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 Latinoamérica |
29 de
enero del 2002
Chile: Se acentuan razgos de un estado policial
Sergio Ramírez
La publición de algunos antecedentes sobre la creación de la
Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y de un documento oficial del Ejército
rompió el silencio que habitualmente rodea a temas que debieran ser
debatidos públicamente. Pero las cúpulas en el poder tratan
de determinan en esta materia a espaldas del pueblo, para impedir que se conozca
el verdadero significado de la incorporación de las FF.AA a las labores
de inteligencia política y tareas policiales.
Desde el reemplazo de la dictadura por gobiernos civiles, se inició
la convivencia de éstos con las instituciones castrenses en la llamada
"transición a la democracia" (años 90). Engendro político,
producto de negociaciones entre los partidos de la Concertación y la
derecha, para mantener el status quo del período dictatorial. Las expresiones
de tal relación se materializan en las esferas políticas, económicas
y sociales. Además, alcanza nivel nítido el objetivo de mantener
bajo control las expresiones de descontento popular que se pueden expresar
y proyectar a etapas superiores en medio de la agudización de desigualdades
sociales, pobreza, marginalidad y la explotación de la mayoría
de la población chilena.
En tal proceso, la ANI se diseña en el proceso de evolución
de las tareas represivas y la necesidad de su adaptación a los objetivos
políticos del modelo de transición de los gobiernos de la Concertación,
caracterizado por la continuidad de las desigualdades económicas y
sociales del período dictatorial, la permanencia del aparato represivo
y de inteligencia y la impunidad de los responsables de crímenes de
lesa humanidadas. Por lo cual, al representar los gobiernos de la Concertación
una línea de continuidad de la dictadura en tales aspectos, la convivencia
entre ambos se traduce en la tarea de crear un aparato de inteligencia cívico-militar.
Estas coincidencias se han manifestado, de una u otra forma, desde el principio
de la "transición" en los temas de la "seguridad ciudadana". Hoy, a
partir de un supuesto aumento de la delincuencia y la necesidad de enfrentarla
con una política de seguridad ciudadana, se fortalece el control social
mediante un sistema policial represivo-preventivo.
Lagos parece decidido a imponer el proyecto que presentara Frei en enero de
1997. Iniciativa que no prosperó debido a que el eventual procesamiento
de Pinochet constituía todavía un "tema sensible" en las relaciones
del gobierno-FFAA. Superado este problema con la impunidad del genocida, Lagos
toma la iniciativa de crear un servicio de inteligencia, cuyas acciones operativas
se realizarían en conjunto con las FF.AA. Esto se desprende de su propuesta.
En efecto, los principales objetivos de la ANC serían: "coordinar las
direcciones de inteligencia que ya existen... regular el intercambio de información
que éstas generan... asesorar directamente al jefe de Estado respecto
a los mecanismos de seguridad que debe tener el país en materias políticas,
económicas y militares, tanto dentro como fuera del país". Es
decir, se establece un nuevo tipo de colaboración entre quiene detentan
el poder y que se expresa en la creación y fortalecimiento de aparatos
represivos y de inteligencia para prevenir y reprimir, bajo el telón
de la "democracia", las manifestaciones del descontento popular que amenacen
el "estado de derecho" y la "gobernabilidad". Estas políticas han sido
sancionadas previamente en foros internacionales, bajo la orientación
de EE.UU y que tienen el argumento de lucha contra el "narcoterrorismo".
LA SINIESTRA "OFICINA"Y SUS SUCESORAS
El gobierno presidido por Aylwin creó un organismo de inteligencia
para contrarrestar la acción de los organismos militares, que seguían
operando, y para desarticular las organizaciones de izquierda que pudieran
constituirse en obstáculo a la transición pactada. Tareas de
inteligencia que comenzaron desde 1990, antes de la creación del Consejo
de Seguridad Pública (23.10.91). Los primeros directores de la denominada
"Oficina" han seguido escalando posiciones políticas dentro de la Concertación:
Mario Fernández (DC, que hoy ocupa un cargo de ministro), Jorge Burgos
(DC, diputado) y Marcelo Schilling (PS, embajador en Francia).
