Medio Oriente

Jon Jeter
www.znet.org
Soweto, África del Sur.-

Cuando ya no pudo soportar más la oscuridad, ni el frío que penetraba sus artríticas rodillas, ni el solo pensamiento de tener que sacrificar al fuego otro de sus muebles, Agnes Mohapi maldijo los poderes que le habían cortado la electricidad. Luego, llamó a un servicio del vecindario para que, clandestinamente, la reconectaran.
Poco después, una pareja de técnicos clandestinos del Comité de Crisis de la Electricidad de Soweto (CCES) llegaba a la intersección de las calles Maseka y Moema. Armados con alicates y cuchillas, y sin pedir nada a cambio, con un rápido corte acá y una unión allá, devolvieron la electricidad a esa esquina polvorienta y sin árboles.
"Nosotros no deberíamos tener que recurrir a esto," expresó Mohapi, de 58 años, parada en frente de su casa, mientras esperaba, cruzada de brazos y sin remordimientos, que los hombres repararan sus cables de electricidad. Nada, dijo, podría compararse a la vida bajo el régimen del apartheid, el sistema de segregación racial que confinó a los negros en pueblos pobres como Soweto.
Pero, con toda su desgracia, el apartheid nunca hizo esto: nunca la despidió del trabajo, subió astronómicamente los recibos de los servicios, y luego los desconectó cuando ella, inevitablemente, no pudo pagarlos.
"La privatización lo hizo," dijo ella, con un tono de creciente disgusto en la voz. "Y toda esta basura de globalización que nuestro gobierno negro nos ha impuesto, no ha hecho sino empeorar las cosas...Pero, nos uniremos y lucharemos contra este gobierno, con la misma furia con que luchamos contra los blancos en su día."
Esta es la nueva revolución de Africa del Sur. Siete años después de que los votantes de todas las razas fueran a las urnas por primera vez, terminando así con 46 años de apartheid y supremacía blanca, las iglesias, los sindicatos de trabajadores, las comunidades de activistas y los pobres de los pueblos enteramente negros, están desempolvando la maquinaria de protesta que fuera el motor de su lucha de liberación. Lo que más provoca hoy en día la oposición de los sudafricanos es lo que ellos consideran como injusticias desatadas en contra de esta nación por las políticas de economía de libre mercado aplicadas por el Congreso Nacional Africano, el partido gobernante de liderazgo negro, elegido popularmente.
Desde 1994, la vida aquí ha empeorado materialmente, debido a que el CNA ha emprendido la vía de la privatización gradual de las industrias del estado, la reducción de los impuestos a la importación y la liberación del control cambiario. Estas políticas han ampliado las oportunidades para los inversionistas extranjeros, pero, hasta el momento, han profundizado la pobreza heredada de las políticas segregacionistas del apartheid.
Con una industria nacional más vulnerable frente a la competencia extranjera y la reestructuración de las empresas públicas, el país más industrializado del Africa subsahariana ha perdido cerca de 500.000 puestos de trabajo desde 1993, dejando a un tercio de la fuerza laboral desempleada. Los 15 millones de sudafricanos más pobres, han visto reducido sus ingresos anuales en cerca de un quinto respecto de los anteriores al colapso del apartheid.
Los más altos funcionarios del CNA, muchos de los cuales fueron inicialmente marxistas, dicen que sus políticas económicas apuntan a remediar los desequilibrios del pasado, incluyendo las políticas comerciales proteccionistas y la concentración de la riqueza en las manos de unos pocos. Para redistribuir la riqueza primero hay que generarla, dicen los funcionarios del CNA, y ellos piensan que sólo un mercado globalizado y la inyección de dinero del exterior podrían lograrlo; aunque los ajustes a la economía causen sufrimiento.
Paulatinamente, se le está agotando la paciencia a este país de 44 millones de habitantes, mientras soporta una crisis financiera que, estadísticamente, sobrepasa la de la Gran Depresión. Al mismo tiempo, los costos de necesidades tan básicas como vivienda, agua y electricidad se están elevando desmesuradamente.
"Nosotros no hemos dado nuestras vidas y las de nuestros hijos, sólo para permitir que este brutal sistema capitalista nos explote aún más", dice Shadrack Motau, un miembro del consejo del CCES.
