Amnistía Internacional

"El sistema de tribunales de la comunidad conocido como gacaca podría ofrecer a los sobrevivientes del genocidio, los acusados y los testigos una oportunidad de presentar sus argumentos en un entorno abierto y participativo. Esto podría representar un paso importante hacia la reconciliación nacional y la resolución de la crisis penitenciaria que afecta a Ruanda", ha manifestado hoy Amnistía Internacional, al inaugurarse en Ruanda un nuevo sistema de tribunales de justicia basado en la participación de la población local y concebido como un medio de poner al día la tramitación del enorme número de causas derivadas del genocidio ocurrido en 1994.
"No obstante, el carácter extrajudicial de los tribunales del sistema de gacaca y la falta de una preparación adecuada para ponerlos en marcha, conjuntamente con la intolerancia que demuestra el actual gobierno frente a la disidencia y con la falta de voluntad de las autoridades a la hora de abordar su deficiente trayectoria en materia de derechos humanos son factores que hacen que el nuevo sistema pueda desvirtuarse —agrega la organización de derechos humanos—. En consecuencia, es imprescindible que tanto el gobierno ruandés como la comunidad internacional adopten medidas encaminadas a asegurar que el sistema de gacaca cumple con las mínimas normas internacionales sobre juicios justos."
El elevado número de detenidos acusados de delitos relacionados con el genocidio ha rebasado la capacidad del sistema de justicia oficial de Ruanda. Mediante el nuevo sistema, basado en términos generales en un modelo tradicional de resolución de desacuerdos entre miembros de comunidades locales, se procesará a decenas de miles de detenidos acusados de delitos clasificados en las categorías núm. 2, 3 y 4 de la legislación ruandesa relativa al genocidio.
Amnistía Internacional comprende la necesidad apremiante de procesar a las personas acusadas de participación en el genocidio pero teme que, de no se abordarse sin dilación algunas deficiencias básicas del sistema de gacaca, el nuevo procedimiento pueda fallar a la hora de hacer realidad la justicia, la verdad y la reconciliación prometidas por el gobierno ruandés. «El sistema de gacaca podría convertirse en un vehículo para la justicia sumaria y arbitraria que les fallaría tanto a los encausados como a los sobrevivientes del genocidio», puntualiza Amnistía Internacional.
Los dirigentes del gobierno ruandés rara vez reconocen que el sistema de gacaca pueda tener fallos, y alegan que no existen alternativas viables. En general, la comunidad internacional de donantes de ayuda, que ha sufragado el establecimiento del sistema, se ha mostrado de acuerdo con esta actitud.
Uno de los aspectos que más preocupan a Amnistía Internacional es el carácter extrajudicial de los tribunales del sistema de gacaca. En la legislación que los rige no se han incorporado los principios internacionales de imparcialidad judicial. Los reos no disfrutan de garantías procesales que puedan asegurar que las actuaciones sean justas, aun cuando en algunos casos se enfrentan con la posibilidad de ser condenados a cadena perpetua.
La mayoría de las personas que oficiarán de jueces en el sistema de gacaca carecen de capacitación jurídica o de formación en materia de derechos humanos. La breve formación que se les ha impartido es extremadamente inadecuada de cara a la tarea que se les ha encomendado, dada la complejidad de la naturaleza y el contexto de los delitos cometidos durante el genocidio.
Amnistía Internacional también abriga dudas sobre las siguientes cuestiones: si habrá un flujo de información abierto y libre de restricciones durante las vistas judiciales; si se examinarán imparcialmente los argumentos de todas las partes; y si se respetará el derecho de toda persona a ser considerada inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Las vistas preliminares a las que asistieron delegados de Amnistía Internacional durante el año 2001 se caracterizaron por los actos de intimidación y las arengas por parte de funcionarios del Estado contra acusados, testigos de la defensa y miembros de la población local.
El reciente historial del gobierno de Ruanda en materia de derechos humanos se ha visto caracterizado por las restricciones a la libertad de expresión y asociación, las detenciones arbitrarias, las reclusiones ilegales y otras violaciones de los derechos humanos. «La falta de disposición de las autoridades ruandesas para poner freno a las continuas violaciones de derechos humanos e investigar los abusos cometidos en el pasado por sus propios agentes socava la credibilidad de sus declaraciones acerca de la necesidad de que se rindan cuentas, se establezca la verdad y se haga justicia en el sistema de gacaca.»
