Latinoamérica

Venezuela entre la reforma y la revolución.

Federico Vazquez
Un nuevo rumbo

El segundo día de febrero de 1999 asumió la presidencia de la República de Venezuela Hugo Chávez. Así comenzó a cristalizarse un proceso político que tuvo su origen en la rebelión militar que esta misma persona encabezara siete años antes.
Chávez juró como primer mandatario sobre una Constitución a la que llamó "moribunda" y, el mismo día de asunción, ordenó -mediante un decreto- la convocatoria a un referéndum popular que abriría las puertas a la reforma constitucional. En agosto de ese mismo año se iniciaron las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente y en diciembre un nuevo referéndum aprobó por abrumadora mayoría la nueva Constitución. El proceso es veloz y radical. En menos de un año Venezuela destruye el equilibrio político de los últimos 50 años, elige como presidente a un militar que se alzó contra un gobierno civil y refunda la república sobre ideales contrarios a la hegemonía política e ideológica que en las últimas décadas se impuso en el continente.
Al intentar comprender este proceso -o parte de él- desde una lectura de la nueva Constitución debemos tener conciencia de los límites que nos impone acercarnos a una realidad dinámica desde una fuente "fría", que materializa al mismo tiempo hechos, ideas e intenciones futuras. Una Constitución (como toda ley) explica bien el debería ser ocultando muchas veces una realidad más compleja. No expone, por lo tanto, lo que ocurre en el presente social de un país, mas bien nos presenta un reflejo de los pensamientos y las metas de su dirigencia en un momento dado de la historia. Esto último es lo que intentamos descubrir al analizar la Ley venezolana. Un compendio de ideas y proyectos -algunos de carácter más general, otros más concretos- sobre los cuales la mayoría de la sociedad se ha puesto de acuerdo. Guarda el valor de permitirnos conocer los pilares ideológicos de un proceso en pleno desarrollo y transformación. Aunque también, en menor medida, algunos de los primeros logros de la llamada Revolución Bolivariana.
Réquiem para el neoliberalismo
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es pretensiosa. Además de los consabidos artículos sobre derechos políticos y civiles comunes a la mayoría de los sistemas jurídicos y la regulación de aspectos básicos de la organización estatal, esta Carta Magna intenta establecer algunas pautas generales sobre el régimen económico que tendrá el país, la participación activa de Estado en la economía, la consulta popular vinculante y la participación directa de los ciudadanos. Así como también reafirmar derechos sociales, educativos, culturales y los concernientes a los pueblos indígenas. No es una mera reforma de algunos artículos de una Constitución aún decimonónica, tanto en su origen como en su función y espíritu. Tiene, por el contrario, la fuerza de estar inaugurando un nuevo período histórico, se trata -sostienen sus propios hacedores- de una refundación de la nación.
La última parte de la década del 80 y la del 90 en su totalidad tuvieron en Latinoamérica la impronta inconfundible del contagio neoliberal. Así como los setenta estuvieron marcados por la propagación de dictaduras militares y la violencia estatal, en los últimos años hemos sido testigos de como los sucesivos gobiernos constitucionales del continente llevaron a cabo reformas estructurales tendientes a transferir riqueza a los sectores mas privilegiados y quitarle al Estado sus funciones sociales y redistributivas. Venezuela no escapó a ese destino común. Si bien algunos sectores estratégicos de su economía local -como el petróleo- siguieron en manos estatales, importantes empresas nacionales fueron rematadas y entregadas a capitales privados. Un caso paradigmático es el de VIASA. Venezolana Internacional de Aviación, S.A., línea aérea de bandera, que, al igual que nuestra Aerolíneas Argentinas, fue privatizada, vaciada y fundida tras ser adquirida por la española Iberia. Si el neoliberalismo no dejó al Estado totalmente mutilado, fue en parte por una diferencia en los tiempos de reacción de la sociedad venezolana respecto a, por ejemplo, la argentina. Tomemos 1989, año cargado de simbolismo. En el plano internacional, el mundo atestigua el hundimiento del primer proyecto mundial alternativo al capitalismo y, consecuentemente, se desata la ola neoliberal también a escala planetaria. En sintonía con este proceso, en Argentina la clase dominante logra finalmente unificar su proyecto económico y social con el sistema democrático ante una sociedad infantilmente permisiva. En Venezuela, por el contrario, sectores populares urbanos de Caracas producen un estallido social que le marcará un ritmo mas lento y oscilante al desguace estatal y la implementación del neoliberalismo. Y en 1992, la rebelión militar de Chávez junto a parte de la joven oficialidad inció un proyecto disidente que -aunque derrotado militarmente- adquirió una rápida adhesión.
