Medio Oriente

Viola EU derechos humanos de detenidos por atentados del 11 de septiembre: HRW
Las investigaciones, plagadas de abusos y detenciones arbitrarias a unas mil 200 personas, dice
Muchos, arrestados por largos periodos sin presentar cargos, acusa la organización humanitaria
AFP Y DPA/LAJORNADA

Washington, 15 de agosto. La organización Human Rights Watch (HRW) emitió hoy un informe titulado "Se presume culpable: violaciones a los derechos humanos de los detenidos en el contexto del 11 de septiembre", en el que denuncia que las in-vestigaciones de esos atentados "es-tán plagadas de abusos, detenciones arbitrarias, violaciones a procedimientos legales y arrestos clandestinos, de los que han sido víctimas al menos mil 200 personas".
El informe coincidió con denuncias de que al menos 30 prisioneros talibanes y presuntos miembros de Al Qaeda confinados en la base militar de Guantánamo, en Cuba, han intentado suicidarse.
El documento de HRW sostiene también que el Departamento de Justicia estadunidense ha aprovechado las violaciones a las leyes migratorias para violentar sus fa-cultades y abusar de prisioneros.
"Una violación a las leyes migratorias no debe darle al gobierno licencia para despedazar los reglamentos -señaló Jamie Fellner, di-rector del programa de HRW para Estados Unidos-. Al reducir la vi-gilancia del Poder Judicial y actuar a escondidas de la opinión pública, ha ejercido prácticamente un poder irrestricto sobre los detenidos".
El reporte reúne testimonios y declaraciones de extranjeros que fueron arrestados después del 11 de septiembre, y comprueba que mu-chos fueron detenidos por periodos prolongados sin que se les presentaran cargos, se les impidió el acceso a asesoría jurídica, se les sometió a interrogatorios coercitivos y se les negó la libertad bajo fianza.
Asimismo, hubo casos en que los detenidos fueron encarcelados en condiciones restrictivas, incluso confinamientos solitarios, y sufrieron abusos físicos y verbales por su nacionalidad, origen y religión.
Cárceles clandestinas
El documento calcula que unos mil 200 extranjeros fueron arrestados y mantenidos en secreto por las autoridades, ya que no se han dado cifras oficiales de detenciones. La mayoría de ellos eran originarios de Medio Oriente, el sur asiático y países del norte de Africa.
Muchos fueron detenidos por violaciones de las leyes migratorias, pero varios fueron arrestados en redadas al azar o con base en denuncias de vecinos. Estas personas estuvieron detenidas, sin que se les presumiera inocentes, hasta que las autoridades decidieron que no tenían nexos con el terrorismo.
En casos en que hubo violaciones a las leyes migratorias, el De-partamento de Justicia aseguró que dado que había de por medio una investigación criminal, se les podía

negar a los detenidos los derechos que constan en el código penal criminal, como son el derecho a un abogado y a que los cargos imputados se presenten con celeridad.
En algunos casos se mantuvo a los detenidos en un "limbo legal", bajo custodia del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), lo que según HRW es una "detención preventiva injustificada".
Fellner aseguró que con todas estas prácticas "el gobierno estadunidense ha pisoteado todos los valores que el presidente George W. Bush aseguró que fueron amenazados el 11 de septiembre, porque han sido ignoradas las restricciones básicas de un poder gubernamental, que es el fundamento de las naciones libres y democráticas.
El informe sostiene que la confidencialidad con la que se hicieron estos arrestos y las audiencias también secretas violan el derecho a la información ciudadana, por lo que exigió que se divulguen de inmediato los nombres de todos los de-tenidos en las investigaciones y se suspendan las audiencias secretas.
Asimismo, exigió que sea liberado todo detenido contra el cual no haya cargos tras 48 horas de su arresto, que se les informe de sus derechos y se les asigne un defensor de oficio.
Además, se solicita a las autoridades conceder la libertad bajo fianza cuando el caso lo amerite y suspender la práctica de mantener a los detenidos bajo custodia del SIN hasta que se demuestre que no tienen nexos con terroristas.
Marcha atrás de magistrada
La jueza Gladys Kessler ordenó hoy postergar por tiempo indefinido la aplicación de la orden que emitió el 2 de agosto, de divulgar los nombres de las personas arrestadas en la investigación sobre los atentados antiestadunidenses.
Dicha orden obligaba al Departamento de Justicia divulgar los nombres de los detenidos en un lapso de 15 días, medida que se consideró una victoria para los grupos pro derechos humanos.
Pero la magistrada aceptó hoy postergar su decisión en atención a un recurso legal interpuesto por las autoridades. Esto permitirá al Departamento de Justicia apelar el fallo de Kessler, lo que podría im-plicar que la dependencia nunca sea obligada a divulgar los nombres de los detenidos.
Por otro lado, la cadena británica BBC informó que al menos 30 presuntos miembros del talibán y de Al Qaeda prisioneros en Guantánamo han tratado de suicidarse, se-gún el médico del centro de detención, lleno a su máxima capacidad tras siete meses de funcionar.
Pese a que ninguno de los 598 cautivos tiene acceso a nada con lo que pueda quitarse la vida, algunos han intentado cortarse las venas con utensilios plásticos o golpearse la cabeza contra la pared. Celadores han dicho que esas acciones pueden ser por "remordimiento".
De su lado, Bush estuvo este jueves en el monte Rushmore, en el que están esculpidas en granito las caras de cuatro de sus predecesores, para preparar las elecciones legislativas de noviembre, presentándose como campeón de la guerra antiterrorista y del relanzamiento de la economía estadunidense.
"Esta generación enfrenta desa-fíos y los asumiremos de frente; ganaremos esta guerra contra el te-rrorismo", prometió desde uno de los sitios más célebres del país en casi medio siglo.
En las elecciones legislativas y locales del 5 de noviembre se renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, 36 cargos de gobernadores y numerosos puestos locales.
Querella de familiares de víctimas
Por otro lado, más de 600 familiares de víctimas de los atentados del 11 de septiembre presentarán este viernes una denuncia civil contra Sudán, siete bancos internacionales, ocho organizaciones islámicas de caridad, varios financistas y tres príncipes sauditas, por presunta financiación de Al Qaeda.
La demanda reclama el pago de daños e intereses por entre mil mi-llones y 3 mil millones de dólares, por persona o entidad emplazada, a título colectivo o individual. Al Es-tado de Sudán se le reclamarán 100 mil millones de dólares.
"Los querellantes invocan el es-tado de derecho para hacer responsables de sus actos a aquellos que han favorecido, financiado, apadrinado o incluso apoyado materialmente los actos de barbarie y terror causados el 11 de septiembre", se-gún el texto de la demanda.
Entre los individuos demandados a título personal figuran en especial tres príncipes de la familia real saudita: el ministro de Defensa, Sultan ben Abdel Aziz al Saud; el ex jefe de los servicios secretos, Turki al Faisal al Saud, y un empresario, Mohammed al Faisal al Saud, director del Faisal Islamic Bank.
La demanda sostiene que Turki al Faisal al Saud aceptó en 1998 no demandar la extradición de Osama Bin Laden de Afganistán. Además, suministró "ayuda generosa" al talibán, a cambio de la aceptación de no utilizar Afganistán como ba-se de operaciones para desestabilizar al régimen wahabita.
Afirma también que el príncipe Sultan donó al menos 6 millones de dólares desde 1994 a cuatro organizaciones "de caridad" islámicas, que de hecho servían para financiar a Al Qaeda.