El funcionamiento del sistema también se enfrenta con enormes problemas prácticos. Decenas de miles de detenidos deberán ser transferidos de las prisiones centrales a sus comunidades de origen para comparecer ante los tribunales. El gobierno no ha aclarado por qué medios ni en qué condiciones se trasladará a los detenidos ni cómo se planea alojarlos, alimentarlos y tratarlos una vez allí. De no abordar estas cuestiones, las autoridades podrían contribuir a que empeoraran las condiciones de reclusión crueles e inhumanas a las que se enfrenta la población penitenciaria de Ruanda.
Recomendaciones
Todavía es posible que el gobierno ruandés y la comunidad internacional adopten medidas para mejorar el sistema de gacaca y establecer procedimientos de rendición de cuentas por todos los abusos contra los derechos humanos que se siguen cometiendo y se han cometido en el pasado.
A fin de conseguir este objetivo, el gobierno ruandés debe:
- asegurar que el sistema de gacaca cumpla con las normas internacionales de imparcialidad procesal, entre ellas la que dicta que toda persona debe ser considerada inocente mientras no se pruebe su culpabilidad;
- asegurar que los acusados, especialmente los que podrían recibir largas penas de prisión, gocen del derecho de apelación ante el sistema de justicia formal;
- asegurar que los acusados estén presentes cuando los jueces anuncien los delitos de que se les acusa;
- instituir un programa independiente y efectivo de supervisión de las vistas que celebren estos tribunales y garantizar que se hagan públicas sus conclusiones;
- proporcionar protección adecuada a los jueces, acusados y testigos e investigar sin dilación cualquier denuncia sobre actos de intimidación;
- ofrecer garantías de que las condiciones de reclusión respetarán las mínimas normas internacionales, entre ellas el derecho a ser recluido en condiciones humanas y a no ser sometido a tortura; y
- abrir investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por sus propias fuerzas antes y después de acceder al poder.
Amnistía Internacional también ha pedido a la comunidad internacional que apoye al gobierno ruandés en el establecimiento de un programa de supervisión del sistema de gacaca a fin de garantizar que sea independiente, eficaz y transparente; que se asegure de que las autoridades ruandesas actuarán sin demora para abordar las contravenciones de los principios procesales en que se incurra dentro del nuevo sistema; y que proporcione todo el apoyo necesario para que el gobierno de Ruanda pueda hacer honor a sus obligaciones conforme a las normas internacionales relativas a las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad.
Información general
Aproximadamente un millón de ruandeses perdieron la vida de forma brutal a manos de otros ruandeses durante el genocidio de 1994 y en el periodo subsiguiente. Estos homicidios se vieron acompañados de numerosos actos de tortura, como la violación sexual.
Mediante el sistema de gacaca se enjuiciará a personas que están detenidas y acusadas de delitos comprendidos en las categorías núm. 2, 3 y 4 de la legislación ruandesa relativa al genocidio. En la categoría núm. 2 se incluye a los presuntos perpetradores o cómplices de homicidios intencionales o graves actos de agresión causantes de la muerte de la víctima; los reos que no admitan culpabilidad pueden ser condenados a penas de entre 25 años de cárcel y cadena perpetua. La categoría núm. 3 se refiere a personas acusadas de otras agresiones graves contra particulares. La categoría núm. 4 se relaciona con las personas que han cometido delitos contra la propiedad.
La categoría núm. 1 comprende los delitos más graves relacionados con el genocidio, lo cual incluye los actos cometidos por personas que organizaron, instigaron o encabezaron los actos de violencia o asumieron un papel especialmente activo en su comisión.
La carga que pesa sobre el sistema judicial ruandés posterior al genocidio ha resultado insuperable. Las salas especiales que se ocupan del genocidio han procesado a menos del seis por ciento de los individuos detenidos como sospechosos de delitos relacionados con el genocidio. Actualmente hay unos 110.000 ruandeses recluidos en distintos centros de detención del país, en su mayoría en espera de juicio. Muchos fueron detenidos arbitrariamente y llevan años privados de libertad ilegalmente sin que se hayan apenas investigado los cargos en su contra o sin que se los haya investigado en absoluto. El hacinamiento y la falta de servicios sanitarios adecuados en los centros de detención son equiparables a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y se han producido muertes como consecuencia de enfermedades evitables, desnutrición y los efectos debilitantes del hacinamiento.
La legislación que establece los tribunales del sistema de gacaca entró en vigor a principios de 2001. A finales de ese año, 260.000 adultos «íntegros, honestos y de buena conducta» fueron seleccionados por las comunidades locales para oficiar de jueces en los más de 10.000 tribunales del sistema de gacaca. Estos jueces recibieron una formación limitada a principios de 2002.