A la opinión pública nacional e internacional.

Quieren eliminar el Saneamiento Agrario para garantizar el producto de sus fraudes mediante la violencia de terratenientes e ilegales contra campesinos e indígenas A un año de la masacre de Pananty, donde sicarios contratados por los acaparadores de tierras en la región del Chaco Boliviano asesinaron a tiros a 6 campesinos y dejaron heridos a otros 20 pertenecientes a comunidades sin tierra, y, en respuesta a la acción, el comandante de los sicarios fue muerto a golpes por los campesinos atacados, ha salido el pronunciamiento de la justicia: Los campesinos sobrevivientes de la masacre, han sido condenados a 8 años de cárcel, mientras que los sicarios han sido condenados a sólo 3 años, con derecho a excarcelación por haber cometido "homicidio en riña" de los 6 campesinos asesinados con disparos certeros al corazón.
Estas sentencias son la mejor muestra de cómo se aplican los derechos de los campesinos, indígenas y de los más pobres del país, porque en Bolivia sólo tienen derecho los gamonales que durante siglos han usurpado las riquezas del país y mediante fraudes se han apropiado de las tierras que nos pertenecen a campesinos y originarios.
Amparados en esta muestra de impunidad, los delincuentes, avasalladores y traficantes de tierras, nuevamente arremeten contra campesinos e indígenas, con la complicidad de las autoridades del Estado. Al amanecer del lunes 18 de noviembre, en Yapacaní, un propietario en conflicto por la tierra de un sindicato campesino, organizó y movilizó a sus matones quienes, encapuchados y con armas fueron a la caza de los dirigentes, y "por equivocación" asesinaron a Luciano Jaldín, campesino de 20 años de una comunidad vecina. Otro campesino se encuentra desaparecido.
El día 14 de noviembre, Ángel Paz, ex subprefecto de la Provincia Sara, para acaparar tierras agrícolas del asentamiento campesino Sindicato Agrario Nueva Jerusalem, dispuso de 10 matones para que destruyeran las viviendas campesinas y quemaran los restos, todo con el apoyo de la policía. Los campesinos que se encontraban replegados en una comunidad vecina, retuvieron a cuatro policías en una de las aulas de la escuela para presionar la llegada del Subprefecto y el retorno a sus hogares.
Hoy los campesinos víctimas del avasallamiento y destrucción de sus viviendas y cultivos son detenidos bajo el cargo de secuestro, mientras el Subprefecto ejerce tranquilo sus funciones y se alista para apropiar las tierras campesinas.
Todos los anteriores conflictos tienen origen en la ineficiencia y la corrupción de la institución del Estado encargada del saneamiento de la propiedad agraria. Desde hace 6 años cuando se aprobó la Ley 1715, el INRA tiene la obligación de realizar el saneamiento en todas las tierras rurales del país para revertir tierras ociosas, eliminar las propiedades adquiridas mediante fraude, confirmar las propiedades que cumplen la función económica y social, y dotar tierras a indígenas y campesinos. En lugar de cumplir su mandato, el INRA se ha dedicado a legalizar a avasalladores, traficantes y latifundistas ociosos, a obstaculizar la dotación de tierras indígenas y negar la dotación a campesinos.
Prueba de lo anterior es lo sucedido en el caso del territorio indígena de Monte Verde, cuyo saneamiento lleva cinco años, y hasta el día de hoy el INRA se niega a darle culminación para emitir los títulos que le corresponden al pueblo indígena chiquitano. El día lunes 18 de noviembre, a última hora, unilateralmente y sin ninguna justificación legal, esta institución suspendió los trámites para concluir el proceso de Monte Verde, bajo el pretexto de que los agropecuarios no están de acuerdo con los resultados del proceso por el que se deben desalojar a más de 70 falsos ganaderos para titular las tierras que históricamente le pertenecen a más de 90 comunidades indígenas. La CIDOB, en colaboración con los agropecuarios y los terceros ilegales en Monte Verde, respaldó la solicitud de paralización del saneamiento siendo que esta organización no representa al pueblo chiquitano.
No satisfechos con lo anterior, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), que ampara a gran parte de los avasalladores de tierras indígenas y campesinas, realizó al día siguiente una clausura simbólica del INRA, exigiendo que el saneamiento sea suspendido definitivamente.
Los ganaderos se oponen a que se cumpla la Ley porque ellos no están acostumbrados a vivir en democracia, ellos quieren dictadura porque en dictadura se hicieron ricos con fraudes y corrupción y en democracia deberían ponerse límites para que haya justicia y equidad para todos los bolivianos.
La Federación de Ganaderos, la Cámara Agropecuaria del Oriente y los Comités Cívicos que dicen defender la tierra y la legalidad, sólo están encubriendo a los delincuentes que se amparan en sus instituciones para mantener el producto de sus fraudes, de la corrupción y de la expropiación a indígenas y campesinos. La violencia que ejercen contra campesinos, que ha cobrado varias víctimas en el último año, busca generar un clima de tensión que justifique medidas represivas de parte del Gobierno, y darle vía libre a la aprobación de las medidas que proponen para quedarse definitivamente con todas las tierras agrícolas, forestales y ganaderas del país, dejando a una inmensa población de indígenas y campesinos sin tierras como peones de sus haciendas ilegales e improductivas.
DENUNCIAMOS 1. Al Instituto Nacional de Reforma Agraria y su Director Nacional, René Salomón Vargas, como culpable de la violencia que se ejerce contra indígenas y campesinos, por la parcialidad, ineficiencia y corrupción con la que ejecuta el saneamiento de la propiedad agraria.
2. Al Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, Guillermo Justiniano, que pretende eliminar el cumplimiento de la función económico social de la propiedad agraria y aumentar la carga animal para propiedades ganaderas, para garantizar a sus amigos "agropecuarios" la apropiación de todas las tierras ociosas adquiridas mediante fraude durante los años de las dictaduras y, con ello, eliminar la finalidad de la reforma agraria.
3. Al Gobierno nacional y departamental que protegen y encubren a los traficantes de tierras y disponen de la fuerza pública para garantizar las mayores violaciones a los derechos indígenas y campesinos.
4. A la justicia que absuelve a los asesinos de las masacre de Pananty y condena a los campesinos sobrevivientes de la misma.
5. A los terratenientes, traficantes y avasalladores de tierras indígenas y campesinas, que apoyados y encubiertos por organizaciones gremiales, cívicas y por el aparato estatal, nuevamente tiñen de sangre los derechos indígenas y campesinos y con el fin de eliminar nuestro derecho a la propiedad agraria.

Santa Cruz de la Sierra, 20 de noviembre de 2002 Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz - FSUTC-SC; Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz - CEPESC y Movimiento de los Trabajadores sin Tierra - MST