La acción sobre los organismos militares pasó rápidamente
al olvido. Para su labor la Oficina dispuso de la información de la
Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y de facultades
legales que le permitieron apuntar a su verdadero objetivo, definido por el
Ministerio del Interior de la época, el DC Enrique Krauss: "Dislocación
y exterminio del Mapu-Lautaro, desarticulación del FPMR (A) y trabajo
hacia el PC". Además, para reprimir al MIR (EGP-PL, organización
que emergiera en el período. Para lograrlo, la Oficina diseñó,
planificó y participó en operaciones carentes de consecuencia
ética y política. Los numerosos muertos y heridos que provocaron
sus operativos represivos en falsos enfrentamientos reeditaron la sórdida
guerra de los aparatos terrorista de la dictadura contra las organizaciones
políticas de la izquierda. En el prontuario criminal de los integrantes
de la Oficina está el asesinato de decenas de militantes del Mapu-Lautaro
y del FPMR. Todo ello logrado mediante delación, infiltración
y contratación de informantes, convertidos en "demócratas" mediante
la colaboración y soplonaje mercenario.
Los escándalos y críticas por el accionar de la Oficina obligaron
a aprobar la Ley Nº 19.212 (30.04.93), que la reemplazó por la Dirección
de Seguridad e Informaciones (DSI), dirigida por Isidro Solís (PR),
funcionario de Gendarmería. No obstante estos cambios, tanto su plana
de funcionarios como su práctica no sufrieron mayores cambios, llegando
incluso a ser conocida como la "Oficina II".
En 1995 se produce una modificación en las políticas de inteligencia:
los presos políticos fueron trasladados a la Cárcel de Alta
Seguridad y Solís fue removido de su cargo. Los motivos los señala
el mismo ex director de la Oficina II. Sostiene que el tema del "terrorismo
está mucho más bajo control" y en adelante el narcotráfico
debería ser prioritario en las labores de los organismos de inteligencia.
Durante el gobierno de Frei la DSI pasó a llamarse Dirección
de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI). Mario Papi (PR) dirigió
la institución que tenía los mismos objetivos, pero bajo un
enunciado diferente: "privilegiar el análisis a partir de fuentes abiertas,
enfocado en escenarios delictuales, sindicales y económicos entre otros".
Mientras que con la elección de Lagos, los socialistas vuelven dirigir
el organismo de inteligencia de La Moneda. Director de la DISPI fue nombrado.
Gustavo Villalobos, abogado PS y ex integrante de la Vicaría de la
Solidaridad, por lo cual se compromete a no "utilizar la información
que conoce por su antiguo cargo", satisfaciendo así las exigencias
castrenses. Bajo su direción se acentúa la búsqueda y
procesamiento de datos relacionados con los actores sociales populares. El
departamento encargado de esa labor es dirigido por Luis Marcó, uno
de los principales artífices de la política de "Seguridad Ciudadana".
La huella de la Oficina en la historia de los aparatos de inteligencia de
la Concertación es profunda. La campaña "antisubversiva o antiterrorista"
de los primeros años se desarrolló paralelamente con el reforzamiento
de la seguridad ciudadana. Contó, además, con la legislación
represiva heredada de la dictadura (ley de control de armas, ley antiterrorista),
y la aprobación de nuevas leyes como la de delación compensada.
Las repercusiones de sus actividades y métodos se han hecho sentir
durante los años de gobierno de la Concertaciónl. Siniestros
personajes como el "analista" Lenin Guardia (PS) y el "informante" Humberto
López Candia aún están en el centro de las noticias,
enredados en oscuros manejos terroristas y financiados con fondos reservados
del gobierno, que deja en evidencia la catadura moral colaboradores y financista
de dentro y fuera de los gobiernos de la Concertación
ROL TUTELAR DEL EJERCITO
La tradición autoritaria de las clases dominantes chilenas se pone
de manifiesto en los nuevas orientaciones de los organismos de inteligencia,
mediante la militarización de la policía y la utilización
de los institutos militares en labores policiales. El férreo control
sobre la sociedad, los medios de comunicación y las instituciones económicas
a través de los partidos políticos del sistema pone de manifiesto
el continuismo del poder tradicional de clase. Ya sea a través de sus
organismos de inteligencia, cuerpos policiales y fuerzas armadas. Mientras
que su objetivo sigue siendo: utilizarlas para defender poder y privilegios
y disponer de ellas para castigar a quienes atenten contra sus intereses.
