ejecutivos con que -aún en el peor de los casos- el marco regulatorio no estará en funciones hasta bien entrado 2005. Pero así y todo no le va bien en su relación con los representantes estadounidenses y europeos, que suelen contradecirlo en público. Anteayer fue el turno del embajador de Francia en Buenos Aires, Francis Lott, quien había llegado al ministerio acompañando a directivos de once firmas galas a una reunión con Lavagna. El diplomático admitió que 'el costo argentino es muy competitivo' (léase que aquí existen salarios de nivel africano) pero no se privó de disparar contra 'los problemas de seguridad jurídica'.

El jefe del Palacio de Hacienda se vio en la necesidad de retrucar esos dichos. De paso, cuestionó los reclamos de las compañías francesas ante el tribunal arbitral alegando que 'en Argentina no han ocurrido casos de expropiación ni tratos discriminatorios con empresas inversoras'. Pero la culpa no es del chancho sino del que le da de comer. En vez de quejarse del Ciadi, el gobierno nacional debió pedir ayer la nulidad del tratado bilateral argentino-estadounidense de protección de inversiones extranjeras. Esa es la 'madre del borrego' de los procesos abiertos en París por las multinacionales, que reclaman compensaciones por sus ex tarifas dolarizadas y pagan sueldos devaluados.