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Latinoamérica

23 de febrero del 2002
Colombia: Resistencia civil ciudadana contra la guerra

Marlon Carrión C
Servicio Informativo "Alai-amlatina"

Horas antes de que fuerzas militares gubernamentales ingresen a San Vicente del Caguán, considerada la "capital" de la zona de despeje, se hizo público un comunicado oficial de las FARC firmado por sus portavoces en las negociaciones con el gobierno. Mediante este mensaje los rebeldes rompieron el silencio al que se acogieron luego de que el presidente Andrés Pastrana diera por terminado el diálogo. El comunicado de 13 puntos afirma que están dispuestos a dialogar nuevamente con el futuro gobierno, pero entorno a la "Agenda Común para el Cambio hacia una Nueva Colombia", documento suscrito en mayo de 1999 y que fue la base de las negociaciones fallidas. En el documento refutan cada una de las afirmaciones del Presidente Pastrana y que sirvieron de base para que ordene el rompimiento del diálogo. Señalaron que el mandatario uso viejas imágenes, que las pistas de aterrizaje ya existían con licencia de operación de la Aeronáutica y que solo las arreglaron, que no puede ser usado como pretexto para la guerra la construcción de locales comunales. También dijeron que el gobierno deliberadamente ignoró la propuesta de las FARC sobre la sustitución de cultivos ilícitos presentada en la audiencia internacional; y por último, que el arreglo de calles, puentes y carreteras de los municipios de la zona de distensión, y que estaban abandonados por el gobierno central, no son acciones terroristas como lo asegura Pastrana. Mientras tanto, las reacciones de los sectores sociales civiles de Colombia no se han hecho esperar. La Asamblea Permanente por la Paz de Antioquia rechazó la ruptura del diálogo y expresó su temor de que la nueva cruzada militar justifique la violación a los derechos humanos y el incumplimiento de las recomendaciones sobre el caso elaboradas por la ONU. La Asamblea se declara en emergencia humanitaria, invita a la Comunidad Internacional para que se involucre en las tareas de acompañamiento y veeduría humanitaria, principalmente a la población civil de la que fue zona de distensión. Asimismo, llamó a los colombianos a permanecer en resistencia civil ciudadana no violenta contra la legitimación de la guerra. Por su parte el Consejo Regional Indígena del Cauca, reclamó a los grandes medios de comunicación que no divulgan las propuestas y procesos sociales de unidad, que se están desarrollando en varios puntos de Colombia, y que son alternativos a la guerra. En todo caso, dijeron, tampoco promueven los medios la solución política al conflicto y avivan la salida militarista. El Consejo repudió el incremento de las incursiones armadas de las guerrillas, el terrorismo implementado por los paramilitares de extrema derecha y la presencia del Ejército Nacional que actúa como fuerza de ocupación en las zonas rurales del país. El CRIC dijo también que es lamentable que el gobierno implemente el Plan Colombia y la violencia que este genera. Frente a esta situación de recrudecimiento de la violencia, el CRIC reclamó para que a la sociedad civil tenga un espacio de participación real en la búsqueda de soluciones al conflicto, a través de consensos sociales, consultas y concertaciones. Por su parte, el Consejo Nacional Campesino para la Acción Rural, CNC, y el Coordinador Nacional Agrario, CNA, de Colombia, llamaron a los sectores populares y democráticos del país a proseguir en la búsqueda de mecanismos que conduzcan a la solución negociada del actual conflicto. En tanto estos pronunciamientos y propuestas se producen desde la sociedad colombiana, el gobierno ha abierto las puertas a las iniciativas estadounidenses. Bogotá aceptó que Washington envíe repuestos de equipos militares, unos donados y otros a precio preferencial, para su uso en contra de la guerrilla, además de información satelital de inteligencia, "para ganar ventaja estratégica sobre los rebeldes". El portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher, señaló que el presidente George Bush está estudiando otros mecanismos militares y económicos para ayudar al gobierno de Pastrana, aunque adelantó que probablemente el siguiente paso sea el de cambiar la legislación estadounidense que restringe el uso de la asistencia militar entregada para la lucha contra el narcotráfico, y sea usada contra la guerrilla. Finalmente, sectores civiles colombianos denunciaron que la guerra total estaba decidida por el gobierno desde antes del rompimiento del diálogo. Una muestra clara de ello fue que Pastrana irrespeto las 48 horas que había señalado con anterioridad para el desalojo de la guerrilla, y ordenó el inmediato ataque a la zona de despeje del Caguán. Con ello el Presidente evitó una posible nueva mediación de los "países amigos de Colombia", que en enero jugaron un importante papel a favor de la paz. Señalan además que con la guerra se intenta no solamente acabar con la guerrilla a cualquier costo, sino ocultar la profunda crisis por la que atraviesa Colombia, basta recordar que 33 de los 40 millones de colombianas y colombianos están en la pobreza, así como acallar las voces que denuncian los casos de corrupción y saqueo al país programados desde dentro de la presidencia en Bogotá.