Gara La incertidumbre entre la población que habita la hasta ahora considerada zona de distensión aumenta ante el temor a las represalias que podría tomar el Ejército colombiano y los temidos paramilitares en el área. Entretanto, cuatro personas fueron muertas a tiros en la población de La Macarea.
Resignación, temor y escepticismo se dibujan en el rostro de Adán Polanía, que cree tener 83 años y lleva 60 en la aldea de Los Pozos, con un trocito de tierra que mantiene limpia y cuidada junto a su mujer.
Los bombardeos del Ejército sobre áreas que formaron parte de la concluida zona de distensión y algunas acciones de los pocos guerrilleros de las FARC que se dejan ver han generalizado esa sensación. La población se siente abandonada por «las partes contendientes», en especial por el Gobierno, porque la guerrilla se marchó con la llegada de los militares.
Resignación, porque, salvo unos pocos que decidieron salir de la zona o refugiarse en los municipios grandes, los demás no saben hacia dónde dirigirse, como el viejo campesino. «¿Adónde voy a ir con mi mujer, que es tan viejita como yo?», dice con una sonrisa que deja ver su boca desdentada.
Temor, porque sienten que han quedado en medio de un conflicto en el que durante más de tres años han compartido suelo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ahora piensan que pueden ser objeto de represalias por parte del Ejército y de los temidos paramiliatres.
Esa sensación que provoca en los habitantes de la zona el sobrevuelo de los aviones gubernamentales y los bombardeos, oficialmente dirigidos contra campamentos e infraestructuras de las FARC, y no excesivamente efectivos, porque la guerrilla abandonó a toda prisa sus bases, es explicada por Polanía «como cuando llega una borrasca; uno se agazapa y reza».
El escepticismo ante lo que viene también tiene su reflejo en las palabras de Polanía, que hace sesenta años se vio obligado a desplazarse desde el departamento del Tolima (centro oeste), para huir de la violencia política. «Antes peleaban conservadores y liberales por política, ahora lo hacen por venganza», afirma, y, tras unos segundos de reflexión, concluye: «Dicen que pelean por la Patria, pero esto no es Patria».
En las veredas, caseríos y aldeas de los más de 42.000 kilómetros cuadrados que sirvieron desde finales de 1998 para «negociar en medio del conflicto», y que de hecho se convirtieron en un estado guerrillero dentro del Estado colombiano, la mayoría de la gente asegura tener esa percepción de lo que se avecina y se declara pobre, neutral y pacífica.
Quieren hacer llegar al Gobierno, por medio de los periodistas, esa realidad; que «no somos guerrilleros, ni sus colaboradores, sino gente humilde que busca los recursos para alimentar a su familia, que nos ayude ahora, porque muchas familias, con la salida de la guerrilla, se han quedado sin trabajo».
Lo explica Lucy, de 35 años, líder comunitaria de una aldea de los llanos del Yarí, a dos horas de San Vicente del Caguán, el principal de los cinco municipios que albergaron el diálogo, quien pide que «el Gobierno nos avise si va a bombardear para que nos quedemos en casa; si quieren pelear que lo hagan fuera de las comunidades».
«Que venga la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo», pide Lucy, quien agrega que, como en muchos lugares de la zona, en las casas de su comunidad se han colocado banderas blancas, que se despliegan también en los pocos camiones y automóviles que circulan.
«Un pesar, esta pérdida de plata», a juicio de un carnicero en la aldea de El Triunfo, a cuyas palabras asienten cuatro hombres que trabajaban en la pista entre San Vicente y La Macarena, otro de los municipios que fueron en 1998 despejados.
«Sí, la guerrilla nos contrató para ese trabajo, y ahora somos unas cuarenta familias sin recursos. No colaboramos con la guerrilla; que venga el Gobierno y nos dé empleo, porque a ver qué hacemos ahora», medita uno. «Ahora los que se van a llevar la plata son las funerarias», comentaba un vecino de San José de Caquetania, sobre todo por las represalias que, afirma, espera del Ejército.
Entretanto, la UE condenó ayer el secuestro de la candidadata presidencial Ingrid Betancourt, por parte de las FARC, que al parecer tendrían intención de canjearla por prisioneros del grupo guerrillero. Mientras que la Cruz Roja recuperó tres cadáveres y atendido a cinco heridos, víctimas civiles de los bombardeos iniciales del Ejército colombiano.
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