Las meretrices nucleadas en Ammar reclamaron justicia y esclarecimiento de los hechos que terminaron con el crimen de la luchadora social y titular del gremio, Sandra Cabrera

Una vez más los tribunales provinciales volvieron a ser escenario del reclamo de justicia. Al igual que los familiares de las víctimas del gatillo fácil y de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre, las compañeras de Sandra Cabrera –asesinada el 28 de enero de 2004– se dieron cita el pasado martes para reclamar por el esclarecimiento de quien fuera la titular del gremio de las meretrices.
La bronca y la tristeza no se borran de los ojos de esas mujeres que antes de la muerte de Sandra debían pelearla para darle de comer a sus hijos, y ahora además, se encuentran en la obligación de continuar el trabajo que había emprendido su compañera y de seguir persiguiendo justicia hasta llegar a los responsables de la muerte de la ex presidenta de Ammar.
Con el convencimiento de que el único imputado en la causa, el policía federal Diego Parvluczyk, no estuvo solo, las meretrices reclamaron que "se investigue a fondo hasta dar con los autores intelectuales del crimen" y exigieron que Parvluczyk sea elevado a juicio. Además dijeron que deben tenerse en cuenta en la investigación a los integrantes de la policía provincial y federal. "La hipótesis sigue siendo la misma: a Sandra la mataron para callarla", afirmó la actual presidenta de Ammar, Claudia Lucero.
Por su parte, la abogada a cargo de la causa, María Eugenia Caggiano, señaló que actualmente la Cámara de Apelaciones tiene en estudio la apelación del procesamiento y debe confirmarlo o revocarlo.
"En general, en causas como estas que han tomado estado público, es muy raro que las cámaras de apelaciones revoquen los procesamientos, generalmente las salas los confirman", explicó Caggiano, pero agregó "que en este caso es muy difícil hacer futurología".
Por último, Lucero manifestó a este medio que trabajar en la calle es más tranquilo gracias a que se disolvió Moralidad pública, pero que continúan exigiendo la derogación los artículos 83 (ofensa al pudor), 87 (prostitución escandalosa), 93 (travestismo) del Código de Faltas, tal como lo prometió públicamente el gobernador Jorge Obeid hace ya varios meses•