Latinoamérica

Entre globalización y militarización
Janette Habel
Rouge
El despliegue militar de los EE.UU. en América Latina está en marcha con el fin de controlar, si es preciso por la fuerza, la globalización mercantil y los desórdenes sociales que engendra.
El ascenso de la protesta social es un rasgo esencial de los últimos años en América Latina. El crecimiento del paro, de la precariedad y de la extrema pobreza son el resultado de un decenio de políticas de ajuste estructural y de privatizaciones impuestas por el FMI. Si las formas de lucha son cada vez más radicales -cortes de carreteras de los piqueteros en Argentina o de los campesinos en Bolivia, ocupación de las tierras en Brasil, enfrentamientos con la policía en la calle-, aparecen nuevas organizaciones populares, poniendo las bases embrionarias de reagrupamientos más amplios, como muestra la coordinadora de piqueteros y de asambleas de barrios en Argentina.
A esta radicalidad social se añade la crisis de legitimidad de la democracia representativa. La generalización de la corrupción barre poco a poco las esperanzas democráticas nacidas del final de las dictaduras y de la guerra fría. Se suceden una tras otra convulsiones sociales y crisis políticas. La insurrección argentina es su manifestación más llamativa.
Bajo control
Sin embargo, el FMI y el gobierno americano han hecho saber al presidente argentino, Duhalde, que ninguna ayuda le sería concedida si un programa radical de reformas estructurales no es puesto en marcha y si sus dirigentes no tomaban las "decisiones difíciles indispensables para ganar la confianza de las instituciones internacionales". El veredicto de Washington y del FMI puede parecer sorprendente vistos los riesgos que se corren: la economía argentina está devastada, las "decisiones difíciles" recomendadas por George Bush son políticamente explosivas y es dudoso que un gobierno ya desacreditado pueda sobrevivir a su aplicación hasta las próximas elecciones de septiembre de 2003.
Las razones de la arrogancia americana son de varios órdenes. Como señala el corresponsal del "Financial Times" en Buenos Aires, el Departamento de Estado temía los efectos del contagio político argentino en América Latina. Éste, hasta ahora, no se ha producido. En la propia Argentina, la consigna "Que se vayan todos" expresa un rechazo general del sistema político, pero no ha desembocado aún en una perspectiva alternativa y creíble. Para Washington, los riesgos de deslizamiento están bajo control. Ciertamente, las graves dificultades atravesadas por Argentina pueden poner a prueba la construcción del gran mercado americano de Alaska a la Tierra del Fuego, previsto para 2005 (Zona de libre cambio de las Américas). Tanto más cuanto que en el momento mismo en que George Bush proclama las bondades del comercio "como mejor forma de combatir la pobreza" en Monterrey, cierra las fronteras americanas a las importaciones de acero, principalmente del Brasil. La apertura total de los mercados es de sentido único.
"Formatear la globalización"
La revisión estratégica en curso en Washington se inscribe en la doble perspectiva de realización de un proceso de libre-cambio continental y de lucha contra el terrorismo. El despliegue militar está en marcha a fin de controlar, si es preciso por la fuerza, la globalización mercantil y los desórdenes sociales que engendra. El interés estratégico de la región andina hace de ella una de las prioridades de la política de seguridad de los EE.UU.
La administración americana se prepara para levantar las restricciones a la utilización de la ayuda militar estadounidense hasta ahora oficialmente adscrita a la lucha antidroga en el marco del plan Colombia. La Casa Blanca pide una ayuda suplementaria de 658 millones de dólares para Colombia y de 98 millones de dólares para permitir al ejército proteger un oleoducto vital contra los repetidos sabotajes. En Panamá, el gobierno, utilizando una cláusula del acuerdo del canal que prevé la posibilidad de una intervención armada si la zona está amenazada, pide a Washington el envío de fuerzas militares. Dos bases militares de información y de detección, una en Aruba-Curaçao (posesión holandesa), la otra en Manta en Ecuador, a las que se añaden las bases de Comolapa (Salvador), Liberia (Costa Rica), Vieques (Puerto Rico), Alto Huallaga (Perú), muestran la amplitud regional de un dispositivo militar que disfruta de un acceso exclusivo a bases argentinas y a la de Alcantara en Brasil. Esta reorganización continental se acompaña de ejercicios multilaterales en la perspectiva de una fuerza de intervención latinoamericana , especie de brazo armado "antiterrorista" de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En efecto, el aspecto institucional de esta reorganización está también reexaminándose. Se trata de revitalizar la OEA y de construir un "paradigma de solidaridad democrática" para los países del hemisferio articulando la defensa de los Derechos del Hombre y una buena "gobernanza regional". Esta gobernanza interamericana podría instaurar un derecho de injerencia, mandando al trastero los principios de no intervención y el respeto de la soberanía nacional, muy vivos en un subcontinente cuya historia entera está marcada por las intervenciones extranjeras.
Es así como se pone en pie, en los planos económico, militar y político, una arquitectura multifuncional que debería permitir relegitimar la supremacía imperial. Ahogar la recuperación de las luchas sociales, segurizar el petróleo colombiano, desestabilizar al gobierno venezolano culpable de nacionalismo antiimperialista y de alianza con La Habana, neutralizar la resistencia de los zapatistas por la puesta en marcha del plan Puebla-Panamá que organiza el saqueo de América Central, infligir una derrota final a Cuba, son otros tantos objetivos que figuran hoy en la agenda de la Casa Blanca.
4 abril 2002