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Dirección Nacional de la Corriente de Izquierda
Declaración Política
1) Que este gobierno encabezado por Jorge Batlle y apoyado por el
Partido Nacional ahora desde una coalición reformulada como alianza parlamentaria
que ha llevado al país a una completa catástrofe socioeconómica ha perdido
toda credibilidad política para la mayoría de la población. Así lo confirman,
tanto el clima de protesta e indignación social, como el rechazo que muestran
las encuestas de opinión. Sin embargo, el gobierno continúa adelante con su
"modelo neoliberal", antipopular, antinacional, y antidemocrático, de criminalización
de la pobreza, de penalización de las luchas populares, y de completa subordinación
al imperialismo, los banqueros, y al FMI y el Banco Mundial.
2) Que el precio de la crisis -que se expresa en el derrumbe del conjunto
de la economía, la bancarrota del Estado con su secuela de desocupación, pobreza,
miseria, expropiación de los más elementales derechos humanos, laborales,
jurídicos y democráticos- la seguimos pagando las y los de abajo, trabajadores
públicos y privados, desempleados, jubilados, estudiantes, jóvenes, capas
medias, y pequeños ahorristas. El ataque a las condiciones de vida de la inmensa
mayoría de la población, se hace cada vez más brutal.
3) Que con un gobierno que está liquidando los más elementales derechos
sociales como la salud, la seguridad social, el derecho al trabajo y a la
alimentación, para sostener a un sistema financiero plagado de corruptos y
para el pago puntual de deuda externa, que tiene como objetivo inmediato la
liquidación de las empresas públicas y todo el patrimonio nacional, que en
definitiva le ha declarado la guerra al pueblo, no se puede colaborar,
ni dialogar. Insistir con una política conciliatoria frente a este gobierno,
es dejar por el camino las más elementales necesidades populares. Este gobierno
ha aprovechado el oxígeno que le han dado la "lealtad institucional" del Frente
Amplio, y los repliegues del PIT-CNT, para sortear sin traumas la salida de
los blancos de los ministerios y recomponer la "gobernabilidad".
4) Que no se puede levantar la bandera de la "lealtad institucional"
si no se le inicia un juicio a la Corte Electoral por evitar en forma anticonstitucional
el plebiscito de Antel; si no se le inicia un juicio político al presidente
Batlle por el acuerdo secreto para capitalizar al Banco Comercial en complicidad
con el ex Ministro de economía Alberto Bensión; si no se integran el Tribunal
de Cuentas y la Corte Electoral con representantes de más del 40% de la población;
si se permite el secuestro y la expulsión de un ciudadano vasco por el gobierno
al margen de la ley, al mismo tiempo que se niegan sistemáticamente las extradiciones
de militares torturadores requeridos por la justicia de otros países. No se
pueden dejar las banderas democráticas por el camino en aras de garantizarle
una "gobernabilidad" disfrazada de "lealtad institucional" a un gobierno antipopular,
privatizador y sirviente del capital, un gobierno plagado de corrupción, un
gobierno que apoya, tanto el proyecto recolonizador del ALCA, como la estrategia
guerrerísta de Bush y sus secuaces mafiosos de la industria petrolera-militar
norteamericana.
5) Que las alianzas de la izquierda deben enmarcarse en la necesidad
de superar la dispersión y heterogeneidad que existen en los sectores populares,
para unificar sus luchas y para romper la estrategia saqueadora burguesa-imperialista
que encabeza el gobierno de Jorge Batlle. Una estrategia de organización y
movilización popular que frene el proceso privatizador y la reducción de la
inversión social, que rechace de plano el ALCA, e impida la descomunal transferencia
de riquezas nacionales vía el pago de la deuda externa.
6) Que la salida que viene proponiendo el gobierno para los bancos
suspendidos implica una nueva "socialización de las pérdidas" a través de
la compra por el Banco República de las carteras incobrables y el supuesto
"saneamiento" de un nuevo banco para ser luego entregado al capital transnacional
por migajas como se ha hecho hasta ahora. Este proyecto implica además rebaja
salarial, más de mil trabajadores bancarios despedidos, un duro golpe a la
caja bancaria y la expropiación de innumerables ahorristas. Por ello nos manifestamos
en contra del proyecto del gobierno y por la estatización de la banca,
el levantamiento del secreto bancario y el control de divisas.