Una muestra de las grandes metas -en términos muy generales- que el proceso revolucionario viene a cumplir queda explicitada en el artículo 299: "El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del medio ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa redistribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta".
Quedan expuestos así los alcances y los limites que hasta ahora tiene el proceso político y social venezolano. Una síntesis de las intenciones que nos muestra el artículo se podrían resumir en el convencimiento de recorrer un camino inverso al de la lógica neoliberal del libre mercado. Este país caribeño es el primero del continente que logra construir un programa estratégico económico y social por fuera de las recetas que los organismos internacionales y EEUU idearon para Latinoamérica.
El Estado presente en la economía en su función de planificador y la meta de conseguir una "justa distribución del ingreso" son los pilares conceptuales que reemplazan a los preceptos del "consenso de Washington".
Con los artículos 302 y 303, Venezuela conserva para el Estado la actividad petrolera, al mantener bajo su propiedad a la empresa encargada de desarrollar esa industria, PDVSA (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima). Reservándose la posibilidad de incorporar capital privado a partir de los negocios que ésta pueda realizar, pero siempre guardando para el Estado nacional la totalidad de sus acciones.
Si bien esto no implica ningún tipo de nacionalización, ya que desde 1976 el Estado se apropió de este recurso, la reafirmación constitucional de ello en un marco regional de privatizaciones de las empresas estatales nos advierte sobre la dirección que el proceso está tomando. En momentos de gran retroceso, la defensa de lo ya logrado se acerca bastante a una conquista. En este sentido, preservar para el conjunto de la sociedad los beneficios derivados de la venta de crudo es también preservar una herramienta fundamental para la capitalización del país, el desarrollo industrial y tecnológico y sumamente provechoso para lograr equilibrio fiscal. El gobierno parece consciente por otra parte del peligro que encierra refugiarse en este privilegio que ubica a Venezuela entre los mayores productores mundiales de un recurso caro y no renovable. La explotación desde comienzos de siglo de grandes yacimientos petrolíferos construyó una economía históricamente dependiente de las remesas de exportación. Como consecuencia de esto el país carece hoy de una industria importante y el campo entrega producciones pobrísimas con relación a su potencial. Atendiendo a esta realidad el gobierno ha creado un Fondo de Estabilización Macroeconómica que administra parte de las ganancias de petroleras y las distribuye a otros sectores productivos y sociales.
En este mismo capítulo de la Constitución se realza el interés de la nación por el desarrollo agrícola. Teniendo como fin el autoabastecimiento alimentario, el Estado se compromete a ayudar a los pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios y pesqueros.
"El régimen latifundista es contrario al interés social" se lee en el artículo 307. Este inicio de reforma agraria (que ya cuenta con una ley específica sobre la materia) promueve el aumento de la producción agrícola al ponerse en actividad tierras de carácter especulativo ante la posibilidad de confiscación y al mismo tiempo crea el marco para la distribución de tierras entre los campesinos y pequeños productores. Finalmente, en los últimos apartados del capítulo el Estado se compromete a proteger y promover la pequeña y mediana industria, particularmente las cooperativas, las empresas familiares y demás asociaciones de propiedad colectiva así como también las artesanías e industrias populares típicas del país.
Sin lugar a dudas, durante mucho tiempo la economía seguirá moviéndose al ritmo de las subas y bajas del precio internacional del petróleo, pero el país cuenta con una población cercana a los 24 millones de habitantes de los cuales más del 70% vive aún en la pobreza y encuentra su sustento en la economía informal. Si la transformación social logra incorporar a esa masa de excluidos no solo habrá hecho justicia, también fortalecerá las condiciones para un desarrollo autónomo sustentable.
Democracia: gobierno el pueblo.
Además de los avances en materia económica y social la reforma constitucional incorpora una legislación tendiente a democratizar el funcionamiento de los órganos estatales otorgando importantes mecanismos de poder y control a la sociedad civil. La sección referida a los derechos políticos nos dice: "Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas". Aunque parezca banal, esta afirmación constituye un avance democrático con relación a constituciones como la nuestra en la que en su artículo 22 subraya que "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades..." Según esta enunciación solo por la negativa la sociedad tiene derecho a participar políticamente y entiende, en última instancia, a la representación como una concesión antes que como un derecho que debe ejercerse activamente. Finalmente nuestra Constitución de 1994 cierra el artículo afirmando que "Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete el delito de sedición" Podrá decirse que el articulado guarda la intención de anular la validez de alzamientos militares o antidemocráticos, pero no deja de sorprender que con esa definición sea posible también definir a la protesta social -que no es otra cosa que el pueblo peticionando- como un acto de sedición.