En Africa del Sur, la sigla peor vista no es HIV, el virus del SIDA que afecta a cerca de un cuarto de la población adulta, sino, indiscutiblemente, GEAR (en inglés) por Crecimiento, Empleo Y Redistribución, el paquete económico del CNA, que abre las puertas al comercio globalizado.
Con la esperanza de generar rentas, racionalizar una burocracia sobredimensionada y extender los servicios a los negros ignorados por el apartheid, el CNA anunció, seis años atrás, que el gobierno vendería las empresas públicas de las aerolíneas administradas por el estado y la compañía de teléfonos a Eskom, siglas de la comisión de electricidad pública. Con el apoyo de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el gobierno ha subastado, hasta ahora, sólo una pequeña porción, mientras reestructura las concesiones públicas para hacerlas rentables y atractivas para potenciales inversionistas.
La alienación que sienten muchos negros pobres por esta marcha hacia la privatización, ha alimentado manifestaciones públicas llamando a la reanimación de "el espíritu del '76": una referencia al año de las revueltas de Soweto, las cuales dieron a la campaña contra el apartheid su segundo aliento.
Prácticamente cada semana, miles de manifestantes y trabajadores sindicalizados marchan por las calles denunciando al GEAR y al CNA. Las organizaciones de base en Durban han comenzado a mudar de regreso a sus casas a las familias que son lanzadas; algunas veces sólo minutos después de que las autoridades hayan apilado sus pertenencias en medio de la calle y puesto candado a las puertas.
La mentalidad de lucha se ha reavivado definitivamente, dice Bongani Lubisi, de 28 años, uno de los tantos voluntarios desocupados que rondan Soweto todos los días, reconectando el servicio eléctrico. "Nosotros pensamos, cuando nos deshicimos del antiguo gobierno, que el nuevo gobierno negro se encargaría de nosotros. Pero, en cambio, los capitalistas se están volviendo más ricos mientras la clase trabajadora pierde sus trabajos y ni siquiera puede cubrir sus necesidades básicas".
A pesar de su acendrado fervor anticomunista, el gobierno del apartheid protegía la industria nacional de la competencia extranjera, con políticas que incluían medidas como: estrictos controles sobre el capital extranjero, fuertes subsidios estatales, y aranceles sobre los bienes importados. Cuando los negros, como parte del boicot político en todos los municipios, se negaban a pagar la renta y los servicios, el gobierno del apartheid, por temor a las revueltas, no los desahuciaba ni les cortaba los servicios.
El director ejecutivo de distribución de Eskom, Jacob Maroga dice, que los problemas de electricidad comenzaron cuando los boicots de los años 80 llevaron la bancarrota al gobierno municipal controlado por el apartheid, el cual compraba la electricidad y la revendía a los residentes.
Cuando Eskom comenzó a manejar las cuentas directamente, gastó cerca de 75 millones de dólares en incrementos de capital y facturó cerca de 35 millones en deudas del servicio eléctrico residencial. Ahora, en sus preparativos para vender su empresa, Eskom se ha concentrado en demostrar su rentabilidad a los inversionistas, siguiendo las prescripciones del Banco Mundial en cuanto a "recuperación de costos", de conformidad con las cuales el costo de cada kilovatio de electricidad es fijado en relación al gasto efectuado para proveerlo.
Eso significó un incremento de costos de cerca del 400 por ciento para algunos residentes de Soweto, los cuales habían estado pagando una tarifa fija durante años. La idea -expresa Maroga- era que "nosotros haríamos todas las mejoras y luego los residentes comenzarían a cumplir con sus compromisos. Pero tan sólo recobramos entre el 50% y 55% de los costos de la electricidad que vendemos." "Hay clientes que es obvio que no tienen capacidad de pago" continúa Maroga-, "pero también existe esa cultura de no pago en Soweto, donde hay clientes que podrían pagar, pero que le dan prioridad a otros gastos de consumo. Necesitamos arreglar eso."
De acuerdo con el sondeo de una universidad, en un lugar donde el ingreso promedio por hogar es menor de 100 dólares al mes, el 90% de todas los hogares de Soweto está atrasado en sus pagos de electricidad y al 61% le han cortado la electricidad en un período de 12 meses. En una comunidad de cerca de 1,5 millones de personas, Eskom corta el servicio a cerca de 20,000 clientes morosos cada mes.
