Hace tres años que se iniciaron estos diálogos en una zona de despeje de 42.000 Km cuadrados en el sur de Colombia (Cagúan) despertando la esperanza de una posible salida negociada a los conflictos que atenazan a este país desde hace más de 4 décadas. Durante los primeros años se mantuvieron diversas reuniones entre los interlocutores de ambas partes para elaborar un "Agenda Común para el Cambio" cuyo encabezamiento rezaba: Se buscará una solución política al grave conflicto social y armado que conduzca hacia una nueva Colombia, por medio de las transformaciones políticas, económicas y sociales
que permitan consensos para la construcción de un nuevo Estado fundamentado en la Justicia Social...." y aseguraba: " En la medida en que se avance en la negociación, se producirán hechos de paz....".
Sin embargo, a pesar de la buena voluntad expresada sobre el papel, la realidad es que no se han conseguido avances significativos en ninguno de los 12 puntos de la agenda original; muy al contrario, en este tiempo se ha observado un empeoramiento de las condiciones de vida y de seguridad de los/as colombianos/as y una precarización de las oportunidades de futuro tanto individuales como colectivas en todo el país.
La criminalización de las protestas sociales que surgen como respuesta a la imposición de las políticas neoliberales, la contrareforma agraria, la privatización de los recursos naturales y de los servicios sociales, la injusta distribución de las riquezas nacionales, la eliminación de la oposición política, la falta de garantías judiciales y procesales, la destrucción del tejido social, la
permisividad manifiesta ante la actividad de los grupos paramilitares, la corrupción institucional y el abuso de poder, son algunos de los hechos que demuestran que hace falta algo más que buenas palabras para lograr un cambio sustancial en las raíces del conflicto.
A lo largo de estos años, se ha podido observar como la cifra de homicidios aumentaba de forma imparable (más de 30.000 al año) así como las denuncias por torturas y por desapariciones forzadas, la mayoría de las cuales se cometen al margen del conflicto armado (85% de las víctimas son civiles inermes), lo que debería hacernos reflexionar sobre donde se encuentra el verdadero problema en Colombia, en vez de centrar el drama colombiano en la existencia de grupos insurgentes.
El siempre delicado estado de los diálogos de paz entre Gobierno y FARC-EP; y la inexistencia de diálogo con otras fuerzas insurgentes del país o con la sociedad civil (que no se siente representada por el Gobierno), es fruto de la falta de voluntad real de hacer cambios profundos, lo que conllevaría la eliminación de los privilegios de las élites, una participación real de la
población en la conducción del país y la liberación de la injerencia estadounidense en los asuntos del estado colombiano, mientras que la situación de rompimiento en el momento actual bien podría circunscribirse en la escala de "efectos colaterales del 11 de septiembre", ya que a raíz de estos acontecimientos se han aprobado cerca de 50 millones de dólares para reforzar a las unidades antisecuestro Gaula y para aumentar el seguimiento y trabajo de inteligencia sobre los grupos guerrilleros, así como el planteamiento de utilizar, ya de forma abierta, a las unidades antinarcótico y la financiación del Plan Colombia para la lucha contrainsurgente amparados por la "doctrina de defensa" que actualmente esta en vigor en las leyes estadounidenses y
por la nueva estrategia de lucha mundial antiterrorista.
Las cartas están echadas y el día 20 de Enero termina el plazo dado por el presidente Pastrana para la continuación del proceso. El Gobierno pide a las FARC-EP que acepten la medidas de control en la zona periférica del Cagúan y se establezcan plazos concretos de discusión sobre el secuestro de personas, los ataques contra la población civil y la destrucción de infraestructuras, manifestando su voluntad de continuar con los diálogos si la insurgercia demuestra un "cambio de actitud".
Las FARC-EP, por su parte, insisten en que ellos no se han levantado de la mesa de negociación y piden al Gobierno que cesen lo sobrevuelos sobre las zona de despeje, que se eliminen los retenes militares y paramilitares que cercan la zona y que impiden el paso a cuidadanos extranjeros y población colombiana, así como una aclaración oficial sobre el calificativo de
"grupo terrorista" con que los ha definido el gobierno de los EEUU. En ese mismo comunicado reiteran su voluntad de continuar los diálogos aceptando la ayuda de personalidades y organismos internacionales para salvar el proceso.
No parecen exigencias muy difíciles de alcanzar si se compara con la ardua tarea de dotar de contenido los puntos de la Agenda Común para el Cambio, por lo que quizás sea éste el verdadero motivo de la ruptura, no llegar nunca al verdadero ojo del huracán, ya que estos cambios, de lograrse, supondrían un verdadero revulsivo para otros países de la región Andina y del resto del mundo y frustrarían los planes de EEUU para la zona, frenando su carrera hacia su hegemonía mundial.
A pesar de todo ello, abogamos por una salida negociada como la solución más sensata al conflicto armado y social que vive Colombia desde hace más de 40 años, haciendo hincapié en que, mientras duran las conversaciones, se debe dar máxima prioridad a la salvaguardia de los derechos humanos y al cumplimiento de las recomendaciones que en esa materia ha elaborado Naciones Unidas, sobretodo en lo que respecta al desmantelamiento de los grupos paramilitares, la depuración de las Fuerzas Armadas y a la necesidad de una justicia efectiva que elimine la impunidad; y aceptando que es necesario realizar profundas reformas estructurales que sirvan de base para construir un país nuevo, basado en la justicia social y en el respecto por los derechos humanos, sociales, políticos, económicos y medioambientales de todos los/as colombianos
http://www.sodepaz.org/colombia