Muy por el contrario la Constitución Venezolana, además de garantizar la participación activa de la ciudadanía deslegitima la utilización de la represión como mecanismo casi "natural" de los gobiernos para frenar protestas populares: "Se prohibe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas". Es decir, el Estado reconoce como válida a la manifestación popular, pero además autolimita sus facultades represivas.
La Constitución bolivariana establece las pautas para la realización de referendos populares sobre temas de trascendencia, los cuales pueden ser convocados por los órganos gubernamentales -como el poder legislativo o el presidente- así como por pedido de al menos el 10% de los electores inscriptos. En este caso podemos ver como esta normativa ya es parte de la realidad política del país. En Venezuela ya sea sometido a la consulta popular la propia Constitución -tanto para impulsar su reforma como para aprobarla definitivamente una vez terminado el proceso constituyente- así como también un referéndum sobre democracia sindical que tuvo un resultado adverso para el gobierno que había sido el convocante. Una vez más se hace necesaria la comparación:
La reforma de la Constitución Argentina de 1994 incorpora de manera muy similar este derecho, pero después de siete años de sancionada, la norma no ha sido aún reglamentada por los legisladores.
Este mecanismo de consulta popular fue reiteradamente criticado por promover una democracia plebiscitaria, sujeta a los "humores" sociales del momento o, lo que es más grave, al capricho demagógico de un "líder carismático" como algunos ven al actual mandatario venezolano. En parte estos temores son hijos de los miedos que algunos sectores económicos y políticos guardan con respecto a la participación ciudadana cotidiana y la decisión popular sobre políticas puntuales. De cualquier forma, que este mecanismo democrático no se convierta en un simple instrumento más de las estructuras estatales y partidarias para legitimar políticas previamente dictaminadas y sea en cambio un profundizador de la democracia y la participación popular tendrá que ver con el uso y apropiación que de él hagan los ciudadanos. La brevedad del proceso no nos permite aún echar más luz sobre este punto.
Lo que no parece posibilitar dobles lecturas es el artículo 72: "Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables." Siempre cuando haya transcurrido la mitad del mandato y lo dictamine un número no inferior de votantes a los que le otorgaron el cargo, el representante (sea cual sea su posición en la estructura gubernamental) deberá abandonarlo. Este artículo es un importante respaldo a las demandas de las sociedades actuales en materia de transparencia y obedecimiento de los mandatos con que los representantes acceden a un lugar de poder. El control efectivo y cotidiano sobre el poder político deja de estar en los mismos órganos estatales y de gobierno y retorna al pueblo. No es otra cosa que un traspaso de poder a la ciudadanía, un fortalecimiento del poder popular. Se borra, además, el extendido concepto de que la actividad política viene de la mano de la inmunidad judicial y social que, rápidamente, se convierte en impunidad para delinquir y para traicionar el mandato popular. Estas reformas son quizás el más importante aporte que esté haciendo Venezuela: el ejercicio de la soberanía no se limita a elegir representantes, la participación es múltiple y permanente. Y sobrepasa en mucho a las tradicionales estructuras políticas. Tal es así que a tres años de iniciado el gobierno revolucionario no existe aún una construcción política centralizada que dirija el proceso de transformación. La legitimidad del "chavismo" se encuentra tanto en los partidos que componen la coalición, como en los círculos bolivarianos -que se han formado en todo el país-, la movilización popular civil, la oficialidad militar o los llamados a consultas electorales.
"Un mundo donde quepan todos los mundos"
Al igual que muchos países americanos, Venezuela es una sociedad cultural y étnicamente diversa. La población de las grandes ciudades, con su componente europeo y mestizo, oculta demasiado la existencia de importantes comunidades aborígenes que se resisten aun hoy a disolver sus identidades en aras de una falsa integración, que reiteradamente implicó negación del propio origen. La Constitución venezolana intenta reparar, al menos en parte, los atropellos que los indígenas sufrieron en los últimos 500 años. Desde el preámbulo mismo se les otorga un reconocimiento histórico cuando se subraya "el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes.." Al mismo tiempo, la pluriculturalidad de la sociedad es defendida en el artículo 9 que incorpora a los idiomas indígenas como lenguas oficiales y necesariamente respetadas en toda la República.
