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Latinoamérica

Planteo para afectar a las FFAA a tareas policiales genera vacilaciones y dudas

Para el encuentrista Bellomo hay que rechazar el planteo: aún están frescas las heridas abiertas por la dictadura
La propuesta para incorporar personal de las Fuerzas Armadas a tareas de tipo policial para la prevención del delito generó vacilaciones en la clase política, ya que se trata de funciones de dos ministerios distintos y porque aumentar la vigilancia no soluciona el problema de fondo que es la desestructuración social.

 
Desde la izquierda se pone en duda que el envío de militares a la calle pueda disminuir las tasas delictivas.

El ministro del Interior, Guillermo Stirling, consideró el pasado jueves que es viable la propuesta del diputado herrerista, Julio Silveira, de incorporar personal de las Fuerzas Armadas a la Policía --a través del instituto del pase en comisión--, para la prevención del delito en la ciudad debido al incremento "paulatino y constante" de actividades delictivas.
Silveira señaló que el tema "no es nuevo, porque actualmente se está utilizando a las Fuerzas Armadas (FFAA) en la custodia de las cárceles". Por tanto, propuso que "podría utilizarse como complemento de la actividad policial, dentro de las normas que el Parlamento determine, un cierto número de efectivos militares ante una situación complicada del país".
Si bien la propuesta no generó el rechazo inmediato en la clase política sí hubo vacilaciones en cuanto a su puesta en marcha y a las posibles soluciones al tema de fondo. El ministro interino de Defensa, Roberto Yavarone, dijo que no se opone a la participación de militares en tareas de tipo policial, ya que esto responde a un "reclamo de la gente", pero advirtió que, para ello, hay que reformular la legislación vigente.
El diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) señaló que "por un lado está bien que en un plan de racionalización de los funcionarios públicos, se busque reforzar aquellos órganos del Estado que tienen dificultades de hombres con otros donde aparentemente habría más de los necesarios", cuestión en la que en principio no se opone.
Sin embargo, con respecto a la seguridad pública resaltó que se continúa "vendiendo ilusiones, porque no se solucionará de ningún modo con un aumento de la represión o de la policía en la calle, eso tiene un efecto mínimo con respecto a lo que es el panorama en el Uruguay".
En tal sentido, resaltó que en el año 1994 en la ciudad de Montevideo se cometieron aproximadamente "2.220 rapiñas. En 1995 se sancionó la ley de Seguridad Ciudadana, a través de la cual se tipifica como delito específico conductas como el copamiento al que se le dio una naturaleza autónoma. Pero cinco años más tarde, las rapiñas en Montevideo ascendieron a 5.800".
"Por tanto, si no se atacan los elementos sociales o las bases mismas que dan como consecuencia del delito, que es un producto social, realmente no vamos a tener resultados, porque nunca habrá un número suficiente de policías en las calles como para que nadie pueda cometer un delito", resaltó Orrico.
Agregó que "ante una desestructuración social como la que vive Uruguay hoy, hablar de seguridad pública en términos de que el ciudadano perciba que los delitos van a disminuir por más vigilancia es mentirle a la gente".
Funciones distintas
Por su lado, el diputado Daniel García Pintos (Fuerza Nueva Colorada) señaló que "no se trata de un tema sencillo porque son dos ministerios distintos con competencias profesionales diferentes".
Aunque señaló que "de hecho hoy las FFAA están colaborando con la seguridad pública en lo que tiene que ver con la custodia perimetral de las cárceles, lo que ha permitido liberar de dicha tarea a funcionarios policiales".
"No sólo la competencia de cada uno de los funcionarios de ambos ministerios, por ley orgánica y por misiones constitucionales, es distinta, sino que la formación de los militares es diferente a la formación policial", comparó el parlamentario.
Resaltó que la propuesta debe ser analizada "en profundidad", y resaltó que es un tema que corresponde ser estudiado más por el Ejecutivo que por el Poder Legislativo.
"Sin perjuicio de ello, si el resultado fuera positivo en cuanto a disponer de funcionarios militares para las tareas policiales, habría que darle el marco jurídico adecuado que hoy no existe para que los funcionarios militares, cumpliendo con su deber, no se vieran en un problema y sometidos a la Justicia ordinaria", añadió.
El legislador resaltó que "no existe el marco jurídico para que los militares salgan a realizar tareas policiales, y que en cumplimiento de la misma y ante un enfrentamiento con delincuentes que resulten heridos o muertos, deberían tener ambos funcionarios el mismo apoyo legal".
García Pintos señaló que "la Policía no esta desbordada y eso también debe tenerse en cuenta, porque cuando las Fuerzas Armadas intervienen es porque el desborde es absoluto.
"Preocupación y temor"
En tanto, el diputado Edgar Bellomo (Alianza Progresista) expresó que ve con "preocupación y temor" la iniciativa, "porque no hace veinte años que el país atravesó le experiencia trágica de las fuerzas conjuntas".
"Sin animo de agraviar, porque hoy se están comportando democráticamente y sometidas al mando del Presidente de la República, como corresponde, pero es bueno recordar que los mandos actuales del Ejército también se formaron en una época especialmente dura del país", subrayó Bellomo.
El legislador encuentrista opinó que el Ejército "está preparado para conmociones externas o internas y está bien que pueda colaborar con la Policía en la guardia perimetral de las cárceles y actividades sociales, pero dejan dudas en cuanto a la función de prevención y aun de represión".