El rol del ejército en los objetivos de los sectores dominantes ha
quedado claramente definido, una vez más, en el documento "Reorganización
del Ejército y el Nuevo Diseño de la Fuerza" (Santiago 20 de
enero de 2001) elaborado por el mando castrense. En el cual, no sólo
se hace una síntesis de los cambios logrados en esa rama; describe
que la educación militar y la estructura de la fuerza son pilares fundamentales
de su "proceso modernizador", sino que también afirma que "los contenidos
de la reforma anunciada por el General Izurieta, son la segunda fase del denominado
Plan Alcázar, presentado el año 1992 por Pinochet". Afirmación
aplaudida con entusiasmo y alegría por el diario El Mercurio, vocero
de los grupos económicos y defensor intransigente de la "obra " de
la dictadura.
En el nuevo diseño se establece que."dividiendo al ejército
en tres zonas estratégicas, dos extremos y una zona central, esta última
debiera contar con una gran capacidad de movilidad para apoyar a la parte
eventualmente afectada, aunque cada sector debe estar en condiciones de responder
autónomamente en caso de que el país quedara dividido en dos,
racionalizando los batallones de la institución en divisiones de menores
prestaciones, para hacerlas más móviles y autosuficientes".
Además, señala que "la ejecución de este proyecto se
efectuará con el presupuesto histórico que recibe el Ejército
de la Ley del Cobre, no necesitándose dinero adicional para su desarrollo
e implementación". Además se señala que: "al año
2002 la reducción de unidades será de un 27% y al año
2010 alcanzará al 46%. Si bien el Ejército se reducirá
a la cantidad de sus unidades, se mantendrá la fuerza mejor distribuida
e integrada, con unidades más eficientes, incrementando la potencia
y la capacidad operativa de las mismas".
FUNDAMENTOS REPRESIVOS DE LA ESTRUCTURACION
Como fundamentos de esta estructuración considera "la inestabilidad
económica, política y social de la región y el surgimiento
de nuevas amenazas, como son el narcotráfico, el lavado de dinero,
el crimen organizado y el terrorismo… ". Revelando así la disposición
de desempeñar un rol policial represivo que no sólo apunta a
infracciones delictuales típicas, sino tambien conflictos sociales.
Por lo cual se afirma "que obliga a contar con una fuerza militar flexible
que permita enfrentar estas nuevas formas de conflicto". Entre las cuales,
también cita que "las tendencias sociales actuales se caracterizan
por la crítica a la función defensa y el surgimiento de una
corriente contraria a lo militar". Por lo cual, argumentando que "el aporte
al espíritu republicano se fundamenta en un equilibrio entre la tradición
y el cambio". Ante lo cual, interpretan función militar con rol tutelar
respecto de la institucionalidad vigente. Tarea que, según el documento,
"se hace evidente en el permanente interés del Ejército por
participar en las diversas instancias desinadas a lograr consensos en temas
de importancia nacional.y… colaborando en salvaguardar la identidad histórico
cultural de la nación, cautelando sus valores y tradiciones".
El rol de garantes de la institucionalidad fue la imposición fundamental
de Pinochet para condicionar el relevo del gobierno castrense por uno civil.
Está vigente. Se procede ahora a su ratificación en el nuevo
proceso de colaboración gobierno-ejército, para consolidar el
sistema mediante la fuerza represiva/disuasiva. A pesar de que, aparentemente,
tal rol pueda tener diferentes interpretaciones para ambos, ya que se traduce
en el deseo castrense de intervenir en "todos los temas de interés
nacional", incluyendo obviamente en asuntos políticos, que constitucionalmente
les está prohibido. Tales enunciados tienen la intencionalidad del
cogobierno.
Para la obtención de sus objetivos, el ejército postula en su
documento un cambio estratégico en el diseño de la fuerza, que
se traduzca en: "Incrementar la capacidad de disuasión y de acción
militar, desarrollando una fuerza de despliegue rápido, más
funcional, flexible y modular, con capacidad de disuasión y cooperación".
Es decir, adaptación a un rol policial.