Pero más concretamente todo el capitulo octavo está dedicado a la consagración de los derechos que las Nación le reconoce a los pueblos originarios. El Estado se compromete a respetar la organización social, política y económica de las comunidades, además de sus religiones, practicas medicinales y demás costumbres. En el mismo artículo ordena al Poder Ejecutivo demarcar y garantizar, junto a los pueblos involucrados, los derechos de propiedad colectiva de sus tierras. Estas pasan a ser inalienables e inembargables. También limita la explotación de los recursos naturales que se encuentren dentro de sus territorios y privilegia estos espacios para el desarrollo de las actividades económicas y sociales basadas en la reciprocidad y el intercambio. Se respeta el derecho a recibir una educación propia en la cual se imparta el conocimiento de los idiomas y tradiciones indígenas. La Constitución atiende además un problema importante y actual de las comunidades indias: la creciente presión de laboratorios y centros de desarrollo de fármacos de los países centrales para conseguir la apropiación de conocimientos y saberes medicinales y biológicos que aún se encuentran en posesión de los pueblos indígenas. Por esto la Constitución "protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos...perseguirán beneficios colectivos".
Por último se les otorga una representación especial dentro de la Asamblea Nacional. Las comunidades indígenas de Venezuela tienen el derecho de elegir tres diputadas o diputados que los representaran como un grupo social reconocido dentro del conjunto del pueblo. Se trata de lograr una unión que no nazca de imposición ni atropellos. Y no podría ser de otra manera en tanto Venezuela es un país que intenta a su vez ser escuchado y respetado dentro de un mundo que en los últimos años marchó a grandes pasos hacia la unipolaridad y la anexión política, cultural y económica.
Este nuevo escenario mundial adquirió fuerza en la última década dejando poco margen de acción a los países periféricos y dependientes en la definición de sus políticas exteriores. Las voces de los países subdesarrollados fueron apagándose hasta no quedar mas que unos pocos susurros aislados de lo que en algún momento fueron impresionantes cajas de resonancia donde tenían cabida los reclamos históricos del tercer mundo. Nucleamientos como los países no-alineados, los distintos diálogos sur- sur u organismos como la OPEP se silenciaron o simplemente desaparecieron, en concordancia con la consolidación de un poder imperial que además se presentaba ahora como resultado del consenso mas que de la fuerza. Y este es otro terreno de lucha de la nueva Revolución, quizá el más delicado. Esto también es parte del texto constitucional, en su artículo 152 defiende el derecho que todos los pueblos tienen a la "libre determinación y no-intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad". Y promueve la acción del Estado para contribuir en la integración política y económica con los países de Latinoamérica, retomando el viejo ideal de Simón Bolívar. Una unidad que no puede ser solo arancelaria, sino principalmente política y estratégica. El propio presidente lo explica en un reciente reportaje: "No se trata de hablar solo de economía, que es muy importante. Pero el tema que nos interesa es sobre todo el modelo político. Porque sino parece que estamos hablando de un gran supermercado. Eso no nos va a llevar nunca a la integración".
Se trata entonces de defender el derecho de marchar por otro camino, ante un mundo mucho más hostil que el que se encontraron otras revoluciones. Como lograr equilibrio entre ser consecuentes con las propias convicciones y reconocer la estrechez hoy existente en los organismos internacionales para tolerar discursos alternativos es un dilema que el gobierno venezolano todavía se está respondiendo. La genuflexión por parte de una inmensidad de países frente a un puñado de potencias tiene su correlato diplomático y no parece tarea sencilla recobrar autonomía en un mundo que se ha acostumbrado a tener una sola verdad. Esto, sumado a la escasa consolidación que aún tiene el régimen de Chávez, hace que sus palabras en la ONU días después del ataque del 11 de septiembre suenen todavía más audaces: "Nosotros desde Venezuela creemos que hay que revisar el mundo, completo. Con una gran lupa, una poderosísima lupa, porque el mundo ha venido muy mal; el mundo ha venido dando tumbos, de errores en errores. Terminó la segunda Guerra Mundial y nació Naciones Unidas, para bregar por la paz, para evitar nuevos horrores. No se han evitado nuevos horrores. Cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética a fines del siglo XX y se levantaron voces diciendo: se acabó la historia, llegamos al fin del camino, llegamos a la era final, tecnotrónica de la aldea global, de la mundialización, del Nuevo Orden Mundial, es el triunfo de un modelo, es el triunfo de una filosofía porque cayó la otra derribada. Y eso es mentira ¿Quién puede cantar victoria hoy en este mundo cuajado y cruzado por la miseria, por el llanto, por el dolor y por la muerte? ¿Cuál es la victoria de cuál modelo?"
El nacimiento de los procesos históricos suele tener una cara oculta, latente, de difícil percepción para sus contemporáneos, y otra, más visible, en la que estallan los sucesos que le dan el color a la nueva etapa: la revolución bolivariana se perfila como uno de esos hechos anticipatorios de un futuro posible.
Federico Vazquez
mail: fgv@fibertel.com.ar
Buenos Aires, Argentina.