Latinoamérica

Claudio Lozano
FRENAPO

De mantenerse el rumbo actual en materia de política económica, la población en condiciones de pobreza que hasta octubre del año 2001 ascendía a 14.567.000 personas se transformará en 17.167.000 en mayo del presente año y se ubicará en 20.085.000 hacia finales del 2002. En este marco, donde los pobres se expanden en más de cinco millones (5.518.000), la decisión oficial de asistir con un subsidio de $150 a 1.200.000 desocupados en una primera etapa (hasta mayo) y llegar a dos millones no se sabe bien cuándo, está lejos de resolver los problemas. Para ser más precisos, la propuesta oficial en lugar de ser un combate frontal a la pobreza termina transformándose (por el contexto en el que actúa) en una mera estrategia asistencial y de control destinada a contener el cuadro de ingobernabilidad que puede caracterizar a una Argentina sumergida a situaciones sociales como las expuestas. Desde otro punto de vista, constituye un intento por parte del actual Partido Justicialista de fortalecer su estrategia de intervención política sobre la población en situación de indigencia a los efectos de evitar un mayor deterioro sobre su ya averiada estructura territorial y electoral.
La consulta popular promovida en diciembre del año 2001 por el Frente Nacional Contra la Pobreza y avalada por el voto de más de 3 millones de argentinos señaló con precisión la necesidad de combatir la desocupación y la pobreza por vía de una estrategia de redistribución progresiva del ingreso que en razón de su impacto sobre la demanda y el mercado interno permitiera poner en marcha una nueva estrategia productiva reactivando la economía y superando la presente depresión. La propuesta actual es en todo caso la estrategia necesaria de un gobierno que, lamentablemente, ha elegido un camino que manteniendo la lógica del ajuste perpetuo, indujo por vía de la devaluación y la pesificación consumadas un shock redistributivo de sentido exactamente inverso. En lugar de transferir 12.000 millones de dólares anuales - 12.000 millones de pesos de diciembre 2001- a desocupados, ancianos y menores tal cual lo planteaba la propuesta del FRENAPO, ha transferido U$S 13.132 millones -$ 36.769 millones de hoy- en apenas tres meses a los principales grupos empresarios con orientación exportadora y propietarios de dólares acumulados en el exterior por una cifra equivalente a un año de PBI argentino (según la estimación del Ministerio de Economía la fuga asciende a U$S 105.000 millones). En suma, se mantiene abierta la fábrica que produce pobres y sólo se intenta instrumentar un mecanismo de contención.
Por lo expuesto, queda claro que la propuesta oficial está muy lejos de alcanzar el objetivo tan declamado de la universalidad y que en la práctica supone garantizar mecanismos de acceso que permitan al conjunto de los hogares el logro de una renta mínima que los coloque por encima de la línea de pobreza. Por más que se busquen atajos, no habrá universalidad si no se asume de manera expresa la tarea de redistribuir el ingreso con mayor justicia. Asimismo, la confusión conceptual respecto al hilo causal que vincula desocupación y pobreza determina que la estrategia adoptada no sólo no es distributiva sino que termina convalidando la dinámica regresiva del mercado laboral y al mismo tiempo resulta ineficaz incluso como mera política compensatoria. Por último, la posibilidad de utilizar estos planes como subsidio a las empresas abre la puerta a viejos y conocidos fraudes en materia laboral. A continuación aclararemos los puntos mencionados.
I. EL PROBLEMA CONCEPTUAL
Debe quedar claro tal cual lo sostuvimos en nuestra propuesta y tal cual lo ratificáramos ante el planteo del Ingreso Social de la ex Ministro Bullrich, que no todos los desocupados son pobres ni todos los pobres están desocupados. El señalamiento viene a cuenta de recordar que la desocupación actúa como factor causal de la expansión de la pobreza en razón de los efectos que genera sobre la dinámica del mercado laboral y no porque exista una identidad entre desocupación y pobreza. Es decir, la existencia de millones de desocupados determina que el mercado laboral opere sin piso para el salario condicionando la evolución de los ingresos y deteriorando al extremo las condiciones laborales. En este sentido, la estrategia adoptada por el gobierno al fijar un subsidio de $150 que por otra parte no supone relación laboral (por lo tanto sin cobertura previsional ni sanitaria) implica validar la precariedad laboral absoluta y un nuevo nivel para el salario mínimo en la Argentina. Al dólar actual ($2,80), el nuevo piso salarial del país es de U$S 53.Cabe consignar que el ingreso promedio de los hogares pobres argentinos se ubica en torno a los $200 (según datos a octubre del 2001) por lo que la propuesta oficial de ubica incluso por debajo de dicho promedio. Comprender el aspecto cualitativo de este problema es absolutamente esencial ya que supone entender que esto no se altera por más que se expanda el subsidio. Aún extendiéndose a más desocupados -a todos los desocupados- su efecto sobre la dinámica laboral es convalidar la regresividad y garantizar que las tendencias económicas y laborales sigan produciendo pobres. Por esta razón es que la propuesta votada por más de tres millones de argentinos, señalaba que el seguro de empleo y formación debía ser de $380. Esto implicaba fijar el nuevo salario mínimo en la Argentina, al tiempo que por lo mismo, inducía un cambio en la dinámica del mercado laboral consistente con una estrategia de redistribución progresiva de los ingresos. En este sentido, el subsidio - si no se altera la dinámica laboral - es apenas una estrategia compensatoria y de control; y en tanto no altere dicha dinámica pierde eficacia como instrumento de combate a la pobreza.
