Ileana Alamilla
Incidencia Democrática

Entre los acontecimientos mas Importantes de esta semana en Guatemala, está la instalación de la primera fase del Tribunal contra el Racismo.
Guatemala, país multiétnico y pluricultural, tiene en su historia la vergüenza de una tradición de discriminación y exclusión a los distintos grupos étnicos, de parte de los grupos mestizos dominantes.
Los distintos gobiernos, asumiendo posiciones ideológicas y políticas acordes a sus intereses, han ejecutado políticas de asimilación de los indígenas a la cultura ladina.
En este país multicolor, cuya riqueza radica precisamente en la diversidad, el aporte cultural, social, económico y en las mismas tradiciones de las mayorías excluidas, los que ejercen la dominación en distintas esferas, han despreciado estos valores y han estigmatizado a los indígenas.
En Guatemala, ser pobre es malo, pero no tan malo como ser indio. El peor insulto que se puede recibir es la comparación con un indígena. Los chistes, las burlas, los refranes reproducen esa cultura racista, que para infortunio, los guatemaltecos y las guatemaltecas lo hemos recibido en los hogares.
Pero los tiempo van cambiando. Durante el proceso de negociación para la terminación del conflicto armado por la vía del diálogo, la visión de la insurgencia de abordar esta temática y la aceptación del gobierno y del ejército de discutirla, me parece que es uno de los grandes aportes históricos de las partes .
El Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, uno de los mas discutidos y de gran contenido humano y político, en sus considerandos reconoce que los pueblos indígenas han sido sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua y que, como muchos otros sectores de la colectividad, padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social.
El reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos, dice el Acuerdo.
La lucha contra la discriminación legal y de hecho es el primer aspecto que aborda el compromiso y plantea, a partir del concurso de todos, la transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos y que comienza por el reconocimiento de la realidad de discriminación racial existente.
El análisis de esa realidad se traduce en compromisos, que se establecen en distintos planos, el primero, el legal que exige la tipificación de la discriminación étnica como delito y luego en la divulgación de los derechos de los pueblos indígenas.
En ese valioso documento encontramos muchos elementos para la reflexión y para ir sentando las bases de solución a tan aberrante práctica. Varios años han pasado desde que se firmó el acuerdo y muchas cosas se han ido transformando.
En el Teatro de Cámara del Centro Cultura Miguel Ángel Asturias, sobrevivientes de masacres presentaron su testimonio sobre la forma brutal en que les violaron sus derechos humanos.
En la década de los 80, el ejército y los grupos paramilitares, haciendo gala de un trato inhumano y con gran prepotencia, persiguieron a los campesinos, los torturaron y masacraron, acusándolos de pertenecer a la guerrilla, según narraron los valientes testigos que acudieron al rescate de su dignidad y de aquellos que perdieron la vida a manos de tan despreciables criminales.
Los denunciantes, sobrevivientes de algunas masacres, aseguran que esos crímenes son una muestra de que la discriminación racial fue institucionalizada, ya que las víctimas fueron las poblaciones étnicas del país.
Otros de los casos presentados fueron los de dos enfermeras de un centro de salud a quienes las autoridades les impidieron laborar con el traje indígena, el de la Antropóloga Irma Alicia Velásquez a quien no dejaron ingresar a un restaurante y el de las estudiantes de Derecho de una universidad quienes fueron reprobadas de una práctica profesional supervisada por el mismo motivo.
Éstos son algunos de los miles de casos de discriminación étnica. No podemos seguirlos ignorando. Hay un urgente reclamo de justicia; la sociedad y los gobernantes, tienen que responder a este legítimo derecho.
El Tribunal instalado busca concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre ese fenómeno. No habrán fallos, únicamente se escuchará a las víctimas y se sacarán conclusiones, pero ya el camino está iniciado. Nunca más podremos negar que ésta ha sido y es una sociedad racista.
Hemos cometido muchos errores como conglomerado, unos por acción, otros por omisión. El estado cometió múltiples crímenes, algunos de lesa humanidad. Es hora de rectificar y de abonar a esa gran deuda social que tenemos.
La solución no es la venganza, la solución pasa por la justicia y el reconocimiento de lo actuado. Se debe visibilizar el problema, como dice el reconocido académico Álvaro Pop. No se trata de victimizar al indígena y culpabilizar al ladino.
Si asumimos la existencia de la discriminación, esto va a posibilitar la construcción de una nueva nación. La Misión de Verificación de Naciones Unidas de los Acuerdos de Paz, MINUGUA recomendó al estado la creación de mecanismos jurisdiccionales para impedir la reproducción de actos antidemocráticos, como la discriminación racial.
Los y las guatemaltecas merecemos una oportunidad para reivindicarnos ante tanta injusticia cometida contra nuestros hermanos y hermanas. Será un tributo a las víctimas y un digno legado a nuestros descendientes.