Latinoamérica

Íñigo Herráiz
Agencia de Información Solidaria

A Mauro Romero, la última protesta sindical le costó una pierna. Trabajador ecuatoriano de 26 años, formaba parte de un grupo de empleados bananeros de la hacienda Los Álamos, que en mayo de este año promovieron una huelga en respuesta al despido de un centenar de compañeros que organizaron un sindicato. Romero resultó herido junto a otros doce compañeros cuando, nueve días después de iniciado el paro, 200 hombres armados irrumpieron en las plantaciones para disolver la huelga a balazos.
Sucesos como éste le han valido a Ecuador figurar entre los cinco países del mundo donde se cometen las más graves violaciones de los derechos sindicales, según el último informe del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una distinción a la que han contribuido unos ínfimos niveles de sindicalización y unas leyes laborales que no cumplen con las mínimas exigencias de la legislación internacional. Sobre esta base, productores y exportadores, han hecho de Ecuador el primer exportador mundial de bananos.
Frente a otros países competidores como Colombia, Panamá y Guatemala, el mayor atractivo de Ecuador reside en su falta de sindicatos: un exiguo 1% de los trabajadores ecuatorianos es miembro de alguna organización sindical. En Colombia y Panamá el índice de sindicalización es cercano al 90%, y en Guatemala se sitúa en torno al 40%. Sólo Costa Rica, otro importante competidor, se acerca a los niveles ecuatorianos con un 6% de afiliación sindical.
Los trabajadores ecuatorianos no se organizan por miedo a represalias, y su falta de organización se convierte en garantía de vigencia para unas leyes laborales impropias de un régimen democrático. Los trabajadores tienen derecho a organizarse y, aunque no figure expresamente como tal en el Código de Trabajo, el mismo derecho tiene el empresario a despedirlos. La legislación ecuatoriana no exige la readmisión de un trabajador despedido por sus actividades sindicales, sólo el pago de una pequeña multa no superior a 400 dólares. El despido se convierte así en la respuesta más cómoda y habitual a la organización sindical.
Las irregularidades y ambigüedades de la legislación laboral han permitido la aparición en Ecuador de un trabajador de nuevo cuño: el "permanentemente eventual", que encadena contratos temporales durante años. Este campeón de la precariedad, ni tan siquiera goza de las escasas garantías por despido antisindical de las que dispone un trabajador permanente. El "permanentemente eventual" sindicalizado no sería despedido, sería, técnicamente, no recontratado.
El panorama laboral es tan desolador en Ecuador que la campaña sindical que precedió a la huelga en Los Álamos representa un hito en la historia reciente del sindicalismo ecuatoriano. Después de cinco años de inactividad sindical, en abril de este año, 1.400 trabajadores organizaron un sindicato en siete plantaciones. No exigían sino el cumplimiento de sus derechos legítimos recogidos en la legislación. La respuesta de la compañía no se hizo esperar: despido inmediato para ciento veinticuatro trabajadores y no recontratar a eventuales. Después vendría la huelga en respuesta a los despidos, y la intervención de los "paramilitares" para disolverla.
En circunstancias normales es probable que este suceso no hubiera trascendido, pero el escándalo salpicó a uno de los candidatos a las elecciones presidenciales de Ecuador. Los Álamos pertenece a la compañía Bonita Banana, propiedad de Álvaro Noboa, que entonces aspiraba a vencer en los comicios, por delante del ahora presidente electo Lucio Gutiérrez. Noboa trató de presentar lo sucedido como parte de una campaña para desprestigiar su candidatura presidencial. Al más puro estilo "bananero", organizó una fiesta en su hacienda e invitó a la prensa para que comprobara como en sus propiedades se trabajaba en paz. Incluso contrató un espacio de televisión para difundir imágenes de la fiesta con testimonios de campesinos complacientes. El pasado mes de Octubre concluyó la investigación sobre el asalto a Los Álamos, con dieciséis de los invasores condenados, pero sin aclarar quién les instigó y financió. Noboa salió impune.
Ese mismo mes recibió, sin embargo, el castigo de la ciudadanía en las urnas. El nuevo presidente Lucio Gutiérrez, que ha adquirido grandes compromisos con su pueblo, se enfrenta ahora al reto de llevar a cabo una reforma a fondo de la legislación laboral que garantice a los trabajadores el ejercicio de sus derechos. Tarea que se antoja complicada frente a la presión de las grandes compañía exportadoras (Bonita, Dole, Chiquita, Del Monte, La Favorita) que se reparten el mercado mundial y que encuentran en la endeble legislación ecuatoriana una importante ventaja.