26 de mayo del 2002

El Plan Colombia no es contra el narcotráfico, sino contra la resistencia campesina

COCCA (Coordinadora de Cultivadores de Coca y Amapola)  
Los cultivos campesinos de coca (menos de tres hectáreas por familia) son una alternativa de sobrevivencia y resistencia campesina en zonas de colonización, donde el campesino fue desplazado forzadamente y la única presencia del Estado históricamente ha sido la represiva y militar. La única alternativa viable para esos colonos desplazados ha sido los cultivos de coca y amapola. Los EEUU planifican una nueva intervención regional bajo el sofisma de la lucha contra las drogas, diseñan el Plan Colombia, narcotizan totalmente el conflicto social colombiano ignorando las causas estructurales de su génesis. La lucha contra las drogas, con la cual se está justificando la intervención en el conflicto regional es solamente una máscara que oculta los reales intereses extractivos de las multinacionales y del establecimiento colombiano en la región.  
El imperialismo  
El sistema capitalista mundial, en su fase actual, viene teniendo transformaciones significativas en sus formas de manifestarse, al mismo tiempo afronta crecientes expresiones de crisis global e intenta actuar para contrarrestar su tendencia depresiva. Como tal la política imperialista viene siendo impuesta, ya no por estructuras nacionales, sino por los grandes detentadores del poder económico (multinacionales, especuladores financieros, banqueros, etc.) quienes hacen uso de su incidencia política en los países del primer mundo (Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, etc.) para establecer sus intereses imperialistas sobre el resto del orbe. Al respecto, estamos atravesando por un momento de cambios en la política del imperialismo, que se hace más agresivo y violento, y se ha agravado aún más con la interpretación oportunista de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.  
La falacia de la lucha contra las drogas y el terrorismo  
La "cruzada contra el terrorismo" y la "lucha contra las drogas" encabezadas por los EEUU, reflejan una forma de rearticulación del imperialismo en torno a un liderazgo político y militar que refuerza su tendencia a la solución de las crisis sistémicas mediante la guerra, la suplantación de la voluntad y la autonomía de los pueblos por métodos violentos y de terror. Las estrategias de los EEUU apuntan a una exacerbación del poder de la ultraderecha mundial, sustentada en la reactivación de los complejos militares-industriales, el control de los recursos energéticos mundiales por la oligarquía petrolera de los Estados Unidos y la salvaguardia del sistema financiero especulativo, en su búsqueda de soluciones para la crisis económica por la que atraviesa el sistema. En esta línea la guerra hacia los pueblos es un eje fundamental.  
La intervención  
Existen planes específicos, interconectados y complementarios, tales como el Plan Colombia, dirigido directamente desde el Estado norteamericano, ahora denominado Iniciativa Regional Andina, IRA, y el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, cuyos propósitos buscan la conversión de los espacios y territorios de América Latina en mercados para la realización de los productos provenientes de los EEUU, al precio de la destrucción de los aparatos productivos nacionales, la negativa a aceptar cambios estructurales democráticos en nuestros países y la eliminación de las fuerzas populares y revolucionarias que se oponen a su proyecto.  
Ante esto, los pueblos de América Latina están en el deber de fortalecer sus lazos de organización e integración que ayuden a la articulación de procesos fragmentados de unidad latinoamericana y nos proyecten a mayores niveles de resistencia frente al nuevo despliegue imperialista.  
Esta situación incide directamente en la problemática nacional colombiana en la medida en que este posicionamiento de la ultraderecha mundial se vuelve un referente para la ultraderecha del país. Soplan con más fuerza los vientos intervencionistas y la criminalización internacional política a contingentes populares y revolucionarios entre otras acciones lesivas para nuestro pueblo. Todo esto es posible por la actitud entreguista de la oligarquía colombiana.  
Estas nuevas condiciones hacen que la arrogancia para suprimir las conquistas y derechos de los trabajadores y del pueblo, la tendencia a mayores niveles de represión contra las organizaciones y la protesta social, la actitud de ruptura de los diálogos con el movimiento insurgente se intensifiquen, para tratar de mantener el caduco esquema de dominio político, social y económico que tiene en el modelo neoliberal su más clara expresión.  