"Esta cultura de no pago que la gente dice que existe en Soweto, dice Virginia Setshedi, estudiante de Derecho y miembro del CCES, "no es sino el hecho de que la gente no tiene dinero para pagar."
Debido a que Eskom vende la electricidad en cantidades grandes a precios de descuento, las municipalidades solventes, la mayoría en los suburbios blancos, compran la electricidad y la revenden a los usuarios a un 30% menos de lo que pagan los usuarios de Soweto. Para los mayores consumidores de electricidad de Eskom, -industrias como las plantas de acero y las minas de carbón-, la tarifa por kilovatio es, más o menos, una décima parte de la tarifa por casa en Soweto.
Esa desigualdad llevó, hace aproximadamente un año, a la coalición de comunistas sin organización partidaria, retirados y estudiantes universitarios, a crear el CCES. Trevor Ngwane, un concejal municipal ex -miembro del CNA, reclutó a un amigo, técnico en reparaciones despedido por Eskom, para entrenar voluntarios en la reconexión del suministro de energía.
Desde entonces, la Operación Khanyisa -que en la lengua Zulú, que es la que aquí se habla habitualmente, significa "iluminar", ha restituido ilegalmente la electricidad a cerca de 30,000 hogares. " Recibimos alrededor de 50 llamadas diarias de la comunidad" dice Setshedi. "Nosotros no preguntamos a la gente cuándo ni por qué le cortaron el servicio, sólo nos limitamos a reconectarlo. Todos deben tener electricidad."
Para combatir las conexiones ilegales y la creciente popularidad del CCES, los funcionarios de Eskom han publicado páginas enteras de anuncios en el diario de Soweto, advirtiendo a los lectores que 10 sudafricanos, niños en su mayoría, resultaron muertos el año pasado debido a cables eléctricos expuestos al aire libre. Pero los funcionarios del CCES dicen que ninguna de estas fatalidades ocurrió en Soweto, donde los técnicos voluntarios son entrenados en cómo envolver los cables, con bolsas de plástico. Patrick Bond, profesor de negocios de la Universidad de Witwatersand y codirector del Proyecto de Servicios Municipales, reconoce que es caro proveer de electricidad a los pobres, los cuales usan poca electricidad y no son capaces de comprarla en grandes cantidades a través de su municipalidad. Esto duplica los costos de los equipos, de la administración y del trabajo.
Pero, dice él, Eskom podría solucionar fácilmente el problema de la deuda en Soweto cobrando a las grandes industrias unos cuantos centavos más por kilovatio de electricidad, subsidiando así una tarifa fija más barata para los usuarios pobres.
"Eskom tiene una estructura de tarifas que económicamente tiene sentido," dice Bond. "Pero socialmente falla. Su estructura es buena para los suburbios del norte, pero nosotros queremos una tarifa que sea buena para todos. Eso significa menores márgenes de beneficio a corto plazo, pero a largo plazo, una sociedad más saludable.
Lubisi y otro técnico en reparaciones del CCES se encargan de llevar los argumentos de Bond a las calles. Ellos llegaron una mañana, hace poco, a la intersección de Maseka y Moema, flanqueados por dos reclutas. "Rojo y blanco se usan como cables de corriente y son muy peligrosos," dijo Lubisi, mostrando los cables a los aprendices, mientras una multitud se reunía.
James Buthelezi ha vivido en esta casa de la calle Maseka desde que tiene recuerdo, y ésta era la primera vez que habían cortado la electricidad. Veintiocho personas viven en esta casa de cinco cuartos, y un cuarto para herramientas en el patio trasero.
Nadie ha trabajado durante meses, y la familia sobrevive con menos de 120 dólares al mes, que es la pensión de la madre de Buthelezi. La cuenta por electricidad que adeudan es de más de 3,000 dólares. "Cuando vinieron a cortar la electricidad, les rogamos que no lo hicieran," dice Buthelezi, de 58 años. "Les dijimos que teníamos bebes y ancianos adentro. Ni siquiera hicieron una pausa para escucharnos."
Los miembros del CCES han tratado de hablar con el alcalde de Johannesburg acerca de los padecimientos que tienen que soportar familias como la de Buthelezi, pero les han dado plantón repetidamente. En junio, más de 20 furiosos residentes marcharon a la casa del alcalde, pero nuevamente los ignoró.
Como no pudieron cortarle la electricidad, le desconectaron el agua.