II. ACERCA DE LA UNIVERSALIDAD Y LA EFICACIA
Al no alterarse la dinámica laboral el subsidio pierde eficacia, ya que su valor con relación a combatir la pobreza radica en modificar el funcionamiento del mercado laboral y nivelar hacia arriba los salarios. Por lo tanto, mantener el subsidio como modo de llegar al pobre lleva implícita la pérdida de universalidad y la necesidad de discriminar al interior de la pobreza. Veamos esto con mas precisión.
Dijimos que no todos los desocupados son pobres ni todos los pobres desocupados. Con las cifras disponibles a octubre del 2001 se observa que el total de Jefes de Hogar Pobres asciende a 3.032.649 y que los jefes de hogar pobres con menores a cargo son 2.432.300. Sobre las cifras expuestas hay que agregar que la desocupación para los jefes de hogar pobres asciende al 27,7%,es decir que hay un 73% de jefes de hogar pobres que no están desocupados sino mal ocupados y que solo podrán acceder al subsidio perdiendo el ingreso que hoy obtienen (lo harán aquellos que tengan ingresos inferiores) o si pueden combinar sus actuales estrategias laborales con la percepción del mismo. Por lo tanto, el millón doscientos mil subsidios previstos para la primera etapa del plan (la única que hoy tiene financiamiento) sólo cubre al 39% de los Jefes de Hogar Pobres y al 49% de los que no tienen menores a cargo. Por ende, con relación a los Jefes de Hogar no hay universalidad ni eficacia.
Considerando el tema desde el punto de vista de los menores, tampoco se concreta la universalidad ni el derecho a la inclusión. El 50% de los jefes pobres con menores a cargo no percibe el subsidio por lo cual hay menores sumergidos en la pobreza que no accederán a la inclusión porque su padre está mal ocupado y no desocupado. Asimismo, se observa una profunda injusticia ya que para una familia que tiene un hijo el subsidio es el mismo que para otra que tiene cinco. En el primer caso tener un pibe implica $150 y en el otro cada pibe vale $30.
En suma, al no alterarse la dinámica laboral se pierde la universalidad ya que se anula el efecto distributivo que implicaba ponerle un piso salarial al conjunto de los trabajadores. A la vez, la elección como vía de acceso a la pobreza del jefe de hogar desocupado obliga a discriminar al interior de los pobres. En realidad, si hubiera que optar respecto a cuál es el mejor mecanismo para llegar a los pobres de manera compensatoria y sin alterar la dinámica laboral la vía más lógica sería privilegiar el subsidio a los menores. En cifras, mientras sólo el 27,7% de los jefes de hogar pobres están desocupados, los hogares pobres con menores a cargo involucran al 89% de las personas en situación de pobreza y al 92% de la población en situación de indigencia. Vale la pena recordar que según los valores disponibles a octubre del 2001 hay 7.082.200 niños y adolescentes que ven comprometido su futuro al encontrarse sumidos en situación de pobreza.
III. SOBRE LA AUSENCIA DE DISTRIBUCIÓN
Ya hemos señalado que no hay distribución al establecerse un monto para el subsidio que no altera la dinámica del mercado laboral. No obstante, debe agregarse que la ausencia de distribución se hace más patente todavía al observar el futuro que nos propone una estrategia oficial que privilegia el devaluacionismo y el ajuste inflacionario. En este contexto, hacia fines del 2002, el PBI caerá entre un 8 y un 10%, la desocupación subirá entre 6 y 7 puntos, los salarios reales caerán un 31% y tal cual indicamos en el comienzo de estas notas la pobreza crecerá en 5.518.000 personas.
El argumento oficial que pretende situar el efecto distributivo en el hecho de que los recursos a asignar provendrían de las retenciones sobre los exportadores merece también algunos comentarios.
En primer lugar, los recursos disponibles para la primera etapa del Plan son exactamente los mismos que estaban expuestos en el Presupuesto votado por el Parlamento con el agravante de que en el la cifra necesaria para estos subsidios se obtenía subsumiendo en un solo fondo los recursos correspondientes al sistema de Seguro de Desempleo y a los residuos de planes laborales con financiamiento internacional.