Debemos ser concientes que dicha ruptura no solo, escalonaría la guerra e intensificaría aun más el desplazamiento forzado y los crímenes de lesa humanidad, sino que recrudecería el terrorismo de Estado, en asocio con el proyecto fascista de la ultraderecha que muestra vasos comunicantes de clase con el paramilitarismo y sectores de los grupos transnacionales vinculados a la guerra y a megaproyectos de explotación de los recursos y el trabajo nacional.  
El documento de la Comisión de los Notables del roto proceso de paz entre las FARC-EP y el gobierno hace serios aportes para encaminar el proceso de diálogos. Si bien es cierto que la ultraderecha apunta a consolidar su proyecto, no es menos cierto que en Colombia existen sectores democráticos y revolucionarios dispuestos a confrontar dicha posibilidad.  
El régimen político colombiano agudiza su carácter autoritario, intolerante y excluyente proclive a una salida de fuerza de los problemas colombianos a través de la creciente concentración del poder político en el ejecutivo, la persecución y el chantaje frente a la oposición y marginando o aislando a quienes no se comprometan con las políticas de Estado. De esta forma pretende esconder la grave crisis social por la que atravesamos la inmensa mayoría de colombianos, manifestada en la alta tasas de desempleo, el nivel pírrico de los salarios de los trabajadores, la crisis del agro, el relatifundismo por vía de la expropiación violenta de tierras, que margina mucho más a los campesinos, las precarias condiciones de vida y de trabajo, el creciente aumento de la pobreza.  
La fascistización  
La Ley 684 de defensa y seguridad nacional(denegada temporalmente, gracias a un fallo de la corte constitucional), que corresponde a una versión actualizada del tristemente célebre estatuto de seguridad, restringe las garantías individuales, entrega facultades extraordinarias a los mandos militares cuestionados internacionalmente por su complicidad con el paramilitarismo y pretende darle legitimidad a éste en lugar de combatirlo como expresión brutal del terrorismo de Estado. Un estatuto antiterrorista como el propuesto por el gobierno es un arma contra el pueblo y las libertades políticas.  
La salida política  
La salida política del conflicto interno y la crisis que vive la sociedad colombiana requiere tener presente la necesidad de cambios sustanciales en el régimen político, que permitan la construcción de un modelo económico con justicia social, que redistribuya la riqueza y genere empleo, con respeto a los derechos de los trabajadores; que ofrezca salud, educación y recreación; amplíe y generalice el derecho a la seguridad social de los campesinos. Un nuevo modelo económico no puede pasar por alto la cuestión agraria, entendida ésta como una verdadera y durable reforma agraria democrática que beneficie a los campesinos asalariados, pequeños y medianos propietarios en función del desarrollo productivo de la economía, la promoción social y cultural del pueblo trabajador en las regiones.  
En este sentido, la dispersión y el fraccionamiento de las luchas de los diversos sectores de la población lo que hace es favorecer los intereses del gran capital; se hace necesaria entonces la unidad y convergencia popular, como un aglutinador de corrientes, expresiones y fuerzas políticas y sociales que están dispuestas a jugarle a la salida política y popular a corto, mediano y largo plazo, con un proyecto que ubica como ejes fundamentales de su accionar la solución al conflicto político, social y armado, la recuperación de la soberanía nacional, la democratización de las instituciones y la construcción de un modelo económico democrático alternativo.  
Las candidaturas a la presidencia de la República hoy expresados en Horacio Serpa, Noemí Sanin, Juan Camilo Restrepo y Alvaro Uribe Velez , solo comportan diferencias discursivas que no pueden enmascarar su real compromiso con el proceso de acumulación de capital de las transnacionales, su defensa de las políticas antipopulares guerreristas del sistema y su apoyo al intervensionismo de los EEUU.  
Conclusiones  
· La versión actual del conflicto político, social y armado colombiano se prolonga por más de 5 décadas basado fundamentalmente en la irresolución de la cuestión agraria en el país. El campesinado minifundista se ha visto expropiado violentamente durante años por la clase terrateniente y latifundista vinculada a las tradicionales élites oligárquicas del poder. Enormes masas campesinas se han visto abocadas al desplazamiento forzado hacia los conglomerados urbanos pero también hacia las selvas adentro, abriendo la frontera agrícola en nuevas zonas de colonización hacia el oriente, el occidente, el Magdalena Medio y considerablemente hacia el sur de país. Otro sector del campesinado politizado, organizado desde propuestas de autodefensas campesinas de masas frente a las agresiones del Estado, se fue configurando y estructurando hasta llegar a ser las guerrillas actuales.  