7) El movimiento popular desarrolla hoy una nueva batalla antineoliberal.
Las más de 540 mil firmas por ANCAP lo demuestran. En tal sentido, como luchadores
sociales y militantes frenteamplistas, nuestro compromiso continúa siendo
para alcanzar las firmas por el referéndum de ANCAP. Por ello, condenamos
enfáticamente, las declaraciones del senador Alberto Couriel (Vertiente Artiguista)
realizadas al semanario Crónicas Económicas, donde afirma: "yo no firmo,
no junto firmas, no actúo públicamente a favor del referéndum y espero no
tener que votar". Estas declaraciones, no solo colocan al senador en el
campo de quienes defienden las privatizaciones y la entrega del patrimonio
nacional, sino que apuntan a desorganizar la lucha popular.
8) Que ante la "emergencia nacional" en que se encuentran la salud,
y ante la ofensiva privatizadora encabezada por el ministro Varela -envalentonado
con el mal ejemplo del ejecutivo de la IMM que violó el convenio con sus trabajadores-
se ha desatado una brutal ofensiva sobre el gremio médico desconociendo los
contratos y dejando a los sectores más pobres de la sociedad en la más absoluta
orfandad asistencial. Reafirmamos así la necesidad de luchar por un Sistema
Unico Nacional de Salud y el seguro que lo financie con participación
de trabajadores y usuarios, porque la salud no es una mercancía, sino un derecho
humano y democrático básico y esencial.
9) El gobierno nacional, la coalición de gobierno y gran parte de las
direcciones de nuestro FA, se embarcaron en el proyecto de la Comisión para
La Paz.
Nosotros planteamos desde el principio que se trataba de un nuevo intento,
ahora con la participación de la izquierda y de organizaciones de DDHH, de
consolidar la impunidad.
Nos parece que los hechos al día de hoy nos han dado la razón: la Comisión
para La Paz no hizo otra cosa que sostener, como pomposo informe final, lo
que ya todos sabíamos, y, a partir de ahí proponer, como solución final, una
indemnización económica que pretende "tarifar la injusticia".
Creemos que siguen siendo absolutamente justos aquellos planteos que reclaman
conocer la verdad, entendiendo por tal que pasó, en que circunstancias y quienes
son los responsables. Otra cosa es un vergonzoso simulacro de verdad "virtual."
Conocida la verdad "real", se impone la justicia. Para que la misma sea plena,
deberá derogarse la ley de impunidad, conseguida sobre la base del miedo y
el chantaje.
10) Que afirmamos una vez mas nuestro apoyo a los trabajadores municipales
en lucha por el cumplimiento de un convenio libremente firmado por la administración
de la IMM. Afirmamos, también, nuestra solidaridad con los municipales presos
por luchar. Agotaremos, así mismo, todos los recursos políticos para llamar
a responsabilidad a los integrantes del Ejecutivo comunal eventualmente involucrados
en este proceso represivo.
11) Reafirmamos nuestro compromiso con la Ley de Iniciativa Popular,
como herramienta política que nos permita junto al movimiento popular levantar
una propuesta de soluciones que no pueda ser bloqueada por el sistema político
unificar las luchas y revertir la dispersión del campo popular
12) Continuamos reivindicando que a este gobierno se le terminaron
todos los plazos en la medida que ya no tiene ninguna legitimidad política,
ni social, ni moral y así lo manifiestan las encuestas de popularidad, las
que plantean que más del 70 % está en contra de la gestión del mismo. La única
posibilidad de lograr las soluciones populares para el pueblo y el país, pasa
por la derrota del gobierno de Batlle y la coalición neoliberal,
hoy realizada a través del Parlamento entre el Partido Colorado y Nacional.
La misma se logrará sólo por la movilización popular creciente y unificada,
que logre el alejamiento del actual gobierno y la convocatoria a elecciones
nacionales anticipadas e inmediatas.
Montevideo, 7 de diciembre 2002