En segundo término, la proyección lógica para todo el año indica que los recursos fiscales serían $5.000 millones menos que los estipulados por el presupuesto oficial. Por lo tanto, lo que se recaudaría por las retenciones (U$S 2.925millones o $8.190millones) se utilizaría por lo menos en un 61% para compensar el faltante fiscal y sólo el resto podría tener otro destino. No obstante, debe considerarse también que si la estrategia de política económica sigue siendo la que es, el objetivo no será incrementar el gasto social sino acumular superávit a efectos de recomponer los pagos externos.
En tercer lugar, las retenciones aplicadas en un contexto de flotación cambiaria y sin intervenciones fiscales en la cadena agroalimentaria, dan lugar a que las mismas sean abonadas por los productores más débiles o por la sociedad sobre la base de presiones alcistas en el mercado cambiario. Por lo tanto el titulo de este acápite es en realidad falso. No es cierto que esté ausente la distribución, esta opera, pero en el sentido exactamente inverso al necesario. Transforma el plan vigente en una estrategia que distribuye ingresos desde los sectores medios y los asalariados con el objeto de contener situaciones explosivas en materia de conflictividad social.
IV . SOBRE EL FRAUDE LABORAL
No hay mucho que precisar en este punto. En el decreto oficial se autoriza el uso de estos planes para estrategias empresarias, al tiempo que se señala que se controlará cualquier intento de fraude laboral y que se lo acotará a las pequeñas y medianas empresas. Parece olvidarse que en el marco actual (casi un 40% de empleo clandestino, ausencia práctica de mínimos convencionales, y mecanismos de tercerización donde aparecen pymes articuladas con la operatoria de los principales grupos empresarios) dicho control es imposible. Máxime si no hay una estrategia económica, política y gremial que fortalezca a los trabajadores en la relación laboral. Es por esta razón que toda la historia reciente sobre los distintos planes que pretendían incrementar el empleo, indican la existencia de colosales fraudes laborales: básicamente reemplazan plantas existentes pero con subsidio fiscal.
V . SOBRE EL SENTIDO POLÍTICO DEL PLAN OFICIAL
Se ha escuchado por boca del Presidente señalar que los números del INDEC le resultaron inferiores a la realidad que encontraron (habría más jefes desocupados que los indicados por la estadística. Pasando en limpio los números y las afirmaciones surgen algunos elementos de importancia. Los números a octubre del año pasado indican que los Jefes de Hogar desocupados con menores a cargo son 645.438 y que los desocupados pobres con menores son 495.180. Dadas estas cifras, la estrategia oficial de asignar 1.200.000 planes busca contener a los jefes con menores a cargo en situación de indigencia y que representaban a octubre pasado 840.864. Esto es así en tanto el ingreso promedio de los hogares indigentes se ubica - para todo el país - en torno a los $118. Es decir, el subsidio opera como una alternativa favorable tanto sea para abandonar o complementar la actividad que este contingente poblacional desarrolla.
Obviamente, esta direccionalidad no puede desgajarse del intento de restituir condiciones de legitimidad y eficacia electoral para el Partido Justicialista sobre un espacio social que le ha sido normalmente afín y que en los últimos años, de la mano de la depresión económica, la expansión de la desocupación y la pobreza, así como por la emergencia de las organizaciones territoriales de desocupados (piqueteros), comenzó a tomar distancia de la estructura Justicialista. Más aún, lo expuesto resulta especialmente cierto frente al colapso económico de la Provincia de Buenos Aires y particularmente en el segundo cordón del Conurbano.
VI . LA INTERVENCIÓN POLÍTICA NECESARIA FRENTE A LA PROPUESTA OFICIAL
Es indispensable intervenir señalando que dado el nuevo contexto sigue siendo imprescindible una estrategia que combata la pobreza por vía de un proceso redistributivo que combine la instrumentación de un Seguro de Empleo y Formación de $420 para los Jefes de Hogar desocupados, una asignación por hijo de $65 y una asignación para los mayores sin cobertura de $165. Los nuevos valores son consistentes con los efectos que la evolución de los precios tienen sobre la línea de pobreza.
Asimismo, desde esta definición de carácter distributivo, debe seguir impulsándose la necesidad de garantizar estrategias que garanticen la universalidad en el acceso a la renta mínima para el conjunto de los hogares, debe enfatizarse la necesidad de defender el derecho de la inclusión de los menores con independencia de la situación ocupacional de sus padres potenciando la instrumentación de una asignación universal por hijo, y debe evitarse la consumación de procesos de fraude laboral, lo cual sólo puede hacerse si se disputa que la asignación de los fondos establecidos por el plan oficial sirvan para fortalecer circuitos de economía popular, estructurados bajo una lógica no mercantil sino de satisfacción de necesidades.