· El conflicto social, las desigualdades regionales, la marginalidad y la exclusión se vieron agudizadas en las ciudades y en los territorios rurales colombianos con la implementación del modelo neoliberal de la economía que privilegia las importaciones, la usura, la especulación y el rentismo. Las importaciones de 8 millones de toneladas al año de alimentos, hacen inviable la economía campesina. Como lo demuestra la historia reciente, el desarrollo del capitalismo neoliberal en el campo, no alivia la situación del campesinado, ya que el tránsito a los métodos capitalistas va acompañado del desalojamiento masivo de los campesinos de la tierra. Se vive también un periodo de quiebra de pequeñas, medianas empresas privadas e incluso grandes empresa estatales que empiezan a ser privatizadas por las multinacionales en desmedro de lo público. Se concentra mucho más la acumulación, se colapsan los limitados sistemas de redistribución social mientras que se asumen colectivamente en el seno de la sociedad las pérdidas del modelo de mercado.  
· La quiebra de la economía campesina lleva al campesinado a buscar alternativas de subsistencia en las nuevas regiones de colonización, caracterizadas por los casi nulos niveles de inversión social estatal (producto de las imposiciones de los usureros financieros del capital mundial), es decir, se trata de regiones inhóspitas en la amazonía y orinoquía colombianas, las selvas del pacífico, la cordillera oriental, el Magdalena Medio; con suelos no aptos para la agricultura y totalmente desarticulados e incomunicados, con precarios sistemas salud, educación, vivienda y servicios públicos. En este contexto abiertamente anticampesino y antisocial la única alternativa viable para los colonos ha sido los cultivos de coca y amapola.  
· Mientas tanto el auge del proyecto político y militar de la guerrilla colombiana, explicado en gran parte por el desmejoramiento de las condiciones económicas y sociopolíticas del país y la pauperización con la consecuente polarización de la sociedad, ha puesto en riesgo los intereses económicos y políticos de los EEUU en la región. Para reposicionar sus intereses estratégicos los EEUU planifican una nueva intervención regional bajo el sofisma de la lucha contra las drogas, diseñan el Plan Colombia, narcotizan totalmente el conflicto social colombiano ignorando las causas estructurales de su génesis.  
· El círculo vicioso de las fumigaciones es presentado como la lucha contra el narcotráfico (por cada hectárea fumigada se siembran tres más), mientras que se auspicia la militarización y se potencian las estrategias de guerra sucia, contra el campesinado y las organizaciones sociales, como lo es el caso del paramilitarismo.  
· En esta medida y con la implementación del Plan Colombia se está fortaleciendo una propuesta de modelo de desarrollo basada en la contrarreforma agraria anticampesina y en el "privilegiamiento" a la implementación de megaproyectos de infraestructura, de economía extractiva y agroindustrial. Para consolidar este modelo de desarrollo excluyente se realiza el aseguramiento de territorios, necesariamente asociado a la expropiación violenta de tierras y la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad bajo el amparo de la impunidad institucionalizada.  
· La total militarización y paramilitarización de lo público (ley y estatuto de seguridad), son el escenario propicio para penalizar la protesta social y victimizar "legalmente" las tendencias igualitarias y emancipadoras de las organizaciones y los movimientos sociales.  
· Los cultivos campesinos de coca (menos de tres hectáreas por familia) son una alternativa de sobrevivencia y resistencia campesina en zonas de colonización, a donde el campesino fue desplazado forzadamente y donde la única presencia del Estado históricamente ha sido la represiva y militar. Estos cultivos son una coyuntura y su problemática no explica de ninguna manera el conflicto, el cual tiene claramente unas causas de carácter estructural. De tal forma, la lucha contra las drogas, con la cual se está justificando la intervención de los Estados Unidos en el conflicto regional es solamente una máscara que oculta los reales intereses extractivos de las multinacionales y del establecimiento colombiano en la región.  
Para lograr las transformaciones estructurales en el país, se requiere avanzar en la organización social y la unidad popular, elevar la conciencia política del pueblo colombiano para superar la reducción de las luchas a cuestiones inmediatas y economicistas; así como sus reacciones limitadas a las manipulaciones de los aparatos ideológicos del sistema, principalmente los medios masivos de comunicación que generan nuevas formas de subordinación y enajenación de masas.