Latinoamérica

Alpher Rojas Carvajal
Rebelión

Desde hace algo más de una década la América Latina se ha visto sometida a fuertes presiones por parte de los organismos multilaterales de 'desarrollo', para reformar la justicia, de manera que esta institución se convierta en un espacio que permita la libre expansión de la globalización económica y el control de los recursos y mercados de la región.
Obvio es decir, que estos intereses generalmente subvierten postulados democráticos, culturales y tradiciones de los países identificados por sus altos potenciales de mano de obra, de espacio radioeléctrico, faunas, biomasas y subsuelos de gran riqueza hídrica y minera, como Colombia.
Los investigadores y analistas que de manera periódica solemos rastrear las dinámicas del modelo neoconservador conocemos documentos Top Secret del Banco Mundial, en los que se ordena a los gobiernos del hemisferio establecer rápidamente modificaciones esenciales a la estructura de los aparatos judiciales y a la propia concepción filosófica del sistema, de modo que pueda 'fortalecerse el componente de eficacia', útil a los intereses mercantiles multinacionales. Naturalmente esta estrategia 'gerencial' va en desmedro del concepto garantista, contemplado por las nuevas tendencias del derecho como gran referente simbólico de las sociedades democráticas para proteger y promover la dignidad y la integridad de las personas y los bienes colectivos.
El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, en su más reciente obra La globalización del derecho, advierte que simultáneamente con la gobalización, se está produciendo el nacimiento de un nuevo tipo de derecho, que regula las políticas del mercado -¡para favorecerlo!-, por ejemplo, para producir espacios de desregulación financiera, de flexibilización laboral, de desmontes arancelarios y de subsidios, para criminalizar la protesta social, facilitar la ampliación de fronteras agrícolas, la explotación indiscriminada de recursos naturales y la concesión de ilimitadas garantías contractuales a la inversión extranjera. En fin, 'toda una trama normativa' que estaría creando un universo jurídico neoconservador.
Si me he remontado a elucubraciones universales para explicar la presión del modelo económico sobre el sistema de justicia, es para hablar aquí de cómo el actual Fiscal General de Colombia -cuya esposa trabaja para el poderoso grupo económico denominado 'Sindicato antioqueño'-, ha entendido perfectamente su papel de muñeco de ventrílocuo de intereses lesivos de la soberanía nacional. Las probadas acusaciones que organismos tan respetables como Human Rights Watch (HRW) relacionadas con impunidad y parcialidad judiciales y arbitrariedad administrativa en la Fiscalía, explican a cabalidad el sutil y a veces abierto amparo judicial que Osorio les ha dado a militares en ejercicio, a violadores de los derechos humanos, v. y gr, caso del general Rito Alejo del Río, y a quienes atentaron contra la vida del líder sindical Wilson Borja, como a reconocidos paramilitares y bandidos de cuello blanco.
Las extrañas circunstancias en que opera el Fiscal General, tienen fundamento en el hecho de que los individuos favorecidos por sus decisiones, además de representar la punta de lanza de las políticas guerreristas y contrainsurgentes del establecimiento, tienen a su cargo la tarea - esencial para el neocapitalismo- de prestar 'el servicio' de seguridad a los megaproyectos económicos transnacionales - principalmente norteamericanos- y a los latifundios ganaderos y mafiosos, cuyas avanzadas representan miseria, despojo y masacres para humildes familias colombianas. Masacres y despojos que la particular concepción de justicia del Fiscal General encuentra como producto natural de la violencia que azota al país, para socializar la culpa y absolver a los victimarios individuales, como lo ha hecho al limpiar el prontuario escabroso del ex ministro Carlos Arturo Marulanda, depravado malandrín, jefe de una banda paramilitar que se apropió a sangre y fuego de las mejoras y parcelas de los campesinos, desalojó a más de 1.500 de ellos y asesinó a 36.
Al paralizar investigaciones, destituir y trasladar fiscales que se encaminaban a dictar medidas de aseguramiento contra militares involucrados en masacres y sus compinches de las AUC, como lo ha documentado en su riguroso informe HRW, el Fiscal pastrano-uribista está siendo leal a un postulado neofascista de defensa de los intereses privados transnacionales al irrisorio precio de cerrar los ojos y los oídos frente a crímenes y atropellos contra los pobres de Colombia y los defensores de los derechos humanos. Pero como dice su amigo y jefe Álvaro Uribe Vélez, 'es mejor que me tilden de arbitrario y no de débil'.
* Alpher Rojas Carvajal es Analista político e investigador social